Lo que sucedió el domingo anteror, la crisis en el Catatumbo y las que se están previendo en otros territorios, en nada contribuye a la confianza del ciudadano y del inversionista en el Gobierno, en la fuerza pública, y mucho menos en las mesas de negociación con criminales y los ceses de fuego. Todo eso está minando severamente el bienestar popular, el empleo y la inversión.
La idea de un numeroso comando del ELN viajando de civil sin salir de Colombia, de Arauca al Catatumbo y sin armas, para aparecer súbitamente, listos y equipados para perpetrar crímenes atroces, matar a sus adversarios con lista en mano y aterrorizar a la población en el Norte de Santander, sin haber sido detectados por alguien, era una explicación oficial difícil de creer. Claro que cuando se centralizó la inteligencia en manos de personas del M-19, hubo gente que dijo que no era sino cuestión de tiempo para que sucediera algo como lo que está pasando, con decenas miles de personas damnificadas y la opinión pública preguntándose si la inteligencia de verdad falló o si se quedó callada.
También desafía la imaginación que nuestro ministro de Defensa le haya creído al general Vladimir Padrino López, ministro de Defensa de Maduro, que el ejército de Venezuela va a impedir que el ELN ingrese campantemente a ese país, cuando el gobierno colombiano decida finalmente combatir a esa guerrilla en el Catatumbo y en Arauca.
Por respetuoso y prudente que uno sea, es difícil descartar la posibilidad de que el ELN no solo está coordinado con el gobierno de Maduro, sino que también cuenta con la simpatía de las autoridades y de los servicios de inteligencia colombianos, que no han abandonado la idea de llegar a un acuerdo auspiciado por Venezuela, y que quizás cuentan con la certeza de que la Corte Constitucional tumbe los decretos de conmoción interna, que parecen haber sido concebidos con ese fin. Ese desenlace permitiría que el Gobierno alegue que no puede imponer el orden en el Catatumbo y le eche la culpa a la Corte y a la oposición.
En ese momento, Maduro, Diosdado Cabello y Vladimir Patrón podrían acudir a rescatar al Gobierno obligando al ELN a sentarse de nuevo a la mesa, con órdenes de firmar un acuerdo de paz que seguramente contemplaría que por lo menos el Catatumbo y tal vez Arauca no sería zona controlada por fuerzas populares binacionales (¿ELN?). Este sería un desenlace deplorable y lesivo de la soberanía nacional que llevaría a que no pocos preguntáramos si se estaría incubando una nueva Gran Colombia, esta sí ‘bolivariana’. Por otra parte, la debilidad evidente del Estado colombiano, inadmisible y peligrosamente insostenible, induciría a los grupos armados ilegales y al ELN en el Pacífico a aspirar a acuerdos de soberanía compartida en los territorios donde operan.
No sabemos si este plan existe, si está acordado solamente entre el gobierno de Venezuela y las dos organizaciones guerrilleras colombianas que ha venezolanizado o si el Gobierno colombiano es parte del plan o por lo menos lo conoce, como se pregunta José Manuel Acevedo, en El Tiempo del 28 de enero pasado.
Este escenario que ojalá no se concrete parece sacado de un cuento de Borges en el libro Ficciones, en el que se descubre que el líder de una revolución que puede ser triunfante fue el traidor de esa causa que le entregó al enemigo información que causó la muerte de muchos de sus colaboradores. Su partido lo juzga y lo condena a muerte, y él, como jefe del movimiento, reconociendo su vileza, firma su propia sentencia, que se ejecuta haciéndola parecer como un asesinato cometido por el enemigo, para que muera como un héroe y no pierda brillo como símbolo revolucionario.
Las alusiones a Aureliano Buendia en los tuits dirigidos a Trump en la madrugada del domingo pasado y la voluntad del presidente de morir como héroe, siguiendo los pasos de José Martí, no generan confianza, y mucho menos entusiasmo, porque cuando expresa su deseo de inmolarse lo hace con toda población. Ellos no lo eligieron para ser sacrificados, vivir en permanente zozobra o para que les menoscaben la posibilidad de mejorar sus condiciones de vida, perjudiquen su situación económica y les nieguen el derecho irrenunciable a que los proteja el presidente constitucional.
