Si en algo hay consenso hoy entre los colombianos –divididos en casi todo– es en que el ambicioso plan de ‘paz total’ para apaciguar las tan enraizadas criminalidad y violencia del país, ha sido un fracaso. Esto, porque hasta hoy, hay muchos diálogos –siete mesas abiertas con grupos armados de distinto tipo– y ningún acuerdo para destacar.
Ante la decepción, la tendencia es pedir la ‘guerra total’ contra todos los grupos armados que le hacen tanto daño a la población. Y no me cabe la menor duda de que, ávidos de votos para mantener los privilegios del poder, varios políticos están capitalizando ya la desilusión de los colombianos y convirtiendo el discurso de mano dura en su caballito de batalla para la campaña electoral de 2026, que arrancará este 2025.
Su referente más importante, pero engañoso frente a los electores, será el fracaso de los diálogos del Caguán con las Farc y la victoria de Álvaro Uribe en la siguiente elección presidencial, la de 2002, cuando convirtió la ‘mano dura y corazón grande’ en el eje de su campaña presidencial.
Y digo engañoso, porque esos políticos no podrán pasar por alto la historia. Hasta Uribe apeló a los diálogos. Les hizo la guerra a las Farc, pero estableció mesas de paz con los llamados grupos de autodefensa y el ELN. Logró desmovilizar a los jefes paramilitares más visibles y a una parte importante de sus tropas –alrededor de 30.000 armados–, pero de las disidencias de ese proceso de paz nacieron varios grupos criminales, entre ellos el Clan del Golfo. Hoy, esta es la organización armada más numerosa del país, con unos 7.000 integrantes, según estimaciones oficiales.
Juan Manuel Santos se puso luego en la tarea de traer a la paz con las esquivas Farc, y lo logró durante su segundo mandato, en 2016. Pero también de ese proceso salieron disidencias que adquirieron distintos nombres –Estado Mayor Central, Segunda Marquetalia y otros nacidos de las nuevas divisiones–.
Después, Iván Duque cabalgó sobre la quimera de una supuesta efectividad de la ‘guerra total’ contra la criminalidad. Cuando dejó la presidencia, en 2022, el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las Farc estaban fortalecidos. Esto sin contar a los grupos armados urbanos.
Como está claro, Colombia lo ha intentado todo para amansar el potro desbocado de la violencia. Y, en ese largo camino, se ha convertido incluso en referente internacional con la puesta en marcha de justicias transicionales como la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), que pone el énfasis en la verdad para las víctimas y no en la sanción penal.
Dentro de la lógica de reducir la violencia sobre los colombianos, la misma política de ‘paz total’ de Gustavo Petro es novedosa en la idea de negociar con los grupos sin ningún origen político y con sólo rasgos criminales.
Si bien ese empeño no ha dado frutos, por el desorden y la improvisación del Gobierno y por el provecho que de esa negligencia han sacado los distintos grupos armados, la conclusión no puede ser que frente a la violencia debemos oscilar de manera pendular entre la ‘guerra total’ y la ‘paz total’.
¿Matar a todos o hacer la paz con todos? Ese es un falso dilema.
Lo que me han mostrado los 30 años durante los cuales he cubierto el conflicto armado y la violencia en Colombia, es que el absolutismo es inconveniente. Una estrategia que nos permita enfrentar a los distintos grupos armados, que incluya la búsqueda de la paz con los que están dispuestos a hacerla, y el combate efectivo a los que se mantengan en el camino de la ilegalidad debería ser el camino.
Se requiere, también, que las políticas de paz y seguridad, que son complementarias y no excluyentes, sean de Estado, no de gobiernos. Y para esto es necesario un diálogo nacional sobre el tema, sin el ruido de las campañas políticas que están por arrancar.
