El primer semestre de 2023 será el más importante para el gobierno de Gustavo Petro. Será el momento de hacer ley su legado y darle dientes al rol transformador que ha invocado desde que se lanzó por primera vez a la presidencia. El presidente está convencido de que Colombia “debe superar el neoliberalismo” para que el bienestar y la paz lleguen a las familias. Ese, intuyo, será el test de éxito que se ha impuesto.
Para hacerlo se debe derogar la Ley 100 y que las pensiones y la salud sean administradas casi todas por el Estado. El plan es ambicioso, pero no es todo. Van por todo. En estos meses definitivos han decidido proyectar un plan legislativo de una dimensión que no tiene antecedentes en la historia de la Constitución de 1991. Del 6 de febrero a junio el Gobierno pretende aprobar el Plan Nacional de Desarrollo, reforma a la salud, reforma política, reforma pensional, reforma laboral, nuevo código minero, nuevo código electoral, prohibición del fracking, prohibición de corrida de toros, entre otros proyectos.
La magnitud de estos proyectos supone casi un rediseño del país. Más que una agenda reformadora, me suena a un plan refundacional. Están en su derecho, con esas promesas la mayoría les levantó el pulgar en las elecciones. Pero estamos otras voces para señalar que pretender socializar, discutir y aprobar semejantes reformas en cuatro meses es una barbaridad.
Recordemos el tiempo, tensión y desgaste que trajeron las últimas dos reformas tributarias (Carrasquilla y Ocampo) que, sin ser reformas estructurales sino meros parches fiscales, dividieron las aguas a niveles poco sanos. Ahora, pensemos lo que sería embutir cinco súper reformas y el PND en cinco meses. Una irresponsabilidad.
Más que por el peligro de “calentar las calles” y revolver el humor social, no hay capacidad ni tiempo para que los congresistas y sus UTL, los medios y la sociedad civil revisen y discutan como corresponde, reformas de tal calado. No hay manera. Habrá semanas en que el PND, la reforma a la salud y la laboral se pisarán los pies. En reformas que involucran a todas las empresas y personas, el poder político debe necesariamente involucrar a expertos y gremios. Casi que darles una suerte de curules invisibles para que participen. Es demasiado lo que se juega.
Pero el Gobierno parece que ha preparado con cuidado este semestre y está dispuesto a quemar las naves en cuatro meses. La intención de comprimir tanto en tan poco tiempo quizás tendrá que ver con la dificultad de organizar las filas oficialistas en plena campaña por las regionales, y porque en el segundo semestre sentiremos los días más crudos del frenazo económico que se viene.
Por bien que nos vaya, la inflación interanual en diciembre estará, según los cálculos, en el 8 por ciento y los pronósticos del Banco de la República ya van coqueteando con la recesión. Será un semestre durísimo. En ese contexto tener el cariño de aquellos congresistas que se venden por un Chocoramo y que sin ellos no habrá reformas es muy arriesgado. Por eso, han estimado que la refundación de la nación debe hacerse de febrero a junio. Roy Barreras tendrá que sacar su mejor versión para que toda la bancada del Gobierno toque disciplinada y afinada la música oficialista.
Será difícil porque sin textos ya hay congresistas propios que no acompañarán algunos proyectos y la oposición también es consciente de que lo que se viene en el Congreso es la madre de las batallas. Se define literalmente el rumbo del país. Usarán la calle y la agitación como el Gobierno bien supo enseñarles en 2021.
