En el mundo de la comida hay un dicho sabio: si quieres disfrutar de la salchicha es mejor que no preguntes cómo se hizo. En el proceso legislativo es precisamente lo contrario. Si quieres disfrutar de los beneficios de una ley, tan importante es el proceso de su fabricación como el resultado final.
La Constitución y las leyes establecen unos procesos y unos requisitos para garantizar que las leyes que se aprueben sean idóneas y legítimas. Los requisitos reglamentarios y legales del debate legislativo no se inventaron como un ritual. Tienen una lógica que parte de que no todas las leyes son iguales. Si hasta en el cielo hay jerarquías, tiene que haberlas también en el mundo de las leyes.
La lógica es en el fondo sencilla: entre mayor impacto tenga una ley en las instituciones y en los derechos de los ciudadanos, más concienzuda y seriamente debe ser considerada por los legisladores. De allí que las leyes tengan rango. No es lo mismo una ley de etiquetado de alimentos que la creación de la Jurisdicción Especial para la Paz. No es lo mismo una ley de honores al mondongo que un proyecto de ley que transforma el sistema que protege el derecho fundamental a la salud.
Parecería que el gobierno Petro quisiera que nos tragáramos la salchicha de la reforma a la salud sin reparar en cómo se está fabricando su aprobación. Ya sabemos que se están incluyendo entre los ingredientes legislativos varios atajos políticos, constitucionales y legales que auguran un mal sabor y le impiden a los ciudadanos saber con certeza cómo y con qué se está cocinando la nueva ley.
A los partidos de la coalición se les dijo que tranquilos, que la salchicha sí incluiría sus ingredientes. Sin embargo, la ponencia del proyecto de ley de reforma a la salud resultó siendo prácticamente idéntica al que venía impulsando la señora ministra Corcho desde un principio. Ese engaño creó un inmenso malestar no solo entre los políticos de la coalición sino también entre los ciudadanos.
La rebelión de los partidos de la coalición ante el menosprecio por lo pactado en la propia Casa de Nariño llevó al que el gobierno lanzara, de una manera bastante impúdica por decir lo menos, la estrategia del “gota-a-gota” legislativo. Es decir, adquirir, literalmente, el respaldo voto a voto de aquellos parlamentarios dispuestos a no acatar la instrucción de su bancada, que es como ordena la ley. La solicitud de la Casa de Nariño de renuncia a los viceministros, como consecuencia del rechazo de sus partidos a la reforma, es una confesión de parte que confirma que se está apelando a las formas más oscuras del clientelismo político.
Parecería que estamos viendo otra vez la misma película de la yidispolítica en la que el gobierno de Álvaro Uribe compró los votos de varios congresistas con sobornos y notarías para poder pasar el proyecto de reforma constitucional que instauraba la reelección. Ese episodio mandó a la cárcel a Yidis Medina, Teodolindo Avendaño e Iván Díaz, a ministros y al secretario general de la presidencia. La Procuraduría y la Fiscalía deberían hacerles un seguimiento preventivo a las votaciones de la reforma a la salud, así de pronto se evitan los hechos cumplidos y condenas eludibles.
Ya de por sí es impactante que el gobierno del Pacto Histórico, que fue elegido primordialmente porque representaba la esperanza de un cambio en las costumbres políticas, haya buscado la gobernabilidad sobre la base de una coalición a la antigua; para que ahora también intente aprobar sus reformas aplicando el “voto a voto” para obtener las mayorías. Petro prefiere en su terquedad reproducir los vicios del pasado, que históricamente ha denunciado, antes que renunciar a su peligrosa y cuestionada reforma a la salud.
En la jerarquía legislativa las leyes estatutarias tienen un rango superior a las leyes ordinarias. El carácter estatutario lo define el asunto y temática. Cuando se regulan los derechos fundamentales y las garantías que contempla la Constitución de 1991 ineludiblemente se trata de una norma de alcance estatutario. Hay suficiente jurisprudencia para establecer, e incluso el mismo gobierno lo considera así, que la salud es un derecho fundamental. Por lo tanto cualquier reforma al sistema que garantiza ese derecho fundamental es inevitablemente estatutaria, lo cual implica un trámite similar a una reforma constitucional.
Eso lo manifestaron Humberto de la Calle y un grupo de parlamentarios en un pronunciamiento público. El gobierno insiste en tramitar dicha reforma como ley ordinaria a sabiendas de que eso va a conducir a su inevitable inconstitucionalidad. Los parlamentarios que la apoyen están advertidos de la ilegalidad que constituye votar una ley como ordinaria cuando a todas luces es de naturaleza estatutaria. Como van las cosas todo parece indicar que el gobierno con la reforma a la salud nos está preparando una jugosa salchicha de conejo, sin mostaza, obvio.
Twitter: @gabrielsilvaluj
