Cuando pensábamos que Daniel Ortega era el campeón indiscutible del despotismo y la injusticia, le ha surgido en Guatemala un competidor formidable. Este nuevo adalid de la arbitrariedad en Centroamérica hace hoy grandes y ruidosos esfuerzos para disputarle el primer lugar en el liderazgo de las causas antidemocráticas. Se trata de Alejandro Giammattei, un gobernante de derecha, defensor de la pena de muerte que lleva una sórdida contabilidad de favores y agravios. Esto lo ha conducido a establecer como presidente de aquel país un campo de actuación política en el que no hay divisiones notorias entre la justicia estatal y la simple y ordinaria venganza.
Su actuación más resonante fue la de haber dirigido la Operación Pavo Real cuando se desempeñaba como jefe del sistema penitenciario de Guatemala. Los hechos ocurrieron el 25 de septiembre de 2006 cuando un grupo de reclusos de la granja penal de Pavón se amotinó y fue reprimido por una fuerza policial conformada por unos 3.000 efectivos. La operación duró solo una hora y media y el resultado fue de siete reclusos muertos. Giammattei fue aclamado como un héroe. Su figura comenzó a asociarse con una noción de autoridad firme que no vacilaba ante la delincuencia. Para muchos guatemaltecos este hombre bien merecía aspirar a la presidencia de su país.
Lo sucedido en la Operación Pavo Real tomó otro rumbo cuando las Naciones Unidas y el Gobierno de ese país centroamericano firmaron el Acuerdo relativo a la creación de una Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el 12 de diciembre de 2006. A finales de septiembre de 2013, el jurista colombiano Iván Velásquez, hoy ministro de Defensa, fue designado como comisionado de la CICIG. Uno de los objetivos de este organismo era el de “investigar la existencia de cuerpos ilegales de seguridad y aparatos clandestinos que cometen delitos que afectan a los derechos humanos fundamentales de los ciudadanos de Guatemala”. Cuando la Comisión investigó estos hechos se descubrió que la citada operación había servido para realizar ejecuciones extrajudiciales. Aparecieron evidencias fotográficas de reclusos que habían sido detenidos con vida y que luego aparecieron entre los cadáveres con señales de tortura en sus cuerpos. Como consecuencia de esta investigación el hoy presidente de Guatemala estuvo detenido durante diez meses. Su proceso fue cerrado por Patricia Flores, una juez reiteradamente cuestionada.
En enero de 2020 Alejandro Giammattei asumió la presidencia de Guatemala. Desde entonces ha desatado una feroz persecución contra periodistas libres y contra aquellos funcionarios judiciales que se han caracterizado como luchadores contra la corrupción. Uno de sus blancos predilectos han sido los miembros o colaboradores de la CICIG. Pronto designó como fiscal general a Consuelo Porras, quien fue señalada por corrupción por el gobierno de Estados Unidos. El pintoresco fiscal Rafael Curruchiche, que investiga al ministro Iván Velásquez, fue sancionado por el gobierno norteamericano al ser incluido en la lista de personas que rompen la democracia o cometen actos de corrupción.
Las arbitrarias decisiones de la justicia guatemalteca preocupan a varios gobiernos del continente y a la propia ONU. Sus actuaciones no parecen basadas en procedimientos civilizados del derecho. Ellas se asemejan a actos de venganzas bilaterales que se realizan a través de órganos judiciales domesticados, no regulados ni limitados por normas ni por garantías.
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