Desde que tengo memoria, las áreas de frontera de Colombia han sido zonas en donde confluyen elementos contrastantes. De una parte, hay una marcada presencia de comunidades indígenas y negras, la mayoría, originarias de estas zonas, y otras desplazadas durante cientos de años de despojo territorial.
Zonas marcadas además por una exuberante biodiversidad, donde posteriormente a mediados del siglo XX, varios naturalistas y científicos colombianos, determinaron la necesidad de salvaguardarlas mediante la creación de áreas protegidas, que garantizarían, además de su riqueza natural, los servicios ambientales de los cuales depende el país en su seguridad climática.
Las distancias, el tipo de poblaciones, la idea de que son “selvas lejanas llenas de alimañas” con desdén por nuestra multiculturalidad pero, en particular, ese centralismo político administrativo, llevaron a un progresivo abandono de estos territorios por parte de un Estado, que no les veía su utilidad económica, variable que por excelencia determina las lógicas de la política colombiana.
A finales del siglo XX y principios del actual, en medio de una actividad creciente de grupos armados de diferente vocación política, estos territorios empezaron a tener un incremento de acciones militares, como reacción a la presencia insurgente, que por lo regular no pasó, en el mejor de los casos, de consolidar algunas instalaciones fronterizas, que muchas veces eran percibidas como un “castigo” por parte de quienes eran asignados a estos destacamentos.
Paralelamente surgen dos importantes fenómenos, que se han mantenido hasta la fecha. Lo primero es un creciente proceso de exploración, extracción y comercialización del oro, que presente en estas zonas, genera una llegada masiva de nuevas poblaciones asociadas a este negocio, y obvio, la presencia de grupos armados que regulan o participan directamente. El otro fenómeno es que dada la existencia de numerosos “corredores” de transporte de drogas, en especial la coca y marihuana, se presentan cada vez más zonas donde esta movilidad restringe la presencia de las comunidades locales, la de los funcionarios públicos, o peor aún, se convierten en zonas de disputa armada.
En medio de esta puja por economías ilícitas, con poderes armados de por medio, las áreas protegidas se deterioran rápidamente, se debilita cada vez más su estructura física y financiera, y los territorios indígenas y de comunidades negras son el único mecanismo de gobernanza territorial legítimo para poder sortear esa condición de aguda crisis. Con diferentes niveles de relacionamiento, unas veces satisfactorio y en otras no tanto, la política de participación social en la conservación, dejó un rastro que hasta hoy es visible en diferentes partes del territorio. En el Chocó, en Catatumbo, en el Vaupés, en la Sierra, o en el Putumayo, diferentes procesos permitieron una amalgama social e institucional, que daba oxígeno a las propuestas de manejo territorial en aquellas apartadas zonas.
Esto viene teniendo cada vez más dificultades y deterioro. En un diagnóstico que realicé entre el año anterior y este, logré ver cómo la casi totalidad de ríos en la frontera con Ecuador, Perú, Brasil y Venezuela, tenían actividad de minería ilegal, la mayoría de oro, y en algunas zonas del Guainía, de coltán. Centenares de dragas se están comiendo nuestro patrimonio natural, dejando territorios envenenados con mercurio, y lo peor, grupos indígenas cuyos resultados de análisis de sangre reportan niveles inmensamente superiores a los señalados por la OMS como permisibles.
Territorios de pueblos indígenas en aislamientos, literalmente sitiados por garimpeiros brasileros, y “seguridad” colombiana, que baja por el río otras cositas. Otras, a escasos kilómetros de Leticia, haciendo fila para entrar el Purité, pagando cuota. Además, empiezan los reclutamientos, involucramientos, restricciones, llamamientos, de todo este circo fatal de la guerra. Recientemente, indígenas del lado peruano del río Putumayo denunciaban reclutamientos forzados de grupos colombianos. En el río Nanay, que alimenta el acueducto de Iquitos, grupos colombianos hacen acciones armadas para ampliar la actividad minera.
Por el Pacífico, las rutas del narcotráfico han puesto un tono en la agenda que ahora nos abre la discusión en este tema, incluyendo un enfoque reduccionista sobre Gorgona. ¿Cuándo y cómo hablaremos sobre las flotillas de barcos de diferentes naciones, incluyendo los poderosos barcos chinos que barren estos mares? Y si se habla de Gorgona, entonces habremos de hacerlo en Malpelo y Providencia. La coincidencia entre territorios indígenas y de comunidades negras con las zonas de yacimientos mineros explica una parte importante del traslape con las más feroces disputas armadas entre los diferentes grupos armados que están en esa región. Paradójico, el Pacífico violento.
En Katíos, la horda de la migración, no deja ver la consolidación de proyectos que incluyen este parque y otros territorios. Hace un par de años, los incendios de este bosque super húmedo del trópico eran el preludio de esta toma anunciada. Al otro lado del país, sobre el río Orinoco, en donde recuerdo aún mis tardes en El Tuparro, al lado de Maypures, las avionetas pasaban, de un lado al otro, mientras por el Tomo, subían muchachos recién enfierrados. No sé cómo, pero la constante ha sido que sin importar la distancia a los puestos de control armado, las economías ilegales siguen. Puede ser Marandúa, Inírida, La Pedrera, Leticia, Puerto Leguízamo, Guapi, no importa, pero la actividad sigue, y a veces, sigue creciendo.
Entonces si después de todas estas décadas, tenemos evidencia de que el modelo está fallando y las fronteras no están implicando un modelo de integración regional (a pesar de las cacareadas iniciativas de cada periodo presidencial), de acciones entre Estados que prioricen estas zonas, como zonas de diversidad cultural y biológica prioritaria, y donde la seguridad regional está en juego.
¿Podrán desarrollarse propuestas viables, en el actual Plan de Desarrollo, donde los pueblos indígenas y negros jueguen un papel estructural en la gobernanza, donde las áreas protegidas sean nodos de inversión económica sostenible? ¿Podrán las Fuerzas Militares adaptar su política de seguridad y defensa, con una acción disuasiva en lo militar, y enfatizada en la inteligencia? ¿Podrá la Fiscalía, por fin, tener un cuerpo de fiscales ambientales dedicados a las problemáticas de frontera, en articulación con los países vecinos y la cooperación internacional dados los vínculos de los grandes mercados de Europa y estados Unidos? ¿Podrá el actual Ministerio de Ambiente fortalecer la política de Parques Nacionales para recuperar los espacios territoriales fronterizos que hace años gestionaba en conjunto con las poblaciones, ONG, y países vecinos? Esperemos que los diálogos de paz del actual gobierno, contribuyan a aclimatar esta discusión, que requiere un consenso entre todos.
