Se acabó la tolerancia de Colombia con crímenes de grupos armados

Basta revisar los resultados de la reciente encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre la percepción de los colombianos acerca de la justicia transicional derivada del Acuerdo de Paz con las Farc, para darse cuenta de que cada vez hay menos tolerancia social con los beneficios jurídicos para los integrantes de los grupos armados que violan los derechos humanos. 

Y cuando se habla de grupos armados ilegales la referencia es clara: las disidencias de las Farc, el ELN, el Clan del Golfo y el resto de los que actúan hoy en Colombia y que buscan diálogos con el Gobierno o están ya en ellos.

Más de la mitad de los encuestados -el 50,5 por ciento- opinaron que la cárcel debe ser parte del castigo a los exmiembros de esos grupos. Ese porcentaje se elevó a 56,5 por ciento cuando se preguntó por la cárcel como parte de la pena a los antiguos jefes de las Farc, que hoy tienen el beneficio de la justicia restaurativa.

Estas cifras muestran, ni más ni menos, que hoy un eventual plebiscito por la paz sin cárcel para los autores de graves delitos contra la población civil, como el que tuvo lugar en octubre del 2016 para refrendar el acuerdo con las Farc, podría perderse con una contundente diferencia.

El triunfo del ‘No’ sobre el ‘Sí’ en 2016 fue apenas por 0,43 puntos porcentuales. En votos, la diferencia fueron solo 53.894 más, dentro de una votación en la que participaron poco más de 13 millones de colombianos.

Lo más impactante de las cifras de la encuesta del PNUD es que reflejan la opinión de los habitantes de las 16 zonas del país históricamente más golpeadas por el conflicto armado, donde se ha supuesto que la gente está más dispuesta a respaldar justicias alternativas para facilitar procesos de paz que les devuelvan la tranquilidad.

Y es así, a pesar de que en esas zonas, según la misma encuesta, el 82 ,1 por ciento privilegia una salida negociada del conflicto sobre el uso de la fuerza militar. 

La pregunta sobre la preferencia por la cárcel o la justicia restaurativa se hizo en 72 municipios de esas subregiones, conocidas como Zonas PDET tras su delimitación en el Acuerdo de Paz con las Farc como lugares prioritarios para la inversión social con Planes de Desarrollo con Enfoque Territorial -de ahí la sigla-. En ellas, la participación de sus habitantes debe ser protagónica en la definición de las obras que deben hacerse.

Es mucho más obvio que en las cinco capitales más importantes del país –Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla y Bucaramanga–, donde también se hizo la encuesta, la preferencia por la cárcel sobre la justicia restaurativa para los exjefes de las Farc tuviera un porcentaje mucho más alto: 68,2 por ciento.

En el caso de las ciudades ha sido recurrente la menor disposición a respaldar beneficios jurídicos para quienes cometen delitos graves y de lesa humanidad, pues en las grandes capitales la violencia de los grupos armados se ha sentido de manera menos intensa.

En todo caso, los datos de la reciente encuesta del PNUD sobre la preferencia por la justicia punitiva sobre la justicia alternativa en las zonas más afectadas por la violencia no deberían pasar inadvertidos para el Gobierno. Y mucho menos para los grupos armados que hoy sostienen diálogos con el Estado o que pretenden tenerlos.

El hecho de que la sociedad colombiana le esté cerrando el espacio a beneficios jurídicos para los grupos armados que le causan daño a la población civil, estrecha el margen de maniobra del actual Gobierno para negociar con ellos, por más que les reconozca estatus político y apueste por mecanismos de justicia restaurativa.

De ese ánimo social deberían tomar atenta nota las disidencias de ‘Iván Mordisco’, pues lo que cuenta son los hechos y, en la práctica, han ido pavimentando el camino para recibir tratamiento de criminales netos, sin atenuantes. Por más que en el discurso se empeñen en su supuesto estatus político.

Estas disidencias se han ido autograduando como meros criminales, sin agenda política, con ataques indiscriminados y con la provocación de tragedias familiares, como la muerte de un menor de 12 años y de su madre, quien falleció la semana pasada tras luchar más de un mes contra los daños que les provocó un ataque terrorista de los amigos de Mordisco en zona rural de Miranda (Cauca). El conductor del mototaxi en el que se transportaban, como el niño, murió el mismo día del ataque, ocurrido el 17 de mayo. A todas luces, crímenes de guerra.

Por supuesto, de los resultados de la encuesta del PNUD también deberían tomar nota la Segunda Marquetalia y el Clan del Golfo, cuyas guerras provocan desplazamientos y otros daños a civiles. Y el ELN, obstinado en mantener la práctica del secuestro, un crimen de lesa humanidad. 

El empeño de esta guerrilla en que los distintos sectores de la sociedad participen activamente del proceso de paz que se adelanta con ella, puede terminarse yendo al traste. De hecho, la misma encuesta del PNUD indica que al 80 por ciento no le gustaría participar en ese proceso de paz o sienten que tienen barreras, como la seguridad, para participar en esos diálogos.

El Gobierno no puede otorgar beneficios jurídicos amplios a autores de delitos graves por razones de la justicia internacional -en la cual no caben ni las amnistías ni los indultos para delitos graves y de lesa humanidad-, pero a ello se suma ahora el sentir de los colombianos, que están menos dispuestos a que se suprima la cárcel, como ocurrió en el Acuerdo de Paz con las Farc. 

Y este no es un antecedente menor para los actuales procesos de paz. Para la justicia internacional, no pueden perdonarse los crímenes graves, y para la sociedad colombiana ya no son tolerables. Así de claro. Es imposible ignorar esta realidad en cualquier mesa de negociación.