En los días venideros vendrá una catarata de abstrusos análisis constitucionales sobre la consulta popular que ha convocado el presidente Petro. Quiero hacer en esta ocasión un aporte a este debate en un plano sencillo, casi elemental. El sentido común a menudo se olvida cuando se discuten elevados temas como el de una consulta popular.
Primero, toda la argumentación presidencial está montada sobre el raciocinio de que la consulta se hace necesaria porque ocho traidores de la Comisión Séptima del Senado se confabularon contra el pueblo colombiano para proponer el archivo de la reforma laboral. Falso. El trámite parlamentario debe respetarse, empezando por el presidente de la República. La proposición de archivo estuvo enmarcada dentro de los procedimientos y trámites que contemplan las leyes parlamentarias y debe respetarse.
Segundo, la consulta popular no está prevista para responderle al Congreso cuando este no está de acuerdo con el ejecutivo. Y mucho menos por un gobierno que no cuenta con más del 25 por ciento de las bancadas. La consulta no está prevista como una instancia contra las decisiones del Congreso.
Está contemplada para solicitar la opinión del pueblo frente a grandes decisiones que enfrenta un país. Por ejemplo, en España consultaron a la ciudadanía sobre si pensaba que el país ibérico debía ingresar a la Otan. Es para ese tipo de grandes disyuntivas que está contemplado el mecanismo de la consulta en el constitucionalismo moderno. No para circunvalar determinaciones parlamentarias.
Segundo, Petro invoca los once millones de votos que lo eligieron como argumento justificativo de la consulta. Pero resulta que el mandato que entraña aquella votación, como los alimentos, tuvo fecha de expiración. Y esa fecha de expiración en el mandato político ya le llegó a Petro.
Le llegó en las pasadas elecciones locales cuando su grupo fue derrotado estruendosamente en las grandes capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, Bucaramanga. Por eso, las encuestas realizadas desde entonces acreditan que su popularidad en el mejor de los casos nunca excede del 30 por ciento. El mandato político mayoritario que recibió el presidente en 2022 hace rato expiró.
Tercero, dijo por televisión que había propuesto un gran “pacto político” del cual se burló la oligarquía esclavista (ese es ahora su lenguaje preferido), que lo humilló, que nunca quiso aceptar aquel gran acuerdo político y que por eso se hace necesaria una consulta popular para darle salida a sus reformas sobre la salud y lo laboral.
¿Quién rechazó ese pacto político que ahora desempolva Petro con su discurso? ¿Quién se burló de él? La memoria que tenemos fresca todos los colombianos es que fueron los permanentes insultos y descalificaciones del presidente a los gremios, al sector privado y en general a todo aquel que no comulgaba con sus improvisadas ideas, lo que hizo imposible el gran pacto político que nunca se dio. Es cierto, pero por culpa de Petro.
Intentos de concertación hubo y múltiples. Todo aquel que se ha puesto a estudiar el tema de la salud y el laboral recuerda infinidad de reuniones frustradas, de memorandos enviados al Gobierno que éste nunca leía, de cuantificaciones solicitadas y nunca presentadas, de esquivos avales del Ministerio de Hacienda nunca presentados a pesar de que la ley lo exige, de urgimientos desatendidos de las cortes en temas cruciales de salud.
Y con todo este telón de fondo, sale el Gobierno a decir que se necesita una consulta popular ahora para suplir lo que no fue capaz o no quiso concertar en su momento. Ridículo.
Vamos pues hacia una consulta popular. ¿cuánto va a costar? y, sobre todo, ¿cuánto dinero va a canalizar espuriamente el Gobierno para pagar las movilizaciones masivas que se dispone a promover cuando dice añorar el estallido social que quisiera repetir? Y ahora, además, con días cívicos de por medio que también cuestan a la economía enormemente.
Será una cifra que sin lugar a duda sobrepasará el billón de pesos, que caen como una inútil pedrada en el ojo sobre las famélicas finanzas públicas.
Pero dirán que no importa. Que se trata de consultar a la ciudadanía y que eso es la democracia. Cuando en el fondo no es más que un atajo que se ha inventado el Gobierno para hacer política, para esquivar al Congreso, para reencauchar los intentos de balconazos y de amagos de asambleas constituyentes que le han fallado todos, y con los que creyó deslumbrar a la ciudadanía en meses pasados.
Lo cierto es que Petro perdió hace rato la calle, que nunca le respondió. Y ahora cree poder recuperarla en una arriesgada maniobra que le exigirá movilizar no menos de un tercio del censo electoral para que sea válido, es decir cerca de trece millones de votos.
Recordemos que Álvaro Uribe, en el cenit de su popularidad, intentó hacer algo similar con un referendo de 20 preguntas, de las cuales apenas logró que se aprobara una de ellas.
¿Qué sucederá en esta ocasión, cuando Petro sale con el sol a la espalda a intentar recuperar una popularidad que perdió hace tiempo?
