El sábado pasado, la revista Semana publicó un supuesto escándalo de “contratación”entre el Teatro Petra y la Justicia Especial para la Paz (JEP), por el pago de un ejercicio de creación colectiva que incluyó, además del montaje de la obra Mantener el juicio, pensar con magistradas, funcionarios y contratistas cómo podía hablarse, a través del teatro, del horror que han vivido no solo las víctimas, y producido los comparecientes, sino también trabajadores como ellas y ellos que han debido asumir el costo de servir a una justicia estigmatizada por la ultraderecha y algunos sectores que consideran que su labor es espuria.
Mantener el juicio hace parte, sin duda, de una reflexión mucho más amplia y de largo aliento que han hecho, desde el Teatro Petra, Fabio Rubiano y Marcela Valencia, acompañados por actores como Julián Román. Desde 1985, es decir, desde hace cuatro décadas, en esta pequeña compañía, que con mucho esfuerzo hoy tiene una sede en Teusaquillo, han sucedido las más estimulantes y provocadoras obras del teatro colombiano de nuestro tiempo, que representan las paradojas de la justicia en el país, la contradicción de quienes ostentan el poder en Colombia y el hórrido fondo moral de los victimarios, como ocurre en Labio de liebre, Historia de una oveja, Mosca o Sara dice, o Perderse, por nombrar algunas.
Es tan magra y burda la oposición al progresismo en Colombia, que su programa ha consistido, en estos dos años largos, en cazar en el portal Secop, contratos de artistas, influenciadores o periodistas con el Estado, para demostrar que hay algo opaco en ese mundo de seres detestables, feos, malvestidos y depravados que son los precarios argumentos ad hominem contra los progresistas por parte de una derecha arribista, acostumbrada a hacer sus planes de vida en clubes sociales, colegios y universidades privadas que constituyen círculos sociales de poder que hoy, sin duda, se han agrietado por cuenta de la llegada de Gustavo Petro y Francia Márquez al poder.
Relata Semana, con gran aspaviento, y un montaje fotográfico, cual organigrama criminal, en el que pone de fondo el edificio de la calle 64 con carrera Séptima en Bogotá, y sobre este las fotos de Marcela Valencia, Fabio Rubiano y Julián Román, que la JEP le dio un contrato a “reconocidos actores petristas para exaltar la labor del tribunal”. El convenio, que es apenas normal, tiene un monto de 441.805.000 pesos: Petra aporta mucho más que la JEP, esto es, 244.000.000 pesos. Y esto, no la pauta y los millones de pesos que ningún medio de comunicación privado licita en Colombia, le parece un escándalo a Semana: ojalá que quien redacta y edita sepa cuál es la situación de los artistas en el país y no se dé cuenta de su lugar como rastacuerista al servicio de un poder que ya no es el cuarto, sino que, en el caso de quienes así actúan, es de quinta.
En Colombia se convirtió en un anatema ser de izquierda y progresista. Los actores, gestores, artistas, músicos o quienes provenimos de las artes y saberes del país, que osemos decirlo, seremos castigados por el solo hecho de agenciar una posición ideológica. A mí, por ejemplo, cuando edité Una vida, muchas vidas, el libro de Gustavo Petro, me hicieron un escándalo algunos de los gerentes editoriales cuando se organizó una firma de su obra en la Feria del Libro de Bogotá de 2022. Se nos acusó de proselitismo político y de hacer un motín en la feria por la gran cantidad de gente que esperaba al entonces candidato. Fue necesario recordarles a todos esos hombres que abogaban por valores que jamás han conservado, como la objetividad, que en las elecciones anteriores se habían pavoneado por la feria los candidatos Germán Vargas Lleras y Sergio Fajardo, a quienes también se les habían editado libros.
El plan de la ultraderecha, y de cierta derecha neoliberal, es utilizar argumentos morales que ellos conocen bien, porque saben que quien no se someta a sus cláusulas tácitas será castigado. A quienes organizaron el sindicato de actores, ACA, no los volvieron a contratar en los canales privados; a quien escribió en contra del banquero dueño del medio, le quitaron su columna de opinión; a quien le cantó la tabla al monopolio de la distribución del cine en Colombia, lo cancelaron; a Arcadia, una revista que dirigí durante cuatro años, el Ministerio de Cultura la castigó quitándole la pauta: hoy, han llegado al cinismo de decir que quien escribe, piensa o defiende el inexorable cambio que vivimos —con lo bueno, lo malo y lo terrible que hay que asumir— y la lucha por la conquista de los derechos sociales, las reivindicaciones feministas, la defensa de las culturas diversas y el ambientalismo, entre otras, es corrupto o se lucra de la “teta del Estado” (un término que merece un psicoanálisis sobre nuestra cultura patriarcal). Dicen que con la vara que mides serás medido: hoy lo hacen las élites —o sus servidores— con afectado histrionismo. No leí yo sobre ningún escándalo cuando escritores, artistas y gestores apoyamos la paz del gobierno Santos, en esos medios.
Hoy hay que mantener el juicio y, como les gritaba el artista Antonio Caro a los escandalizados biempensantes de la ciudad (i)letrada: “defender nuestro talento”. Ellos estarán siempre dispuestos a propinar el castigo. Son la impronta colonial de nuestra sociedad.
