Los datos de la inflación del mes de abril muestran una leve mejoría en relación con la que se había contabilizado en marzo. En efecto, la variación de precios anualizada para marzo había sido del 13,34 por ciento al paso que para abril se redujo a 12,82 por ciento. Una reducción de cerca de medio punto porcentual.
Lo más interesante es que la reducción comienza a sentirse, aunque levemente, en el rubro de alimentos que es el factor que más golpea a las familias pobres.
Esta evolución venía esperándose desde hace varios meses, pero solo hasta ahora comienza a concretarse. Como lo dijo el comunicado oficial del Banco de la República “las condiciones para que la inflación empiece a ceder se están dando”.
Dos razones explican esta nueva tendencia que ojalá continúe: de una parte, en la segunda parte del año sale el grueso de las cosechas en el país. De allí que los segundos semestres de cada año suelen ser menos rigurosos en la variación de precios que los primeros. Y la segunda, que las medidas del banco central –tan criticadas por algunos– comienzan a dar resultados positivos. La demanda agregada empieza a enfriarse que es de lo que se trata. No quiere ello decir que el Banco de la República vaya a bajar precipitadamente sus tasas de referencia, pero la carrera alcista de las mismas debe tener un respiro si la tendencia registrada en abril se consolida.
Resulta chistoso que ante la divulgación por parte del Dane de los datos de inflación de abril el Gobierno se lanzó inmediatamente, por boca de los inefables trinos presidenciales, a cobrar como propio este cambio de tendencia: a intentar ganar indulgencias propias con avemarías ajenas.
En realidad, si alguien tiene méritos en este cambio de tendencias son, de una parte, la normalización de la oferta agrícola y la moderación devaluadora del último mes que no afectó tanto como en meses anteriores las importaciones de alimentos y, de otra parte, que los efectos de la política monetaria del banco emisor empiezan a mostrar resultados esperanzadores.
El Gobierno tiene ante sí un reto político-económico gigantesco: continuar con la política de reajustes a los precios de los combustibles para aminorar el déficit del fondo de estabilización que alcanza más de 30 billones de pesos. Ya se escuchan voces que con ligereza reclaman del Gobierno que se suspenda o aun revierta esta valerosa política que –debe reconocerse– inició con brío la administración Petro desde la primera hora. Y que se ha visto rubricada con un último ajuste en el precio del galón de gasolina a partir de mayo.
Sería fatal que el Gobierno cediera ante estas propuestas. Ya, afortunadamente, el nuevo ministro de Hacienda ha confirmado que se seguirá cumpliendo con los postulados de la regla fiscal y con el objetivo de ir reduciendo el abultado déficit del fondo de estabilización de los combustibles que tanto desorden introduce a las cuentas fiscales.
La lucha contra el fenómeno inflacionario es la gran batalla que se libra hoy en el frente económico por las democracias occidentales. Ningún país ha estado exento de esta plaga. El banco de la reserva federal (FED) de Estados Unidos ha elevado nuevamente sus tasas de referencia para decirles claramente a los mercados que la lucha contra la inflación continúa y que no están dispuestos a bajar la guardia. Otro tanto están haciendo los países europeos que siguen registrando inflaciones de dos dígitos.
Quienes tienen más músculo fiscal están subsidiando a los hogares pobres a sobrellevar esta época de inflación sin precedentes. En la agenda mundial aparece la lucha contra la inflación en los primeros puestos de prioridades. Nosotros no podemos pretender ser la excepción.
