Era demasiado previsible que subir a varios jefes criminales de Medellín y del Valle de Aburrá en una tarima con Gustavo Petro iba a levantar polémica, pero también es obvio que el presidente decidió asumir la controversia porque se está aferrando a lo poquísimo que tiene para mostrar en materia de paz, a poco más de un año de dejar el cargo.
Y los diálogos con los actuales capos de las estructuras armadas de la capital antioqueña y su área metropolitana son parte de lo que subsiste de la paz total, una política que Petro presentó como central cuando llegó a la presidencia en 2022 con la promesa de “cambio”.
Si bien entre enero y mayo pasados volvieron a repuntar los asesinatos en Medellín –144 contra 122 del mismo período del 2024–, la disminución histórica de la tasa de homicidios en los primeros cinco meses del año pasado, que fue la más baja de los últimos 41 años –11 por cada 100.000 habitantes–, estuvo asociada, según expertos en conflicto de la capital antioqueña, a la mesa de paz urbana, muy a pesar de la resistencia que esta le genera al alcalde Federico Gutiérrez.
Aunque los nueve jefes criminales que compartieron escenario con Petro llegaron desde la cárcel de Itagüí, donde cumplen sus sentencias por graves delitos, no es extraño que desde allí sigan controlando la delincuencia de la capital paisa y del Valle de Aburrá.
Al menos eso creen expertos en seguridad que están convencidos de que el crimen organizado de Medellín es quizás el más "organizado" de América Latina.
Esto, desde los tiempos de Pablo Escobar, ha resultado una tragedia para los 10 municipios del Valle de Aburrá. Son ya cuatro generaciones con cientos de adolescentes y jóvenes dedicados a la delincuencia, como lo expuso en la polémica tarima del pasado sábado un jefe de ‘La Oficina’ conocido como “Vallejo” –Jorge de Jesús Vallejo–, quien tomó la vocería por todos los que están haciendo parte de los diálogos desde hace dos años.
Pero también dijo que mientras las estructuras armadas asumieron esas conversaciones con “con seriedad”, les ha “faltado apoyo y acompañamiento” del Gobierno nacional. Por eso mismo, según anotó, esa mesa de paz es hoy “vulnerable”.
En los dos años que llevan los diálogos con las bandas criminales de Medellín y del Valle de Aburrá ha brillado por su ausencia el comisionado de paz, Otty Patiño. Fue notoria su ausencia el sábado en el escenario, en el que sí se vio al lado de Petro al ministro de Defensa y general retirado, Pedro Sánchez.
Es entendible que para dos exintegrantes de una guerrilla política, como Petro y su comisionado para la Paz, sea más atractivo mostrar resultados con una organización con origen político, como el ELN, que con las bandas criminales de Medellín y su área metropolitana, pero ante el fracaso de las conversaciones con el grupo guerrillero, al presidente le ha tocado agarrarse del diálogo con los jefes de ‘La Oficina’ –ese nombre agrupa a las bandas criminales de la capital antioqueña– presos en la cárcel de Itagüí, que es de lo poco que queda en pie de la paz total.
Eso lo llevó a subirse a la tarima que ubicaron en el corazón del centro administrativo de Medellín y de Antioquia, donde gobiernan políticos con los que no tiene afinidad alguna, sino una relación hostil de lado y lado. Basta ver los mensajes que se cruzaron por la red social X Petro, el alcalde Gutiérrez y el gobernador antioqueño, Julián Rendón, antes y después del acto del sábado.
Pero ni el presidente de Colombia ni el alcalde de Medellín ni el gobernador de Antioquia deberían pasar por alto algo que todos en el país sabemos y que repitió el jefe criminal que llevó la vocería en el acto: que el sicariato y el uso de menores como sicarios nacieron en la capital antioqueña de la mano de Pablo Escobar y que esa tragedia ha sido prolongada por ellos durante casi 40 años.
Alias ‘Vallejo’ hizo esta anotación tras referirse explícitamente al atentado contra el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay, quien sigue luchando por su vida en la Fundación Santa Fe cuando han pasado ya 17 días del penoso ataque.
Ese tipo de violencia es la que busca contrarrestar el único proceso de paz urbana que ha dado algunos resultados: el de Medellín. Sin embargo, no se ha valorado lo suficiente desde el propio Gobierno nacional, como lo sostienen en privado quienes están apoyando estos diálogos en la ciudad, incluso haciendo parte de la delegación oficial.
Petro y su comisionado de Paz hubieran querido sellar un pacto de paz con la guerrilla del ELN, pero ante todo lo que no ha salido bien en este Gobierno –el primero de izquierda en la historia de Colombia–, parece que, al menos el mandatario, tomó la decisión de agarrarse de lo que sea para exhibir ante el país y el mundo algunos logros.
Al presidente le quedan un año y cinco semanas en el cargo, un abrir y cerrar de ojos en los tiempos de la política. Por eso va a buscar, hasta por debajo del tapete, cómo salvar la cara de sus principales promesas al país. Y una de ellas fue la paz total.
