Varios documentos comprueban que el general en retiro Eduardo Enrique Zapateiro Altamiranda ha hecho alianzas con grupos paramilitares. Así como se oye. El excomandante de las Fuerzas Armadas durante el gobierno del expresidente Iván Duque, que se hizo famoso, no solo por su grito de ¡Ajúa!, sino también por sus intromisiones en la campaña presidencial, debe al país y a las autoridades varias explicaciones de cuando fue capitán y comandante de Compañía del Batallón 46 Voltígeros.
Vamos a la línea de tiempo.
Según la hoja de vida del general en retiro, este fue comandante de ese grupo en el Urabá antioqueño y chocoano, desde el 7 de septiembre de 1994 al 1 de junio de 1996, cuando el señor Álvaro Uribe Vélez era gobernador de ese departamento.
Hay que decirlo claramente: el Batallón Voltígeros, en esa época, estaba al servicio de los paramilitares. Como lo estuvieron varias autoridades de ese departamento durante la época. Por eso vamos al primer hecho que requiere una explicación, que es una desaparición.
El 1 de marzo de 1995, Jaime Enrique Quintero Cano se presentó voluntariamente a la IV Brigada del Ejército para prestar el servicio militar. Tenía un hijo de poco menos de 2 años en ese momento. Quintero fue seleccionado para integrar el segundo contingente de 1995, del Batallón de Infantería 31 Voltígeros. Posteriormente le informó a su familia que lo trasladaban a la Brigada XVII en la zona del Urabá.
Pocos días después de su llegada allá, su familia perdió contacto con Quintero Cano. De acuerdo con testimonios de algunos militares, este soldado tuvo un fuerte altercado con el entonces capitán Zapateiro, en el Batallón Voltígeros.
Como respuesta al enfrentamiento, Zapateiro dio la orden de desvincular a Quintero Cano del Ejército y devolverlo inmediatamente a Medellín. Lo extraño de la situación, según las fuentes consultadas, fue que el capitán no ordenó una investigación para justificar esta acción, ni le impuso una sanción a su subordinado.
Hasta ahí todo suena entendible. Pero de acuerdo con información castrense hay problemas en las versiones, ya que una de ellas señala que Quintero Cano fue enviado en transporte público a Medellín, y no regresado en vehículo del Ejército. Según las fuentes, ese bus donde se movilizaba Quintero Cano fue detenido por estructuras paramilitares que operaban en la zona en ese momento. Al detener el bus, lo bajaron únicamente a él y desde entonces no se le ha vuelto a ver.
No hay que olvidar que, de acuerdo con testimonios de exjefes paramilitares como José Everth Veloza García, alias HH, y Freddy Rendón Herrera, alias el Alemán, para la fecha de la desaparición de la víctima, ellos tenían total control en los municipios del Urabá. Podían entrar en cualquier momento a la Brigada XVII en Carepa y coordinaban sus acciones con los altos mandos del Ejército de la región. Una desaparición de un soldado a manos de los paramilitares era una acción que no se hubiera podido ejecutar sin lastimar esa armoniosa relación.
Estos hechos no han sido plenamente resueltos, pese a que en ese momento la protección de Quintero Cano era responsabilidad del Ejército. Zapateiro tampoco ha sabido explicar a la familia, por qué expulsó a esta persona sin haber realizado un proceso disciplinario acorde al debido proceso. El hijo de dos años que Quintero Calle tenía al momento de su desaparición, se convirtió en el talentoso futbolista Juan Fernando Quintero y él, y su familia, merecen una explicación. Merecen que se haga justicia, y no que la justicia simplemente pegue en el palo.
Pero sigamos, porque la relación de los paramilitares con Zapateiro empieza a hacerse más y más estrecha. Varios relatos cuentan que algunos militares con insignias del Batallón Voltígeros de la Brigada XVII y paramilitares con brazaletes con las siglas ACCU, paseaban por los corregimientos amenazando a la gente y buscando colaboradores de guerrilleros. Uno de esos es el informe número 10/15 de la Comisión Interamericana, en el que se llegó a un acuerdo con las víctimas. Gracias a ese documento se puede conocer la responsabilidad del Ejército en la masacre de Chigorodó el 12 de agosto de 1995.
La masacre fue llevada a cabo en el bar El Aratacazo, en el barrio El Bosque de ese corregimiento. El informe estableció que: “Investigaciones adelantadas por el gobierno indican que el grupo que cometió la masacre contra desmovilizados del EPL tiene vínculos con el Batallón Voltígeros del Ejército. El Batallón Voltígeros opera bajo el comando de la XVII Brigada”.
Otra confirmación más precisa de la participación del Ejército en esa masacre provino del coronel Carlos Alfonso Velásquez, en ese momento segundo en la línea de mando de la XVII Brigada. A principios de 1996, el coronel Velásquez envió una carta al entonces comandante del Ejército, general Manuel José Bonnett, en la cual acusaba al comandante de la XVII Brigada de no tomar los pasos necesarios para combatir a los paramilitares en el Urabá antioqueño.
Velásquez sugirió que miembros del Ejército estarían comprometidos en la masacre de Chigorodó. Uno de ellos era Zapateiro. El otro era, nada más ni nada menos que, el señor Rito Alejo del Río, comandante en ese entonces de la XVII Brigada y quien se encuentra preso por vínculos con el paramilitarismo.
Pero no para ahí.
Otro documento importante sobre Zapateiro es el escrito de solicitudes, argumentos y pruebas del 29 de enero de 2012 que presentan las víctimas ante la Corte Interamericana de Derechos para ser reparados por la Operación Génesis. Esta misión fue desarrollada por el Ejército y los paramilitares entre el 24 y 27 de febrero de 1997 para incursionar en la población de Cacarica en Chocó.
La operación fue liderada por Rito Alejo del Río y terminó con el asesinato del campesino Marino López y muchos otros civiles más. El coronel Carlos Alfonso Velásquez, quien era el comandante que estaba por debajo de Rito Alejo en la Brigada XVII de Urabá, también menciona al capitán Zapateiro de sus vínculos y coordinación con los paramilitares.
El coronel Velásquez hizo una declaración ante la Corte Interamericana el 21 de septiembre de 2010, en la que puso de presente un informe del 31 de mayo de 1996, en el que advirtió al entonces comandante de las fuerzas militares, Harold Bedoya, de los posibles nexos del general Del Río y los otros militares con grupos paramilitares en el Urabá antioqueño y chocoano.
El exoficial señaló que por esa comunicación fue retirado de su cargo y se generó su salida del Ejército. En ese documento el coronel Velásquez afirmó “si usted desea verificar el grado de deslegitimación al que ha llegado el Ejército en Urabá por el pensamiento que corre en la región en el sentido de que trabajamos en alianza con la delincuencia organizada o paramilitares, disponga que se hable informal e individualmente por ejemplo con los soldados recientemente incorporados en la zona, o llame a capitanes como Zapateiro del Voltígeros o Ricaurte del Vélez”.
Pese a que no existió denuncia formal por estos hechos de infiltración paramilitar en el Batallón Voltígeros, lo cierto es que Zapateiro, a diferencia de Velásquez, siguió en el Ejército mientras que el denunciante salió. Y la historia le ha dado la razón a una de las partes en cuanto a las profundas alianzas de los paras con las fuerzas militares en esa región y en se momento.
Así es. Por su parte, una declaración publicada por José Guarnizo en Vorágine, menciona que la alianza entre los paramilitares y la unidad del Ejército comandada por Zapateiro era tan cercana, que incluso realizaban actuaciones de enfrentamientos coordinados entre ellos para fingir distancia ante la población civil.
Se trata de un testimonio que rindió Carlos Arturo Furnieles Álvarez el 16 de abril de 2009, y que ratifica lo manifestado en cuanto a la coordinación entre militares y autodefensas. Cuando habla del capitán Zapateiro, comenta sobre desplazamientos de los paras en unos camiones hacia el sector El 40, jurisdicción del municipio de Chigorodó, autorizados por el Ejército. Narra también la permisibilidad por parte de los militares para que las autodefensas pudieran cometer hechos contra la ciudadanía. Pero no solo eso, Furnieles Álvarez manifestó haber estado en una actuación de combate, que se hizo para simular ante la población civil que no existían nexos entre militares y paramilitares.
Espeluznante.
Existe una sentencia del 9 de diciembre de 2014, proferida por la sala de Justicia y Paz del Tribunal Superior de Medellín, en contra del paramilitar Jesús Ignacio Roldán, alias Monoleche. En ese documento se señala a Rito Alejo del Río y al Batallón Voltígeros, donde se encontraba el capitán Zapateiro, por su trabajo en coordinación con los paramilitares. Cuando del Río suena, Zapateiros lleva...
El general atenienese Tucídides, considerado el primer historiador militar, decía que la historia es un incesante volver a empezar. Quizás no sea pura coincidencia que el Batallón Voltígeros haya recibido ese nombre en Perú, cuando cambió de bando, para apoyar la causa libertadora poco antes de la Batalla de Ayacucho. Al parecer dos siglos después siguieron con la tradición de “voltearse”, esta vez no para defender las instituciones y la ley, sino para aliarse con bandidos paramilitares.
Pero los presuntos vínculos de Zapateiro con las autodefensas no solo vienen del Batallón Voltígeros. Existen dos investigaciones que vinculan por línea de mando a Zapateiro con falsos positivos cuando era comandante de la Quinta Brigada.
El primero es la muerte el 22 de febrero de 2014 de Jorge Eliécer Blanco, el entonces vicepresidente de la Junta de Acción Comunal de la Vereda Alto Limón, en el municipio de San Pablo, ubicado en el departamento de Bolívar. El comandante de la Quinta Brigada que respondía por esa jurisdicción era Zapateiro. El oficial salió a justificar la muerte del joven, rotulándolo bajo el alias de "Severo" y señalándolo de tener vínculos con el narcotráfico y las finanzas del Frente 24 de las Farc.
Sin embargo, según versiones de la familia, Jorge Eliécer fue sorprendido cuando conducía su motocicleta por un vehículo con integrantes del Ejército, quienes repentinamente le dispararon, arrebatándole la vida. No se le encontró un arma de fuego ni material de guerra cuando fue ultimado por el Ejército. La comunidad de la vereda El Limón de San Pablo, salió a protestar por la muerte de Jorge Eliécer Blanco, quien resultó blanco certero de la infamia paramilitar.
El segundo caso es por la muerte del joven John Alexander Ramírez Velásquez, de 20 años de edad, el 24 de agosto de 2014 en el barrio Ciudadela Nuevo Girón, ubicado en el municipio de Girón en el Departamento de Santander. Este joven se encontraba junto con unos amigos alrededor de las 11 de la noche, cuando fue sorprendido por un pelotón de la Quinta Brigada a cargo del comandante Enrique Zapateiro, que recorría las calles de la Ciudadela. El delito de John Alexander era que tenía una cachucha militar. Su sentencia: la muerte.
El soldado Benjamín Méndez Asenso disparó contra su cuerpo en el momento en que este se asustó y salió a correr. Sobre este caso el entonces comandante de la Quinta Brigada, Enrique Zapateiro, salió a defender al pelotón de soldados, señalando que el joven asesinado portaba una granada IM-M-26 y que era un integrante de un grupo al margen de la ley.
Lo que ocultó Zapateiro a la prensa, es que la Fiscalía encontró que la granada IM-M-26 que estaba al lado del joven muerto le había sido colocada por el soldado Méndez y que un peritaje de Indumil señaló que esa granada era propiedad del Ejército. Pero como en todos los casos arriba mencionados, a Zapateiro Altamiranda no le pasó nada. Fiel a su segundo apellido, aún mira desde lo alto de la impunidad.
Por eso sería bueno conocer en qué van todas estas investigaciones en la Fiscalía. No obstante, como decía Aldous Huxley, quizá la más grande lección de la historia es que nadie aprende las lecciones de la historia. Y sabemos muy bien que la Fiscalía es muy rápida para los casos mediáticos y muy lenta para los que tienen que ver con los aliados políticos de la cabeza de la institución. Un regalo, de impunidad, para Zapateiro ¡Ajúa!
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
