El espinoso asunto de los pasaportes ya ha costado el cargo a dos cancilleres durante el Gobierno de Gustavo Petro. El 24 de enero de 2024, la Procuraduría suspendió provisionalmente por tres meses al entonces canciller Álvaro Leyva “por posibles irregularidades en la licitación de pasaportes”. Según la Sala Disciplinaria, Leyva habría cometido dos faltas gravísimas con dolo: una, al declarar desierta la tristemente célebre licitación sin justificación suficiente; y otra, al decretar una urgencia manifiesta sin que existieran razones legales para hacerlo. Diez meses después, y cuando el presidente Petro todavía lo defendía en redes sociales, la Procuraduría lo encontró responsable y lo inhabilitó para ejercer cargos públicos por 10 años. Esta semana vertiginosa que pasó, la canciller Laura Sarabia, en algún momento la funcionaria más poderosa del Gobierno, también decidió renunciar. De fondo, además de la propia designación de Alfredo Saade como jefe de Despacho, está también el asunto de los pasaportes.
Saade, desautorizando a la canciller, dijo que no se firmaría una tercera urgencia manifiesta con la Unión Temporal que lidera Thomas Greg & Sons para la producción de pasaportes desde el 1° de septiembre. Según Saade, “en las próximas horas se firmará el contrato con Portugal para comenzar a dotar de tecnología a la Imprenta Nacional y así garantizar que el cambio de esquema no sufra nuevos retrasos”. Luego, en distintas entrevistas, prometió que los colombianos no se quedarían sin pasaportes, y añadió algo curioso: el contratista, Thomas Greg & Sons, deberá dejar 600.000 libretas de pasaportes al finalizar el contrato que vence el 31 de agosto. Esto, según Saade, implica que el Gobierno ganaría “seis meses de trabajo para poder entregarle a los colombianos el pasaporte como lo manda la ley”.
El problema es que eso no es cierto. El contrato número 368 de 2024, que pueden ver ustedes adjunto en esta columna, firmado en los primeros días de octubre de ese año entre la Cancillería del ahora candidato presidencial Luis Gilberto Murillo, y la Unión Temporal Documentos de Viaje 2025, no estipula en ninguna parte que el contratista deba dejar 600.000 libretas, como afirma Saade para dar la idea de que no pasa nada, que no habrá interrupción del servicio y que el Gobierno tendrá, como dice, seis meses para perfeccionar el nuevo modelo de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional. Lo que sí dice ese contrato, en su cláusula quinta, es que “el plazo para ejecutar el contrato será desde el 3 de octubre de 2024 hasta el 31 de agosto de 2025 o hasta el agotamiento de los recursos, lo que primero ocurra…”. ¿De dónde saca Saade esa cifra de las 600.000 libretas? ¿Sabe Saade que, dado el despelote, el desorden y la incertidumbre con el futuro de los pasaportes, en las últimas semanas ha habido días en los que se han emitido más de 10.000 pasaportes? Es obvio, los colombianos que tienen cerca la fecha de vencimiento están apurando el trámite, en lugar de dejarlo para un incierto luego. A ese ritmo, ¿alcanzarán las libretas hasta después del 31 de agosto, que es la fecha última que tiene que respetar el contratista? ¿Qué pasará a partir de 1° de septiembre?
Antes de prometer que el servicio no se interrumpiría, y que los colombianos no nos quedaremos sin la expedición del documento, ¿preguntó Saade en la Cancillería y al contratista qué stock hay? Si la respuesta es que la plata se está agotando, ¿tendrán que hacer una adición como ya ocurrió a finales de 2023? La situación de despiste de Saade es tan crítica, que el 1° de julio el vicecanciller Mauricio Jaramillo Jassir, en calidad de canciller encargado, le envió un oficio de dos páginas a Saade en el que le aclara que el “actual contrato suscrito con la Unión Temporal UT Documentos de Viaje 2025 tiene como plazo de ejecución el 31 de agosto de 2026 y solo hasta esa fecha se tiene garantizada la prestación de un servicio esencial como el de la expedición de pasaportes”. Le recuerda, además, que le han pedido a la Imprenta que explique en qué momento “estarían en capacidad de asumir la provisión de pasaportes indicando tiempos y especificaciones técnicas, a efectos de contar con plena claridad en caso de que dicha entidad suscriba, por ejemplo, un convenio con el Gobierno de Portugal en el marco de sus competencias y como empresa industrial y comercial del Estado”.
La Cancillería, a pesar de lo dicho por Saade, no tiene claridad sobre el futuro del nuevo modelo, ni sobre la capacidad que tiene la Imprenta Nacional para asumir la provisión de los pasaportes a partir del 1° de septiembre. Sería un buen momento para que Saade, el jefe de Despacho de Gustavo Petro, nos aclare de dónde salió la cifra de las 600.000 libretas, que nos cuente cuánto stock tiene para lo que resta del contrato y quién, en septiembre, se encargará de personalizar las libretas en blanco, que sin ello no son otra cosa que un papel inservible.
