Una semana agitada, tras el condenable atentado al candidato Miguel Uribe, seguido por bombardeos entre Israel e Irán, que confirman el estado de inestabilidad global, y la facilidad de entrar en escenarios de guerra y una senadora demócrata es asesinada a tiros, y los líderes mundiales vociferan al calor de la guerra. Mientras tanto, en el Congreso colombiano, tuvimos la oportunidad de hacer una sesión en el marco de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, donde se analizaba la compleja relación existente entre los efectos del calentamiento global, la deforestación y la pérdida de gobernabilidad regional.
Las organizaciones indígenas de la Amazonía colombiana están viviendo una compleja situación, donde, de una parte, tienen logros que son el resultado de décadas de trabajo, como es el caso del decreto para la reglamentación de las entidades territoriales indígenas, y por el otro lado, estar denunciando la terrible situación de reclutamiento forzado de sus niños y adolescentes por los grupos armados ilegales presentes en la región. Ciertamente, el subregistro de la situación es la cortina de humo sobre la cual se invisibiliza esta dramática situación, donde, al igual que en el Pacífico, los niños se suicidan ante esta posibilidad, cada vez más recurrente. En ese mismo contexto, el avance de las economías ilegales en estos territorios es generalizado, pues con una demanda mundial de oro y coca por las nubes, los precios de servicios dentro de estas cadenas de ilegalidad han subido como espuma.
Desde los ríos fronterizos, como el Orinoco, Guainía, Isana, Atabapo, Vaupés, Tararira, Apaporis, Caquetá, Puré, Putumayo y Purité, el pasar de dragas, oro, armas, gente, coca y marihuana es cada vez mayor, y el control territorial de cada grupo se acentúa, empezando por doblegar a las autoridades tradicionales, y vincular, billete en mano, a la gente que ve en esa bonanza amenazante una oportunidad de recursos que no se le presenta bajo ningún esquema de negocio legal. Más de 10 grupos armados de varias nacionalidades tienen presencia en diferentes zonas transfronterizas controlando el portafolio de negocios que hay en cada región, así como los corredores, y la articulación con otros operadores de cada negocio. En un proceso de esta magnitud, con tantos recursos en juego, control territorial, reglas de control poblacional y ejercicio de ‘justicia’, también es evidente cómo muchos funcionarios públicos ya no solamente operan bajo el modelo de corrupción, sino que se vuelven funcionales al modelo y la institucionalidad es cooptada.
El asunto es que esta región del mundo, la Amazonía noroccidental, desde Pando, en Bolivia, pasando por Madre de Dios, Ucayali y Loreto, en Perú, Sucumbíos y Pastaza, en Ecuador, así como Amazonas en Brasil y Venezuela, y todo el borde suroriental colombiano, está hoy operando bajo esta condición, bajo la presión de múltiples economías ilegales, ‘operadores de seguridad’, instituciones cooptadas y poblaciones subyugadas. Este escenario se ha construido lenta y pacientemente en las últimas décadas y, gracias al desgreño, sospechoso de los Estados (¿la tercerización de la Amazonía?), hemos llegado a este punto.
Esta semana se reunía en Leticia una comitiva de todos los países amazónicos con sus ministros de Defensa, donde se le daría seguimiento a la Declaración de Belén, donde los presidentes habían acordado avanzar en la coordinación regional en políticas de seguridad contra el crimen transfronterizo. Poco se ha avanzado desde ese entonces, hace dos años, y el escenario pareciera proyectarse hacia la fórmula convencional de ‘operativos de seguridad’ donde nuevamente las comunidades vulnerables quedarán en medio del fuego cruzado y con alta vulnerabilidad ante una respuesta simplista. A los Estados les cuesta trabajo reconocer esta pérdida de gobernabilidad territorial, y más aún, el fracaso de un modelo de Estado que, en esta periferia, es menos legítimo que los operadores de las economías ilegales. Por ello es interesante ver el movimiento de organizaciones civiles, pueblos indígenas, academia y empresas privadas que se están movilizando de manera importante en diferentes escenarios, llamando la atención sobre la necesidad de tomar medidas efectivas para revertir estos procesos, que seguramente llevarán décadas, así como lo fue para llegar a este caos.
Recuperar la capacidad de ejercer la justicia, empezando por la resolución de conflictos locales, así como generar y recuperar derechos básicos como el acceso a condiciones de salud y educación digna, y más aún, a la seguridad de sus familias, donde la gente no tenga miedo de enviar al colegio a sus hijos en una zona rural por temor a que los recluten, son parte de los primeros pasos. Como se ha visto, es importante generar modelos económicos sencillos, viables, asequibles para la población, pues hoy las juventudes rurales no encuentran opciones reales, adaptadas a sus condiciones, de fuentes de trabajo o para crear iniciativas comerciales viables, por lo cual es fundamental hacer acuerdos de Estado para poder vincular esa población económicamente activa en modelos de generación de ingresos estables y de largo plazo. Ojalá que los bosques y la biodiversidad fueran una opción económica real para la gente en estos territorios como resultado de una política pública.
El país lleva más de tres décadas en ensayos desde el Plan Nacional de Rehabilitación, las zonas PDET (Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial), Zonas Futuro, Espacios Territoriales de Reincorporación y cuanto ensayo haya para transformar territorios donde sus indicadores de violencia son inversamente proporcionales a los de bienestar e inversión social. Los diagnósticos del sistema de Naciones Unidas también nos muestran cómo la brecha entre las diferentes zonas del país se aumenta cada vez más, y, precisamente, las áreas de mayor biodiversidad, recursos naturales en buen estado y servicios ambientales estratégicos son aquellas que se encuentran imbuidas en ciclos de violencia interminable. Creo que es un momento de repensar otra forma de Estado en esa Colombia olvidada, en particular en sus fronteras, donde el extractivismo y el crimen ambiental son hoy el indicador del punto de inflexión en la gobernabilidad regional, pues no solo se está resecando el bioma sino la esperanza de la gente en los ríos.
