Rodrigo Botero
14 Mayo 2023

Rodrigo Botero

Participación y ordenamiento ambiental-productivo, tarea urgente

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El deterioro de los ecosistemas en Colombia es evidente. Muchos de ellos han perdido casi por completo sus coberturas vegetales, como es el caso de las áreas de bosques secos del Caribe. En los valles interandinos, el cambio de los bosques naturales por diferentes tipos de plantaciones, o modelos de ganadería de baja intensidad, es notorio. Similar situación se presenta en el piedemonte llanero. Probablemente, las áreas que aún mantienen gran parte de sus bosques originales son la región pacífica y la Amazonía oriental. 

Se ha venido dando un proceso de poblamiento que está concentrado en grandes ciudades y una baja parte de la pobación en zonas rurales, fenómeno que se exacerbó durante los años recientes de la violencia armada en nuestro país. Grandes cinturones de desplazados por la violencia, se hicieron comunes en ciudades de gran y mediano tamaño, en condiciones de extrema pobreza y vulnerabilidad. 

La industria extractiva, que en Colombia es de baja cobertura, comparativamente con otros países, se ha concentrado en el piedemonte llanero-amazónico, zonas del eje Santander-La Guajira, parte del Magdalena Medio, Antioquia, región Caribe -dispersa-, y anden Pacifico.

Cada año se empieza a volver costumbre para la ciudadanía que en los tiempos de verano, además de la consabida “lucha contra la deforestación”, cientos de hectáreas se incendian de manera alevosa, evidenciando una cultura pirófila latente en nuestra forma de abordar la relación con la naturaleza. 

Igual, llegados los tiempos de invierno, se vuelve “paisaje común” ver deslizamientos que se llevan carreteras, avalanchas cada vez más siniestras, inundaciones en zonas cada vez más amplias, sedimentación en áreas que reciben el desastre del mal uso del suelo aguas arriba, y ganado o cultivos anegados en zonas que evidentemente no deberían estar ocupadas en usos agropecuarios. Esto sumado a las tristes imágenes de barrios vulnerables con tragedias por deslizamientos con víctimas fatales sobre casas construidas en zonas de riesgo. El reordenamiento urbano será un costo que tarde o temprano tendremos que asumir en serio.

Foto del Fuaviare

“Furia de la Naturaleza” gritan algunos, “castigo divino”, los otros. Pero olvidan de manera casi premeditada, observar que los datos sobre la vulnerabilidad de nuestros ecosistemas son cada vez mayores, que los conflictos entre el uso del suelo y su vocación son generalizados, que la degradación de suelos y aguas avanza miles de hectáreas cada año, que,  aunada a un uso del suelo sin consideraciones de zonificación, o de balance entre coberturas naturales e introducidas, propicia la crisis ambiental. 

La infraestructura, principalmente vial, apenas empieza a abordar criterios de sostenibilidad, que aún no son siquiera vinculantes en los contratos para las zonas de mayor sensibilidad ambiental. Las comunidades piden vías, con razón, los empresarios igual, pero la inclusión de alta ingeniería verde es tan lejana como la destinación de fondos para ello y su condición de obligatoriedad. El negocio no es lo verde, socio, me dijo un ingeniero algún día en una lejana zona rural.

Salvo casos aislados, las intervenciones minero-energéticas no van más allá del cumplimiento de una normatividad, que en el mejor de los casos es tímida y su efecto no traspasa los paisajes de impactos directos; peor aún, muchos son los casos, donde los recursos de compensación se quedan en el camino, en la anaconda verde tramitológica y corrupta que se engulle la esperanza ambiental. 

Gústeles o no a muchos que prefieren el camino corto, “primero en el tiempo, primero en derecho” como decía un exministro de ingrata recordación, lo cierto es que la crisis ambiental, donde el conflicto de aptitud de usos de suelo con la actual matriz productiva es cada vez mayor y, sumado a ello, eventos climáticos extremos, nos ponen en condición de alto riesgo ambiental. Las altísimas temperaturas en estos días en varios países del continente, los períodos secos sin lluvia cada vez más extensos, los aguaceros torrenciales cada vez más frecuentes, entre otros, generan un efecto sinérgico, que, conjugado con esa condición de ecosistemas con mayores niveles de degradación, nos ponen en la lista de países más vulnerables al cambio climático. 

Para la población campesina e indígena del país, la situación es cada vez más compleja. Se debate entre “intensificar” el uso del suelo, que equivale a volverlo un “peladero” con un monocultivo –como ha sido la triste historia del sector papero en algunas partes-, o mantenerse en un modelo diversificado, con capacidad para mantener generar ingresos, alimentación y, lo más importante, un arreglo de especies de múltiples estratos, donde pueda proteger sus suelos, aguas, e inclusive, con rastrojos y bosques para renovación de suelos. Yo, creo en los modelos asociativos, donde los volúmenes de producción, y las condiciones ecológicas básicas, sean un modelo sostenible económica y ambientalmente. Las experiencias de cafeteros y cacaoteros son una fuente inspiradora.

En los sistemas agrícolas intensivos de mayor escala la pregunta es: ¿se podrán proteger, como mínimo, la vegetación natural de los cuerpos de agua? ¿Se pueden establecer corredores de conectividad en zonas de monocultivos? ¿Es posible establecer bancos de vegetación natural permanente entre zonas de alta intensidad agrícola? ¿Es posible que, para los casos de cultivos de alta demanda de agua, puedan retornarla en igual condición -en volumen y calidad- a como la toman, como el caso de los arroceros en la Orinoquía? ¿Será posible que arroceros, ganaderos, plataneros, entre otros, puedan desarrollar actividades respetando la franja de protección de ríos, meandros y lagunas, como no ocurre en los ríos Cauca, Magdalena, Ariari, por citar algunos?  

Imagen d eun río en el sur del país

¿Será posible restaurar los bosques de los cuerpos de agua que fueron derribados en nombre de la revolución verde, antes de 2020, fecha mágica en que la Unión Europea nos pone de referencia para demostrar la debida diligencia y necesaria trazabilidad de aquellos productos que vamos a exportar, y que deben demostrar que no provienen de áreas deforestadas? La sola restauración de franjas de protección de ríos en Colombia nos permitiría recuperar miles de hectáreas de bosques. ¿A quién le importa?

Me temo que esta puede ser una oportunidad para darle una mirada profunda a nuestro futuro en las áreas que hoy se debaten entre la crisis ambiental y el retorno, o consolidación, de una guerra que nos acompaña y nada que se despide. La participación de la sociedad en su conjunto, desde las asociaciones campesinas, cabildos indígenas, comités municipales de desarrollo rural, universidades, instituciones públicas y privadas, agencias del sistema nacional ambiental, gremios de la producción, y muchos más, estarán llamados a discutir estos criterios de zonificación ambiental y productiva de un país que lo requiere con urgencia. El tiempo se agota.

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