A raíz de la grave crisis de seguridad en el Catatumbo y la exacerbación de la violencia en Cauca, Arauca, Chocó, Magdalena y zonas de Bolívar, en la oposición y en los medios de comunicación han crecido las voces que hablan de paralización de las Fuerzas Armadas, de la disminución alarmante de sus efectivos, de la financiación y de los medios de combate, de las graves consecuencias de la depuración de la cúpula militar emprendida por el ministro Velásquez, de las restricciones a la acción militar producto de política de paz total. No es nada nuevo. En algún momento, María Fernanda Cabal se atrevió a hablar de una cúpula militar inservible, de una actitud cobarde de las Fuerzas Militares, producto de los acuerdos de paz.
En medio de reclamos justos por las falencias de la Fuerza Pública en la protección de la población y en el combate a las fuerzas ilegales, se esconde una estrategia orientada a crear un sisma entre militares y gobierno. Esta estrategia ha generado desafortunadas declaraciones y acciones en altos mandos policiales y militares, la mayoría de ellos en uso de buen retiro. La discordia no ha crecido como esperaba la oposición: más difícil la tuvieron Samper con el ruido de sables y Pastrana y Santos con los sabotajes a sus iniciativas de paz.
En todo caso, no se puede perder de vista esta insidiosa política. Jugar a la confrontación entre el poder civil y el poder militar es un avieso plan que le puede causar grandes males a la democracia colombiana que está tratando de escalar hacia la alternación política y hacia la conquista de la reconciliación nacional. Por lo pronto, la estrategia perversa de la oposición ha impedido avanzar en algunos cambios estructurales que requiere la Fuerza Pública, reformas que había iniciado el general Alberto José Mejía al final del gobierno de Juan Manuel Santos y que apuntaban a transformar las Fuerzas Armadas de cara al posconflicto. Reformas que quiso adelantar Petro.
Miremos las realidades actuales de las Fuerzas Armadas, sus verdaderas limitaciones y la urgencia de algunos cambios estructurales. Tratemos de ver si de verdad han mejorado algunas cosas en los tiempos de Petro.
No es cierto que estas Fuerzas Armadas sean insuficientes para enfrentar las fuerzas ilegales que campean en el país. Las Fuerzas Militares cuentan con cerca de 220.000 efectivos y, si sumamos los 23.000 civiles que les prestan servicios, tenemos 243.000 activos. A cifras de diciembre de 2024, la Policía está compuesta por 178.300 efectivos. Es decir, un poco más de 420.000 en filas. La segunda Fuerza Pública de América Latina, detrás de Brasil. (Ver cuadro al final)
Hagamos una comparación. En 2003 y 2004, las Fuerzas Armadas enfrentaban el siguiente desafío: 34.000 efectivos de los paramilitares –cifra que se vio cuando se desmovilizaron–, mientras que las Farc contaban con cerca de 20.000 guerrilleros, según decían las fuentes oficiales una vez salieron del Caguán, y los demás grupos contabilizaban quizás 10.000 efectivos o más. Es decir, mal contados 64.000 ilegales y las Fuerzas Armadas eran menores a las actuales. Ahora tenemos una amenaza de 18.000 ilegales, sumados el Clan del Golfo, el ELN, las disidencias de las Farc y demás organizaciones del crimen organizado. La proporción es de 20 a 1.
¿Si las insuficiencias no son atribuibles al tamaño, cuál es el problema? Las Fuerzas Armadas tienen que adaptarse a los profundos cambios que ha tenido la violencia. No hay ejércitos guerrilleros tratando de llegar a Bogotá. Las fuerzas ilegales se han replegado a las fronteras y a los territorios profundos para controlar rentas, territorio y población. O proliferan como bandas en las grandes ciudades. Se han diluido. La mayoría no usan uniformes distintivos. No hay grandes concentraciones de tropa. Pocas veces atacan de frente a la Fuerza Pública, mientras se enfrentan a muerte entre ellas y agreden sin misericordia a la población civil.
Es urgente volver sobre la idea de separar a la Policía del Ministerio de Defensa, fortalecer su acción ciudadana en sitios claves de las ciudades, crear una policía rural con capacidades y atribuciones para controlar el territorio y enfrentar a las mafias y a los grupos ilegales en colaboración con el Ejército. Transformar radicalmente la inteligencia en el entendido de que el cometido principal de la Fuerza Pública es proteger la población civil en los territorios y no tanto salvaguardar al Estado de la amenaza insurgente.
No es cierto que la Fuerza Pública se haya debilitado por la salida de cerca de 70 oficiales entre generales y coroneles, muchos de los cuales estaban vinculados a fenómenos de corrupción o a violaciones de los derechos humanos. Tampoco es cierto que la supresión de los bombardeos y el cuidado en las intervenciones en los territorios impida una presencia eficaz de la Fuerza Pública en lugares claves; la toma de El Plateado fue una muestra fehaciente de que se puede avanzar militarmente en el territorio sin causar graves daños a la población.
Con Duque, la imagen de las Fuerzas Militares, que nunca había bajado en promedio de un 58 por ciento de aprobación, cayó a un 48 por ciento, la cifra más baja de la historia. Desde agosto de 2022, la percepción positiva volvió a crecer y hasta el momento no ha bajado del 60 por ciento de favorabilidad. Con los líderes de opinión, la medición anual realizada por Cifras y Conceptos, muestra cómo, durante el gobierno de Duque, la confianza en el Ejército y la Policía también registró los niveles más bajos de aprobación, con 54 y 48 puntos respectivamente. En la última medición de Cifras y Conceptos, el Ejército subió a 65 y la Policía a 59. Más de diez puntos en cada caso.
Por otro lado, el gobierno Petro ha puesto en marcha iniciativas para mejorar el bienestar de los miembros de la Fuerza Pública, como el aumento de pensiones por invalidez y la aprobación de la Mesada 14 para veteranos. Dignificar a la Fuerza Pública es una tarea que merece continuidad.
