Luis Alberto Arango
7 Junio 2025 03:06 am

Luis Alberto Arango

Premio o castigo de la reforma laboral

El artículo 17 del proyecto de reforma laboral obliga a las empresas que crezcan más del 4  por ciento a pagar una prima adicional a sus empleados. Aunque busca repartir el éxito, podría castigar a los micronegocios que no logran cubrir ese costo con su utilidad real.

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Imagine usted a Julia, dueña de un pequeño taller de confección en Bucaramanga. Tiene siete empleados, todos contratados formalmente con el salario mínimo mensual vigente en 2025, que es de 1.423.500 pesos. Durante 2024, su taller facturó 300 millones; este año logró vender 312 millones, es decir, un 4 por ciento más. Ese aumento de 12 millones en ventas brutas le dio algo de esperanza: significa, en el mejor de los casos, 1 millón adicional por mes, antes de descontar el costo de telas, arriendo, transporte y servicios. Sin embargo, según el artículo 17 del proyecto de reforma laboral, ese crecimiento la convierte en “empresa exitosa” y la obliga a pagar una prima de crecimiento a sus trabajadores: el 20 por ciento del salario mínimo, es decir, 283.700 pesos por empleado. Como tiene siete trabajadores, deberá pagar en total 1.992.900 pesos por ese concepto.

Ahora bien, si el margen neto de utilidad del negocio es del 10 por ciento —margen probable y que en algunos sectores podría ser optimista—, ese incremento de 12 millones en ventas le dejaría 1.200.000 de ganancia efectiva. Es decir, la utilidad neta es inferior al bono que ahora estaría obligada a pagar. Julia no solo no gana más por crecer, sino que pierde. En su caso concreto, habría un déficit de casi 800.000 pesos. Y lo más grave es que este ejemplo no es una rareza: puede repetirse en miles de pequeños negocios en todo el país.

Legislar de este modo, sin considerar estas realidades operativas mínimas, es además de una irresponsabilidad, una auténtica perversidad. Porque lo que se vende como un premio al éxito termina operando como una multa por crecer.

“Julia no solo no gana más por crecer, sino que pierde. La utilidad que logra es menor al bono que debe pagar”.

 

Las cifras del DANE deberían alertarnos. En su boletín del 30 de mayo pasado, se registró un crecimiento del 8,3 por ciento en el número de micronegocios durante el primer trimestre del año frente al mismo periodo de 2024. No nos equivoquemos con la palabra micronegocios, pues en su conjunto no lo son. Estamos hablando de 2,4 millones de negocios que ocupan 2,9 millones de personas y que en el primer trimestre de este año generaron ingresos por 23.5 billones de pesos. Pero ese dinamismo es engañoso: sus ingresos, según el DANE, cayeron en un preocupante 8,5 por ciento comparado con el mismo trimestre del año anterior. Esta caída ha pasado desapercibida en el debate público, pero tiene una implicación enorme. Estamos viendo más micronegocios, sí, pero con menos ingresos y lo más seguro es que con márgenes más estrechos o incluso negativos. Imponerles una obligación salarial adicional bajo criterios vagos o mal definidos por el Congreso puede asfixiarlos aún más.

El proyecto de ley no aclara si el umbral del 4 por ciento se mide en términos reales o nominales, ni cuál variable se toma como base: ¿ventas? ¿utilidad operativa? ¿ingresos netos? En un país con inflación de tres a cinco por ciento anual, este vacío puede convertir una simple actualización de precios en un supuesto "crecimiento" que active la obligación de pagar la nueva prima legal por crecimiento económico. A esto se suma un “efecto acantilado”: si una empresa crece 3,9 por ciento, no paga nada. Pero si crece 4 por ciento, debe desembolsar la nueva prima para todos sus trabajadores. Esta lógica binaria genera incertidumbre y desincentiva la expansión.

“Lo que se vende como un premio al éxito termina funcionando como una multa por crecer”.

 

Es entendible el espíritu de la medida. Busca alinear intereses entre capital y trabajo, lo cual es, en principio, positivo. Compartir excedentes razonables puede fortalecer la cohesión y productividad laboral. Pero, en la práctica, el diseño propuesto tiene serios riesgos: puede incentivar la subdeclaración de ingresos, reforzar el “enanismo empresarial” —esa tendencia de muchas empresas a no crecer para evitar cargas adicionales—, y afectar desproporcionadamente a micros y pequeñas empresas con márgenes reducidos y poca capacidad de maniobra, así como a las que generan pérdidas eventuales.

¿Qué alternativas hay? Se me ocurren algunas. Una opción sería introducir una super-deducción salarial: permitir que las empresas deduzcan de su base gravable de impuestos un 150 o 200 por ciento del valor de cualquier prima voluntaria que otorguen a sus trabajadores, más allá de las legalmente establecidas. Así se estimula el reparto del crecimiento, pero con incentivos fiscales en lugar de imposiciones rígidas. El problema es que es atractivo para las empresas que generan utilidades, no para las que tienen pérdidas ocasionales.
Otra posibilidad es diseñar un bono de productividad para las grandes empresas, vinculado al EBITDA real por trabajador. Este modelo premiaría mejoras en eficiencia verificadas, no simplemente incrementos brutos de ingresos que pueden deberse a inflación o a factores coyunturales.

Sea cualquiera la fórmula, creo que sería de  mínima sensatez el implementar estas figuras de prima dentro de un programa piloto de un par de años, por ejemplo 2027 y 2028, con evaluación ex post obligatoria antes de extenderla a todo el país. Se podrían elegir sectores o regiones específicas, medir el impacto real en formalización, empleo y evasión, y corregir el diseño antes de convertirlo en mandato nacional.

“Al tratar de legislar el éxito, lo que realmente están haciendo es castigar el desarrollo empresarial”.

 

Confieso que no tengo la menor idea de si esta medida será virtuosa o fallida, me inclino por lo último. Pero lo que sí sé es que, si no se reglamenta con rigor técnico, será perversa. En vez de motivar el esfuerzo, castiga al que mejora. En vez de premiar el crecimiento, convierte el progreso en un pasivo.

No se puede convertir el fruto en castigo. Si sembrar da cosecha, el Estado no puede como retribución imponer una penalidad al empresario. Así no se construye una economía productiva ni se formaliza el país. El Congreso debe actuar con responsabilidad y afinar esta propuesta antes de que termine asfixiando a los que más necesitan espacio para respirar. 
Me temo que, al tratar de legislar el éxito, lo que realmente están haciendo es castigar el desarrollo empresarial.

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