Marisol Gómez Giraldo
30 Septiembre 2024 05:09 pm

Marisol Gómez Giraldo

Otty Patiño, confundido y confundiendo

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Ya el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, subrayó que “nadie ha pensado en tocar a la JEP”, y “menos durante este gobierno”. También, el comisionado para la paz, Otty Patiño, intentó explicar que él no se refería al cierre de ese tribunal cuando habló de ‘acotarlo’, sino a que no fuera más allá del juzgamiento de los máximos responsables. Pero esas confusiones y contradicciones dentro del Gobierno no son gratuitas.     

La gran pregunta es si el enredo se debió solo a una ambigua frase del comisionado para la paz, o si todavía hay voces en el Gobierno que consideran sustituir a la JEP.

La pregunta es válida por los antecedentes y por la propia coyuntura. Reemplazar a la JEP por un tribunal de cierre fue un tema planteado en su momento por el excanciller Álvaro Leyva. Y la idea en el Gobierno no parece haberse muerto, porque el propio Patiño, al explicar en La W sus palabras “acotar” y “cerrar” frente a la JEP, también dijo que un tribunal de cierre es un mecanismo cuyo debate puede abrirse.

“Tal vez las dos cosas son ciertas. La intención de cierre de la JEP y la confusión de Patiño”, dice a esta columna de CAMBIO una fuente de esa justicia especial. Esto muestra, de nuevo, que la aclaración del ministro del Interior no despejó las dudas.   

Lo de la confusión del comisionado se explicaría en que, como autoridad de paz en el Gobierno, seguramente está informado del trabajo que están haciendo actualmente la Fiscalía y el Ministerio de Justicia para darle cierre definitivo a Justicia y Paz, jurisdicción creada en 2005 para la investigación y juzgamiento de los paramilitares que se acogieron al proceso de paz durante el primer gobierno de Álvaro Uribe. Y que, 19 años después, sigue abierta ante la magnitud de la tarea que ha representado investigar los crímenes cometidos por ellos.

Eso, sumado al reciente debate porque la JEP no ha emitido todavía la primera sentencia condenatoria contra los exjefes de las Farc, pudo haber contribuido al galimatías mental del comisionado para la paz.

Pero tampoco puede descartarse que limitar a la JEP y revivir la idea de un tribunal de cierre sea una idea vigente dentro del Gobierno, en medio de la desazón que le ha provocado el precario avance de la ‘paz total’.

“Abrieron negociaciones, como las del Clan del Golfo, sin tener ningún marco (jurídico) que las hiciera posibles”, y ahora “no saben qué hacer”, afirma un conocedor de la violencia y los conflictos en Colombia que prefiere no ser mencionado.

Patiño tendría que explicarle al país si es que, ante tan escasa respuesta de los diversos grupos armados al ramo de olivo que les ha ofrecido el Gobierno, la tentación es a ofrecerles un tribunal de cierre en el que todos acepten sus delitos con la garantía de irse a vivir tranquilos.

Aunque la verdad suele ser lo más importante para las víctimas, ya no estamos en el mundo que le tocó al M-19, guerrilla a la que pertenecieron Patiño y el presidente Gustavo Petro, cuando no existía la Corte Penal Internacional (CPI) y todos los integrantes de ese grupo armado obtuvieron perdón y olvido por los crímenes graves que pudieron haber cometido.

Pero, además, el Gobierno también tendría que explicar satisfactoriamente el lío de los fondos que no ha entregado directamente a la JEP para financiar el sistema de sanciones restaurativas. ¿Se relaciona esto con la idea de crear un tribunal de cierre?

Si el planteamiento de ‘acotar’ a la JEP está inspirado en el malestar existente desde que esta justicia especial comenzó a llamar a exintegrantes de las Farc distintos a los máximos jefes -que ya asumieron su responsabilidad en los casos de secuestro y otros crímenes ligados a este-, para desentrañar verdades no conocidas por ellos sino por mandos medios, no debe olvidarse que esto se ha debido a requerimientos de las víctimas, como explicó en una reciente entrevista con CAMBIO el presidente de la JEP, Roberto Carlos Vidal.

No hay que pasar por alto que sobre este tribunal están hoy el peso de la verdad y la justicia que están esperando las 340.731 víctimas inscritas de manera individual o en grupo ante la JEP, hasta el pasado 20 de septiembre. Víctimas de los exguerrilleros, de militares y policías y de particulares que cometieron crímenes graves durante el más de medio siglo de conflicto armado con las Farc.

Una cosa es que la JEP se haya demorado en emitir la primera sentencia condenatoria contra los exjefes de las Farc, lo cual ciertamente les produce inseguridad jurídica, y otra muy distinta es creer que la solución está en sustituir a esta justicia especial, que ojalá emita las primeras sentencias entre marzo y abril, como también lo dijo su presidente en la misma entrevista con este medio.

 

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