Mucho se ha hablado (aunque seguramente no lo suficiente) sobre acoso sexual en el Congreso, o por parte de personas que han sido recientemente nombradas por el gobierno de Gustavo Petro.
Un solo caso sería suficiente para que se diera un pronunciamiento y, sobre todo, una reacción de parte del Ejecutivo, rechazando este tipo de conductas violentas y exigiendo investigaciones de fondo que transmitan a las víctimas el mensaje de que no están solas y a quienes son acusados que no pueden seguir abusando de su poder.
La última gran ola de democratización en cabeza de las feministas puso de presente que el cuerpo no es simplemente una realidad biológica sino un lugar político; el cuerpo, como territorio, se configura como elemento central donde se pueden reproducir desigualdades.
Lo que los gobiernos, las burocracias o los sectores sociales hacen (o dejan de hacer) sobre ciertos cuerpos, puede reafirmar subordinaciones y asimetrías de poder que no riman con democracia. Es decir: guardar silencio, trivializar o aplaudir ejercicios de poder sobre cuerpos es una cuestión política injusta y revictimizante. Los cuerpos femeninos o feminizados (LGBT+) vienen históricamente de sufrir violencias simbólicas y físicas que se encargan, cada vez que son ejercidas, de refrendar su subordinación (ser consideradas menos humanas, menos ciudadanas, menos titulares de derechos que quienes se favorecen de las asimetrías de poder).
No todo flirteo ni todo coqueteo ni todo vínculo erótico o sexual es un acto violento;
el argumento no es ese pues sería moralista y puritano. Pero sí llama la atención cuando algunos hombres dicen que ya no saben cómo actuar y no saben diferenciar cuándo el flirteo traspasa la raya y se convierte en ofensa. Porque cuando un varón se encuentra con una mujer en una relación donde él ocupa una posición de poder y autoridad, y empieza, en el mejor de los casos, a pretenderla, en el peor a chantajearla, se configura una circunstancia que introduce el factor poder y subordinación en la ecuación, que es fácil de ver.
Relaciones de poder hay muchas: un profesor frente a sus estudiantes; un jefe frente a sus empleados; un oficial frente a sus subordinados; un juez frente a quienes trabajan en su despacho…
Cuando el hombre en situación de poder saca provecho de sus privilegios y presiona a una mujer hasta lograr tener relaciones sexuales, se configura un delito.
Frente a estos actos, el silencio y la complacencia no son tolerables. Pero esto es lo que muchos gobiernos e instituciones hacen y con ello se vuelven cómplices de situaciones antidemocráticas que ofenden la dignidad de las mujeres.
Es cierto que también existen mujeres que acusan falsamente a hombres inocentes, por razones de todo tipo, lo que no solo es absolutamente infame sino que, además, torpedean con ello las luchas feministas y la búsqueda de justicia para quienes han sido realmente victimizadas; hay también las que extorsionan con los hijos y abusan psicológicamente de los hombres pero, seamos sinceros, la historia nos demuestra que quienes han tenido el poder no somos nosotras y, por ello, los casos son significativamente menores a los de los hombres frente a las mujeres abusadas.
Es recién en los últimos años, y gracias a las luchas feministas, que se ha empezado a entender la necesidad de visibilizar, rechazar y sancionar este tipo de abusos en las relaciones de poder, para la construcción de sociedades más armónicas y justas. Posiblemente es por esto que muchos hombres buscan cancelar y denigrar a quienes lo hacen llamándolas “feminazis” y utilizando insultos de todo tipo.
Acceder a un cuerpo femenino a través de una posición de poder configura una situación política que tiene que ser atendida inmediatamente y debe ser prevenida a través de reformas de los códigos penales y de la educación: de jueces y fiscales, de la fuerza pública, la educación desde los primeros años de colegio, en los medios, etc., para poder pensar a Colombia como un país democrático.
