Una peluqueada en Colombia vale entre 50.000 y 70.000 pesos en un sitio caro, y en Estados Unidos puede valer entre 50 y 70 dólares si no es en la peluquería del Waldorf Astoria. Llama la atención que una persona de baja capacitación que emigra a Estados Unidos o a la Unión Europea y obtiene empleo aumenta su productividad y en consecuencia su salario varias veces. Esto podría implicar que, si no hay trabas, los incentivos para emigrar serían incontenibles y muy probablemente se solucionarían en los países en desarrollo los problemas de desempleo e informalidad. No sucede porque en los países desarrollados, a pesar de que se están quedando sin mano de obra, predomina la idea de que eso perjudica a los trabajadores locales, y hay innumerables trabas legales y culturales a la inmigración, situación que parece ir en la dirección opuesta a la que favorecería a millones de trabajadores de baja capacitación en el mundo y reduciría la pobreza y la disparidad entre naciones.
La posibilidad de que un trabajador poco capacitado duplique o triplique su ingreso y su productividad como consecuencia de haber cambiado de país les generan a los economistas otras inquietudes: como hay grandes diferencias de salario y de productividad entre el sector formal y el informal en una misma economía y no existen barreras legales que impidan que un trabajador informal obtenga un empleo formal debería observarse un flujo constante de trabajadores de la informalidad a la formalidad, lo que evitaría que tengan que emigrar. Esto no pasa, y para que ocurriera haría falta que intervenga una autoridad que induzca ese cambio con estímulos preferentemente o vía regulación.
Esta inoperancia del mercado sugiere que hay factores internos en el país que impiden aprovechar localmente esa diferencia potencial en productividad laboral que se pierde y es un recurso humano que se desperdicia y a nadie beneficia. Algunos de los interesados en esta particularidad han investigado si ello se debe a restricciones de capital, o de acceso a la tecnología, a escasez de recursos o a insuficiencia de mano de obra como proporción de la población, y han concluido que el obstáculo parece provenir del gobierno, de la reglamentación vigente y de las instituciones, posiblemente también de ausencia de competencia. Países como Colombia podrían crecer más para que su ingreso por habitante vuelva acercarse al de los países desarrollados, o al de otros que ya convergen, si tuviera un buen gobierno y existieran las reglas, políticas y condiciones de mercado que permitieran tomar ese camino.
Otros expertos aconsejan simplificar, y que el país se concentre en corregir lo urgente que no hace bien. Esto es, invertir en infraestructura esencial y mejorar la capacidad de proveer eficientemente y con buena calidad los servicios básicos, comenzando por la seguridad, la salud, la educación, la justicia, empleo, acceso a agua potable, y a agua de riego, y en sociedades capitalistas la protección de la propiedad, la promoción de la competencia y el cumplimiento de contratos.
Eso no quiere decir que copien las instituciones de otros países, sino que se ingenien cómo hacerlo, partiendo de lo que existe para eventualmente poder ofrecer servicios públicos y regulación en una forma autóctona que podría equipararse a lo que ofrecen hoy Finlandia, Suecia o Noruega.
Estas ideas y recomendaciones son también aplicables a la solución del problema de una desproporcionada diferencia entre regiones. Esta disparidad podría implicar que, si se corrige en Colombia la ineficiencia o la incapacidad de proveer servicios de buena calidad en los territorios, los más atrasados tendrían el mayor potencial para converger e igualar eventualmente a Bogotá, Medellín, Barranquilla, Bucaramanga y Cali.
