Paola Herrera
22 Marzo 2023

Paola Herrera

Rappirreforma

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La reforma laboral presentada por el Gobierno nacional ha generado mucha polémica en diferentes sectores de la sociedad porque aunque busca mejorar las condiciones de trabajo para millones de personas en el país, también podría poner en riesgo la sostenibilidad empresarial, la creación de empleos y la tecnología como fuente de ingresos. 

Ese último punto, el de la regulación a las plataformas digitales, es el que más división ha causado debido al impacto que causaría en casi 200.000 personas que hoy viven de esa actividad económica, la cual consiste en prestar un servicio que fue solicitado por medio de aplicaciones y recibir plata según la cantidad de órdenes que se atiendan o de horas que se trabajen a diario. 

Aunque en la propuesta de reforma que presentó el Ministerio de Trabajo se busca que esas personas tengan contratos de trabajo convencionales, con términos indefinidos y con todas las prestaciones sociales y beneficios que debe recibir un empleado formal, los mismos trabajadores han rechazado la medida porque dicen que les conviene más la forma en que hoy funciona el negocio, que, entre otras cosas, les garantiza su independencia. 

Y ese es justamente el dilema de este asunto y en eso se centrará el debate que seguro será muy complejo en el Congreso de la República. Y es que por un lado están quienes piensan que plataformas como Rappi, por ejemplo, son un modelo que funciona bajo la explotación laboral, hay otros que aseguran que no se puede atacar la innovación y las nuevas formas de generar ingresos en medio de una economía bastante golpeada, de una migración cada vez mayor y unas tasas de desempleo muy altas. 

Pero tratemos de entender qué es lo que está sobre la mesa. Si se aprueba la reforma como la presentó el Gobierno, una empresa como Rappi tendría que hacerle un contrato a cada uno de los afiliados a esa aplicación. El objetivo es que con esos contratos haya protección en materia económica, pero sobre todo en materia de seguridad social, es decir, que se les pague la salud y la pensión a quienes hoy se dedican a hacer los domicilios y que están muy expuestos a accidentes y a otro tipo de riesgos laborales. 

Eso, según Matias Laks, presidente de Rappi, significaría el fin de ese negocio tal como lo conocemos hasta ahora porque bajaría el número de domiciliarios significativamente, estaría en menos ciudades y hasta la constancia en la prestación del servicio se afectaría. 

La razón es que hoy día el 90 por ciento de los domiciliarios de Rappi, solo trabajan 20 horas a la semana, tienen otras actividades y solo usan la aplicación para tener ingresos extras, mejor dicho ‘lo de los dulces’. Esas personas, que son cerca de 100.000 trabajadores, se desvincularían de la plataforma porque se acabaría la flexibilidad que es la gran ventaja que hoy tiene ese sistema, según sus promotores.

El Gobierno insiste en que todo se trata de un pánico que están generando quienes han normalizado la precariedad de un negocio y ante la advertencia del retroceso que se daría en el país al dejar por fuera a tantas personas que viven del trabajo con tecnologías como la de Rappi, el Ejecutivo responde que el problema sería dejar en manos del mercado y de las normas mercantiles los derechos humanos. 

En medio del debate ha surgido una nueva propuesta y es encontrar un punto medio para no acabar con el negocio, pero sí regularlo. Incluso el presidente de Rappi dijo en entrevista con la W Radio que sí quieren estar regulados pero que todos ganen con esta actividad, sin acabar con los beneficios que hoy se tienen.

Lo cierto es que el único “punto medio” que por ahora se ha conocido es el que propone el gremio de las plataformas Alianza Inn que pide, en nombre de las aplicaciones, crear una concurrencia para el pago de la salud y la pensión de los rappitenderos que reciben más de un salario mínimo al mes. 

La idea es que entre los repartidores y las empresas administradoras de apps se pague conjuntamente esos competentes en unos porcentajes que habría que definir. Adicional a eso, proponen asumir el ciento por ciento de los riesgos laborales de los repartidores que ganen más de un salario y que haya un seguro de accidentes para los que por baja dedicación de tiempo, hagan menos del equivalente a ese salario.

Esta sería una solución salomónica, pero solo si se establece como una obligación, es decir, sí o sí las plataformas deberán garantizar que sus trabajadores o afiliados van a empezar a aportar a salud y pensión, y a tener garantías laborales. 

De lo contrario, la misma Rappi y otras plataformas –que generan ingresos para miles de personas, en un país donde las condiciones no son para todos– estarían reconociendo que las nuevas formas de emprender no garantizan las mínimas condiciones. 

Lo importante es no seguir abriendo la puerta para que se creen empresas y estas crezcan y se enriquezcan a costas del trabajo duro de otros y, lo peor, promoviendo la informalidad en Colombia.

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