Por qué sí la reforma al Sistema General de Participaciones

A la reforma constitucional al Sistema General de Participaciones -SGP- le surgieron varios críticos provenientes de la tecnocracia económica, algunos de ellos exministros de Hacienda.

Uno de los críticos dijo que esa reforma es un desastre para el país. Lo que es realmente un desastre es el atraso, la pobreza, la violencia y la exclusión que se vive en varias de las regiones, sobre todo las más apartadas del centro geográfico. Para ellas, el centralismo no ofreció ninguna respuesta durante la vigencia de la Constitución de 1886; y la de 1991, que es prolija en el reconocimiento de derechos, sigue en deuda con los derechos de los ciudadanos que allá residen. Una de las razones por las cuales la Constitución de 1991 sigue en deuda, es porque a pesar de haber establecido la autonomía territorial, esta no se puede aplicar en un régimen en el que la nación concentra la mayoría de los recursos y las decisiones sobre su destino.

También han planteado que con la reforma se avecina un desbalance económico sin antecedentes. Frente a ese argumento hay que señalar que están poniendo en la balanza la disminución de ingresos de la nación versus sus competencias actuales. Y claro, habría un desbalance monumental si un mayor número de recursos se transfieren a departamentos y municipios mientras la nación conserva las competencias que hoy tiene. Lo que no se está diciendo con claridad es que la reforma constitucional solo entrará en vigencia una vez se apruebe una ley que redistribuya competencias para que muchas de las que actualmente tiene la nación pasen a los departamentos y municipios. Cada porcentaje que la nación pierde en ingresos está asociado al desprendimiento de varias de sus competencias.

Desde el punto de vista político advirtieron que con el incremento de recursos a los departamentos y municipios lo que se haría es fortalecer las castas políticas regionales. Creo lo contrario y paso a explicarlo: lo que fortaleció a las castas regionales antes de 1991 fueron los auxilios parlamentarios porque eran los congresistas mediante la ejecución de estos recursos quienes fidelizaban electores y acumulaban poder político. La Constitución de 1991 acabó con dichos auxilios y estableció la elección popular de Gobernadores que se sumó a la de Alcaldes que se había aprobado en el Congreso en 1986. Consecuentemente, los constituyentes de 1991 decidieron que si los ciudadanos elegían a sus gobernantes locales había que garantizar su autonomía a través de unas finanzas que les permitieran atender las demandas de su población. Por eso diseñaron la fórmula del crecimiento progresivo de las transferencias de la nación hacia los departamentos y municipios. Una reforma constitucional tramitada en 1999 acabó con esa fórmula y regresó al Gobierno Central el grueso de los recursos. Con esta última reforma se fortalecieron las castas políticas regionales porque los alcaldes y gobernadores empezaron a depender de los congresistas que los acompañaran al ministerio respectivo para lograr la firma de los convenios a través de los cuales se les transferiría dinero para pavimentar calles, construir y pavimentar carreteras secundarias, hacer acueductos, alcantarillados, escuelas, colegios y un largo etcétera. Las castas regionales más poderosas surgieron del éxito de su intermediación para favorecer algunos departamentos y algunos municipios. En ese orden de ideas, la reforma al SGP contribuiría a terminar con esa intermediación que es en la inmensa mayoría de los casos una fuente de clientelismo.

Los más moderados señalaron que si se quiere fortalecer la autonomía territorial lo que hay que hacer es una reforma al régimen tributario territorial para incrementar los ingresos fiscales de los gobiernos locales. Aunque ese planteamiento es impecable en la teoría, en la práctica lo único que hace es incrementar la desigualdad entre las regiones. Lo ilustro con un ejemplo: la Amazonia colombiana representa más del 40 por ciento del territorio continental colombiano y aproximadamente el 60 por ciento de ese territorio amazónico es área sujeta a alguna figura de protección, por lo tanto en él no puede operar la figura de la propiedad privada y en ese contexto no habría lugar al impuesto predial que es la principal fuente tributaria de los municipios. Lo mismo sucedería con gran parte del litoral pacífico y, sumadas esas dos regiones, ya estamos hablando de más de la mitad del territorio nacional. Una reforma al sistema tributario territorial, incluida la actualización del catastro, favorecería fundamentalmente a los municipios y departamentos que hoy ya registran los mayores niveles de desarrollo. Así las cosas, lo más democrático es distribuir en las regiones un porcentaje significativo de los ingresos de la nación.

Finalmente, los críticos prendieron las alarmas sobre la ausencia de controles eficaces en las regiones que puedan evitar el manejo inadecuado de los recursos. Frente a esa preocupación es preciso recordar que los recursos que tienen origen en impuestos nacionales, como los del SGP, están bajo la órbita de control fiscal de la Contraloría General de la República y no de las Contralorías Territoriales. Y frente al Control Disciplinario y Penal hay que decir que en el país hay una sola Procuraduría y una sola Fiscalía. En resumen, sí la reforma es aprobada, los controles fiscal, disciplinario y penal seguirían en cabeza de los organismos nacionales de control y de la Fiscalía General de la Nación.

Termino esta columna haciendo memoria de mi paso por el Ministerio del Interior para contarles que desde esa cartera atendí protestas de toda índole y en toda la geografía nacional. Varias de ellas tuvieron que ver con asuntos que en un régimen con una adecuada distribución de competencias y recursos deberían ser atendidas por un alcalde, como por ejemplo aquellas surgidas de solicitudes de mejoramiento de carreteras veredales o la electrificación de zonas rurales, para citar solo un par de casos. Pero así parezca increíble, los alcaldes de esos municipios no tenían en su presupuesto recursos suficientes para atender demandas tan elementales. No es descabellado decir que los ciudadanos de la mayoría de los municipios del país y de una buena parte de los departamentos, están eligiendo a sus gobernantes con la expectativa de que a estos los volteen a mirar desde el Gobierno nacional.