Revisando las cifras de los presupuestos ambientales en varios de los países de la región, es evidente que en su gran mayoría tienen importantes vacíos o brechas para poder llegar a atender sus metas básicas, principalmente en las establecidas en los planes de desarrollo, acuerdos internacionales de reducción de emisiones y acuerdos sobre protección de la biodiversidad.
Colombia no es la excepción, y se ve a gatas para implementar sus programas más ambiciosos, ya sea la apuesta nacional del Fondo para la Vida, del cual depende en gran parte la financiación de los programas de pagos por conservación que apalancan adicionalmente las estrategias de restauración productiva en el gran arco de deforestación. La ejecución de las agencias que atienden los territorios en conflictividad socioambiental es inversamente proporcional a su rol.
Sin embargo, ni estos fondos, como tampoco los de otros sectores, incluyendo los de sustitución de cultivos, catastro, infraestructura, titulación y producción agrícola, han podido despegar apropiadamente, en términos de su volumen, sincronía y complementariedad, en las regiones críticas donde confluyen la degradación ambiental, el conflicto armado y las necesidades básicas insatisfechas.
También es cierto que la cooperación internacional se ha movilizado, poniendo sus recursos y esfuerzos técnicos para hacer sinergia con estas prioridades, que convocan dos de los más importantes aspectos que suscitan la cooperación en Colombia: la paz y el ambiente. A pesar de ello, no ha sido fácil lograr que haya una tracción financiera acorde con el reto, y por supuesto que esto se proyecta en territorios donde la credibilidad de la institucionalidad pública es parte de la disputa con los diferentes grupos armados que se encuentran buscando un posicionamiento político con las poblaciones en el marco de sus proyectos de ‘reemplazo del Estado’. Doble reto, que no debe dejarse de lado cuando en esos territorios la efectividad de los grupos armados para ‘transformar’ territorios es mucho más alta que la institucionalidad publica en general.
Ante este panorama, es necesario buscar mecanismos alternativos que permitan llegar a los territorios con agilidad, transparencia y contundencia. El fortalecimiento de organizaciones locales para el financiamiento directo es un mecanismo que pide pista y debe ser puesto en primera línea de oportunidades para un número importante de territorios, donde la gobernabilidad y la transparencia no pondrán en duda la capacidad y destino de los fondos. Igualmente, la ampliación de los fondos mixtos de recursos nacionales y de cooperación, ya sea Colombia Sostenible o Herencia Colombia, que son cada vez más una herramienta poderosa y exitosa en diferentes países del mundo, deberían estar enfocados en las áreas de mayor prioridad tanto ambiental como de conflictividad social (caso municipios PDET, Parques Nacionales, Zonas de Concentración, borde de frontera agropecuaria, fronteras continentales críticas, etc.), junto con nuevos actores como el sector privado, podrían hacer apuestas de largo plazo para proponer transformaciones territoriales que requieren compromiso de Estado, más allá de cada gobierno de turno.
Como se ha visto en los pasados tres gobiernos, estas intervenciones generalmente adolecen de un liderazgo claro dentro de las instituciones, y suele diluirse en fugaces ministros que logran captar la potencia de estas intervenciones, pero que con el paso del tiempo y la feria de la vanidad otros ministerios hacen su propia partitura. O tal cual consejero presidencial hace un plan que se pierde entre competencias de recursos financieros que generalmente no están bajo su responsabilidad.
Al otro lado de la frontera, Brasil se pone nuevamente a la vanguardia, asigna recursos responsablemente y jalona la voluntad internacional para crear nuevos mecanismos financieros de largo plazo. Colombia aún tiene un patrimonio ambiental, institucionalidad publica, organizaciones sociales potentes, ONG´s de alta calidad técnica y voluntad en la mayoría de su espectro político para tomar decisiones de largo plazo y revertir la tendencia de sabanización de la amazonia, así como de la degradación de los demás ecosistemas estratégicos del país en medio de este proceso cada vez más rápido de calentamiento. Pero no será posible revertirlo si no se construye un modelo diferente de gerencia, administración, operación y financiación de fondos publico/privados que logren responder a la brecha acumulada durante tantos años, que se ve no solo en la degradación ambiental, de bosques, aguas y suelos, sino en la conflictividad social, política y armada de los territorios.
Creo que a propósito del nuevo periodo electoral que se avecina, es hora de revisar la posibilidad de redefinir una arquitectura institucional donde lo ambiental, lo agrario y la política de paz en zonas rurales puedan ir de la mano bajo una visión estratégica. Esto, en concurrencia con la cooperación internacional en apuestas de largo plazo, podría ser una oportunidad de revertir tendencias de conflictividad muy severas que alimentan esa percepción de Estado fallido regional de la cual he escrito en las ultimas semanas. Y de lo que si pueden estar seguros es que en los territorios hay quienes ya están modelando su idea de región, construyéndola a paso firme y sin disculpas de quienes, se dice, “son aprendices” del Estado.
