Palacio de Justicia de Medellín: inconsistencias y controversias en la selección de un contratista

El 16 de mayo pasado, la Fiduciaria Scotiabank Colpatria, vocera y administradora del Patrimonio Autónomo Tribunales de Medellín, declaró como fallido el proceso de invitación pública para la construcción de la Fase 1 del nuevo Palacio de Justicia de Medellín.

La decisión se tomó luego de que esta columna pusiera en evidencia una serie de inconsistencias e incongruencias en la documentación presentada por el único participante que resultó habilitado en dicho proceso. Pues bien, la invitación pública fue de nuevo abierta, y hoy la situación es casi idéntica a la evidenciada por esta columna hace dos meses y medio.

A este nuevo proceso se presentaron dos interesados: el Consorcio CG y el Consorcio Tribunales AL 2024.

El Consorcio CG fue elegido como único oferente habilitado, luego de que el comité evaluador descalificara a su competencia por supuestamente haber presentado un documento alterado o inexacto. Se trata de un pantallazo del Registro Nacional de Obras Civiles Inconclusas de la Contraloría General, en el que se daba cuenta de que dicho consorcio no tenía allí anotaciones.

Esta información puede ser verificada en dicho registro, consultando con el número de NIT. Al digitar el número completo del NIT de Agopla SAS, firma que hace parte del Consorcio Tribunales, no aparece registrada anotación alguna. Pero si dicha búsqueda se hace sin incluir el número de verificación, aparece un antecedente por una obra que no fue terminada, pero no por incumplimiento de Agopla sino por una decisión del contratante.

En contraste, y así está evidenciado en los documentos del proceso, hay una serie de observaciones que ponen en tela de juicio la decisión del comité evaluador. Una de ellas es que varios de los documentos presentados por el Consorcio contaban con el aval de un contador llamado José Aristóbulo Moreno. Moreno, en dichos documentos, firmaba como revisor fiscal de la sociedad. Sin embargo, Moreno no está inscrito como revisor fiscal en el registro mercantil. Por eso hay cuestionamientos sobre su capacidad jurídica para firmar y certificar situaciones particulares de dicha sociedad, tales como estados financieros, aporte a parafiscales y composición accionaria.
Adicionalmente, el Consorcio CG está obligado a tener un revisor fiscal debidamente inscrito, al haber reportado ingresos operacionales por más de 99.669 millones de pesos.

Otros de los documentos cuestionados tienen que ver con dos contratos presentados por dicho consorcio para acreditar experiencia. En ellos se evidencian inconsistencias en el valor de los mismos, las áreas construidas y las fechas de ejecución.

Pero la cereza que le faltaba al pastel es que uno de esos contratos, presentados para acreditar experiencia, fue suscrito antes de que la sociedad Construcciones Saneamiento Ambiental y Consultoría fuera constituida en la Cámara de Comercio. Dicha empresa hace parte del Consorcio CG.

Otro hecho llamativo es que Geo K SAS, la otra firma que conforma el Consorcio CG, registra en su certificado de existencia ante la Cámara de Comercio la dirección Av. 5 # 6-137 en la ciudad de Cúcuta. Al verificar la existencia de la empresa en dicha dirección, se aprecia allí un lote.

La construcción del nuevo Palacio de Justicia de Medellín es una obra que los antioqueños llevan esperando por años. Para su ejecución se cuenta con un presupuesto de 161.511 millones de pesos y será construida en un lote de 4.266 metros en pleno corazón de Medellín. De la selección transparente y juiciosa del contratista dependerá sin duda el éxito del proyecto.

Hace apenas unas semanas, el presidente Gustavo Petro pidió perdón en el Congreso por el abrumador escándalo de los contratos suscritos en la UNGRD para suministrar agua potable en La Guajira. Entre los mencionados en ese engranaje apareció un viejo colaborador suyo: se trata del director del Servicio Civil, César Manrique. Manrique fue director del Fondo de Vigilancia del Distrito durante la alcaldía del ahora presidente. Recientemente, la Fiscalía pidió sentencia condenatoria en su contra por la adquisición de motos eléctricas para la Policía. Dichas motos, además de que fueron compradas con un valor más alto que el comercial, terminaron siendo vendidas como chatarra, porque ni sirvieron ni contaban con respaldo técnico.

La construcción del Palacio de Justicia de Medellín está a cargo de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco (Anim), entidad adscrita al Departamento Administrativo de la Presidencia de la República (Dapre). La Fiduciaria Scotiabank Colpatria, es la vocera y administradora del Patrimonio Autónomo.  Al frente de la Anim, también está un viejo colaborador del presidente: se trata de Nicolás Corso Salamanca, quien fuera gerente de Metrovivienda durante la alcaldía Petro. Corso tiene pendiente la preclusión de una investigación en su contra por la suscripción de un convenio para construir 700 viviendas de interés prioritario en Usme, viviendas que nunca se construyeron.

Hace dos meses, la Anim, bajo la dirección de Nicolás Corso, tomó la decisión de declarar fallido el proceso por las inconsistencias evidenciadas e iniciar este nuevo proceso de selección, por el que ya hay denuncias en Fiscalía.

Consultado por esta columna, Nicolás Corso dijo que las observaciones ya fueron subsanadas por el consorcio habilitado. Y que la ubicación de la empresa, en un lote aparentemente baldío, se trataba solo de una confusión. Agregó que se interpusieron acciones penales en contra del Consorcio Tribunales AL 2024 por la presunta falsedad en el pantallazo.