A pesar de las denuncias, las pruebas y la presión ciudadana, el 'negocio pinchallantas' reapareció en el mismo lugar de siempre. Lo advertimos y, como era de esperarse, las autoridades fallaron otra vez.
El pasado sábado 12 de abril, un padre y su hijo de 15 años transitaban desde el occidente de Bogotá hacia el oriente, rumbo a un funeral. Antes de subir el puente de la Calle 80 con Avenida 68, fueron sorprendidos por una escena que ya había sido denunciada públicamente: un motociclista se les acercó, miró al joven con frialdad y, tratando de pasar desapercibido, dejó caer al piso un objeto metálico afilado. En la maniobra alcanzó a rozar y golpear levemente el automóvil. Luego se alejó, no sin antes devolver la mirada a los pasajeros y esbozar una sonrisa perversa. El hijo, con esa lucidez que comienza a afianzarse en los adolescentes, comprendió de inmediato que algo malo había sucedido.
La llanta se desinfló después de pasar sobre el objeto afilado. Pero, afortunadamente, tanto padre como hijo conocían la historia. Sabían que justo en ese punto de la Calle 80 con Carrera 64 opera un montallantas que fue cerrado por las autoridades apenas en febrero pasado, tras la difusión de un video que expuso la modalidad delictiva de forzar pinchazos mediante esta técnica, para luego extorsionar a los conductores con reparaciones costosas, como lo conté en una columna anterior publicada el 22 de febrero, titulada “Qué negocio tan pinchado”.
Lejos de detenerse allí, arriesgaron el rin y la llanta, y continuaron el trayecto hasta llegar a otro montallantas cercano a la Avenida Caracas, donde fueron atendidos sin abusos ni engaños. El técnico que los ayudó fue claro: “Esa modalidad volvió hace pocos días. Estuvo inactiva como un mes”. La estadística es lapidaria. Ese mismo día, otra persona que se dirigía al mismo funeral sufrió un pinchazo exactamente en el mismo lugar. No se detuvo, cambió la llanta por su cuenta y buscó ayuda en un sitio de confianza. Dos víctimas, dos destinos iguales, un mismo lugar: esto no es mala suerte, es reincidencia delictiva. Es la prueba de que la modalidad delincuencial ha regresado al sitio que fue cerrado, temporalmente, y ahora opera como si nada hubiera pasado.
¿Dónde están las autoridades? ¿Dónde están los operativos que tanto se anunciaron con bombos y platillos? ¿Qué hizo la Alcaldía de Barrios Unidos, la Secretaría de Seguridad, la Policía de Bogotá? La respuesta es vergonzosa: nada. La sanción que impusieron no fue más que un maquillaje administrativo —un cierre por diez días— que terminó siendo una burla para la ciudadanía.
Y no se trata solo de un caso de “daño en bien ajeno” o estafa. Aquí hablamos de algo mucho más grave. Forzar el pinchazo de un carro en movimiento no es un simple delito menor: es una tentativa de homicidio. Un vehículo con una llanta perforada pierde estabilidad, capacidad de frenado, control. Puede provocar un accidente fatal. ¿Qué pasaría si un motociclista, una madre con niños o un ciclista se ve involucrado en un siniestro por culpa de estos criminales?
Bogotá no puede seguir permitiendo que la ilegalidad se institucionalice en puntos fijos de la ciudad. Este caso es especialmente alarmante porque ya fue visibilizado, denunciado, registrado en video y, aún así, se repite. No hablamos de una modalidad escondida, ni de una operación clandestina. Es un crimen a plena luz del día, en una vía principal, con actores identificados y modus operandi documentado.
La omisión de las autoridades no solo es cómplice, es criminal. ¿Qué más necesitan para actuar? ¿Una tragedia? ¿Una muerte? ¿Un nuevo video viral? Si con todas las herramientas legales, tecnológicas y judiciales a disposición no han sido capaces de desarticular una red tan básica como esta, ¿cómo pueden protegernos de bandas más complejas?
Esta columna no es solo una denuncia. Es un expresión de frustración ciudadana. Es un llamado urgente a las autoridades para que asuman su deber con seriedad, investiguen a fondo, judicialicen a los responsables y erradiquen esta modalidad de estafa que se ha convertido en una pesadilla para los bogotanos.
No se trata de cerrar un local por unos días. Se trata de recuperar la confianza en la institucionalidad. De demostrar que el crimen no paga. De garantizar que ningún ciudadano tenga que temer por su vida al transitar por una vía pública.
Hoy, con evidencia en mano, solo cabe decir: les quedó grande.
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