Más allá del escándalo doméstico de la niñera de Laura Sarabia y Armando Benedetti, que escaló a las graves sindicaciones de chuzadas ilegales y financiación irregular de la campaña presidencial, que esperamos sean investigadas de manera oportuna, imparcial y objetiva por las autoridades correspondientes, la semana que pasó sin duda alguna es la más dura para el jefe de Estado desde que asumió el poder. A pocos días de culminar el primer año de sesiones del Congreso, es evidente que el Gobierno perdió sus mayorías parlamentarias y su ambiciosa agenda de reformas sociales no tiene posibilidades de salir adelante. Por el contrario, es posible que esta semana no solo siga empantanada la reforma a la salud, sino que en la Comisión Séptima de Cámara se archive la reforma laboral. A pesar de que muchos críticos se alegren, esas no son buenas noticias para el país.
Colombia requiere profundas transformaciones sociales, frustradas desde hace más de un siglo. Las mayorías ciudadanas votaron por ese espíritu de cambio. Más que por el contenido de las reformas, lo hicieron por un sentimiento de hastío con el establecimiento, representado en su versión más inútil e indolente por el gobierno Duque. La obligación del Gobierno de Petro es concertar esos cambios, no imponerlos. Y con la crisis desatada cada vez será más difícil. Las reformas impuestas nunca salen bien y no son sostenibles en el tiempo. La actitud oficial, radical y arrogante, impide viabilizar una agenda reformista y hace flaco favor a la derecha recalcitrante que defiende sus privilegios y considera que el país no necesita ninguna transformación, que la desigualdad y la exclusión no son motivo de preocupación y juega duro por mantener el statu quo.
El gobierno en forma terca y equivocada dilapida una oportunidad única e irrepetible, en la que muchos de quienes integran el denominado establecimiento demuestran disposición a ceder, avanzar y concertar las reformas sociales. Comprenden que se debe escuchar la voz mayoritaria de los colombianos, expresada en las calles en 2019 y 2021, y en las urnas en 2022.Todavía hay tiempo de rectificar y dialogar, de buscar consensos que no se pueden asumir como debilidad. En 1991 el presidente Gaviria se embarcó en su propósito de la apertura neoliberal, convencido de la necesidad de abrir el país al mundo, modernizarlo en el contexto global del consenso de Washington. Surgieron entonces voces críticas, incluso en el interior del propio gobierno, que pidieron que las reformas privatizadoras se hicieran en forma gradual, con el fin de evitar grandes daños al aparato productivo y al agro. El gobierno de entonces logró las mayorías para imponer su visión en forma acelerada, no escuchó los llamados a la moderación y dejó atrás muchos damnificados que se hubieran podido evitar sin sacrificar su propuesta modernizadora que resultó positiva para sectores como los servicios públicos, puertos o la misma salud.
Hoy, 30 años después, Petro lidera un cambio en la dirección contraria, que es necesario para construir mayor equidad y un clima de paz social. Gradualidad es la palabra clave para garantizar el éxito de este proceso que revisa muchas de las decisiones de entonces. Se equivocan quienes pretenden hacernos creer, algunos de buena fe y otros no tanto, que el país era un paraíso hace diez meses y ahora Petro nos conduce al infierno. Se equivocan también aquellos radicales dentro del Gobierno y su bancada que buscan, con mucho de ingenuidad y algo de prepotencia, cambiar todo y al mismo tiempo. El Gobierno no debe abandonar su visión reformista. Lo que tiene que entender es que la mayoría de ciudadanos que eligió a Petro votó por el cambio, no por una revolución. Aún hay tiempo de rectificar el camino y salvar ese cambio. Quedan más de tres años. Si se insiste en la línea radical el fracaso será inevitable. Los libros no registrarán la actitud saboteadora y perversa de la minoría que se opone a cualquier cambio, sino la negativa del Gobierno a buscar consensos. No desaprovechemos una oportunidad histórica que no sabemos cuándo se repetirá. Un giro hacia la concertación puede salvar las posibilidades de avanzar en las reformas el próximo semestre. Para darlo es importante que los sectores duros del Pacto Histórico comprendan que las mayorías no votaron por la revolución que ellos sueñan y que hoy es irrealizable.
Frente al escándalo permitamos que funcionen las instituciones y se establezca rápidamente la verdad de lo sucedido con el polígrafo, las chuzadas y la financiación de la campaña. Para salvar las reformas del cambio se requiere una dosis grande de diálogo y sensatez. Nunca es tarde.
