Lejanías es un municipio del departamento del Meta. Tiene 12.000 habitantes y se encuentra a 132 kilómetros de Villavicencio, la capital, lo que equivale a unas tres horas de camino. Según su alcalde, Jefree Martínez, en Lejanías hay alrededor de 200 negocios, todos los cuales están siendo extorsionados. En el último mes, la estructura criminal Estado Mayor Central (EMC), comandada por Iván Mordisco y Alexander Díaz Mendoza, alias Calarcá, antiguo comandante del Frente 40 de las Farc, ha enviado múltiples notificaciones a los comerciantes exigiéndoles que asistan a una reunión para establecer la cuota anual que deben pagar. No solo eso, en estos panfletos, escritos con la ortografía de un niño de 4 años y siempre con un fusil detrás del texto, ordenan cerrar los negocios el día de la reunión. “El que no axista será multado”, dicen.
Cuando pregunté sobre el monto de las cuotas, me explicaron que dependía del tamaño del negocio y de otros factores, pero que podían ir desde 500.000 pesos hasta 7 millones. Aquellos que no quieran pagar, como es obvio, terminarán muertos o con sus negocios destruidos. Casi todos, con el corazón en la mano y el miedo que produce verse acorralados por la delincuencia, han decidido presentarse a la cita mientras sus negocios permanecen cerrados. La extorsión, me dice el alcalde Martínez, es lo que más les preocupa y la prioridad de su alcaldía, que apenas cuenta con 12 policías en el municipio. Sin embargo, está solo en ese esfuerzo.
El mismo grupo, comandado por Calarcá, que según Insight Crime maneja el negocio del narcotráfico en Meta, Caquetá y Putumayo, le hizo llegar al alcalde Martínez una amenaza de muerte: “Si no le mandamos un susto a él, se lo mandamos a la mamá”, dijeron. Esta fue la represalia a la decisión de Martínez de decretar un toque de queda y acordonar el municipio junto al Ejército y la Policía para “evitar que la gente acudiera a esta situación de Calarcá”, explica Martínez. Calarcá y el Estado Mayor Central, que no es más que un nombre pomposo y propagandístico para decir que las Farc nunca se desmovilizaron (lo cual no es cierto, ya que lo que quedó fue una facción minoritaria interesada solo en el dinero fácil), le dijeron al Gobierno que dejarían de extorsionar si se les garantizaba la manutención a toda la estructura. Como eso no ocurrió, siguieron extorsionando, dice el alcalde.
Otro elemento es que los cultivos de uso ilícito en ciertas zonas del Meta se han reducido. En Uribe y Vista Hermosa, por ejemplo, hubo una disminución del número de hectáreas, lo que implica que los grupos armados ilegales como el EMC deban buscar otras fuentes de financiación. Mientras escribo esta columna, Calarcá está cómodamente sentado y protegido por el Estado en Bogotá, hablando como negociador del EMC en los diálogos con el gobierno del presidente Petro. Sus hombres, mientras lo esperan en el territorio, extorsionan en Granada, La Uribe, Mesetas, Vista Hermosa, San Juan de Arama y La Macarena. Quienes los han visto en las reuniones a las que los obligan a asistir, narran que los uniformes que tienen parecen nuevos, “de esos pixelados que también usa la fuerza pública”, y están “armados hasta los dientes con fusiles nuevos, armas que uno no sabe cómo llegan ahí”.
Las denuncias por extorsión de enero a junio en el Meta apenas llegan a 430, con Villavicencio encabezando la lista con 194. En Lejanías, que tiene a todos sus comerciantes extorsionados, solo se registran siete denuncias. El temor y la sensación de estar en manos de los delincuentes es tan grande que casi nadie se atreve a denunciarlo. “De 100 extorsiones, con suerte denuncian una”, me dijo la gobernadora del Meta, Rafaela Cortés. Otro temor en la región, según varias personas consultadas para esta columna, es que en muchos municipios la gente tome las armas, como en los peores días del paramilitarismo.
Esto, como lo dijo el recién posesionado ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, no lo puede permitir el Estado. Ni la extorsión ni la violencia de Calarcá y su banda de mafiosos, ni que los comerciantes, ganaderos y campesinos del Meta, y otras regiones del país, se armen para defenderse. Este lunes 15, el Gobierno debe decidir si continúa el cese al fuego con el EMC. Esta situación del Meta y de otros departamentos debe ser considerada por el presidente Petro y su comisionado para la paz, Otty Patiño. De lo contrario, Calarcá y el EMC seguirán haciendo lo que quieran sin consecuencias.
Los únicos que parecen estar pagando los platos rotos de esta violencia absurda son los habitantes de este país extorsionado y amenazado.
