Se agotan los argumentos para que la liquidación de DMG siga abierta

La vida está llena de contrastes, y uno de ellos pasó casi inadvertido ante millones de colombianos que lo vieron en directo. Era la tarde del 7 de agosto de 2022, y el electo presidente Gustavo Petro iniciaba su recorrido del Palacio de San Carlos a la Plaza de Bolívar para posesionarse como el presidente número 42 de los colombianos.

Para ese entonces, el gobierno de Iván Duque había dado instrucciones a sus altos funcionarios de presentar la renuncia, y el ambiente en el gobierno saliente era de pesadumbre y de evidente derrota. Sin embargo, a un alto funcionario del Gobierno Duque se le vio muy animado ese día. El servidor público se ubicó de manera estratégica y pacientemente, y al parecer en compañía de su esposa, aguardó a que Petro y su familia pasaran frente a él.

La familia presidencial había avanzado 65,9 metros y en la esquina de la calle 10 con carrera sexta, el emocionado funcionario rompió el protocolo de seguridad y le dio la mano al nuevo presidente y le envió emocionados besos a la primera dama Verónica Alcocer.
La interacción duró segundos, pero en ella se vio claramente la cara de satisfacción del funcionario, luego de saludar de mano al presidente y de manera amistosa a la primera dama. Se trataba de Billy Escobar, superintendente de Sociedades nombrado por Duque y ratificado por Gustavo Petro.

Los cambios en Colombia son complejos y difíciles de hacer, pero en la Superintendencia de Sociedades bien puede decirse que no hay asomo de cambio. De hecho, el pasado 25 de junio, en el reporte del periodista Daniel Coronell, se reveló que una denuncia por un posible cartel de liquidadores en esa superintendencia había sido engavetada por funcionarios de la Presidencia.

Entre las cosas que no cambian están los listados de liquidadores que se repiten en liquidaciones multimillonarias. Algunas de ellas continúan a pesar del paso de los años, lo que terminó generando millonarias ganancias para los auxiliares de la justicia nombrados por el gobierno y pérdidas y desazón para las víctimas. Uno de los casos más emblemáticos es la liquidación de DMG.

DMG fue intervenida en noviembre de 2008 durante el gobierno de Álvaro Uribe, gracias a un decreto legislativo elaborado durante una emergencia económica. La abogada María Mercedes Perry participó en la elaboración de dicho decreto y días después fue nombrada por Uribe como liquidadora de DMG, cargo que ocupa hasta la fecha.

En noviembre de 2022, el superintendente de Sociedades, Billy Escobar, concedió una entrevista a Semana en la que hizo un balance de la prolongada liquidación. Aunque David Murcia y sus abogados sostienen que los bienes de la captadora al momento de la intervención estaban por encima de los 3 billones de pesos, Escobar reveló, a la fecha de la entrevista, que se habían hecho pagos a los acreedores por 91.629 millones de pesos.

Cuando le preguntaron por qué la liquidación ha durado tanto, el superintendente explicó que esta no se había podido terminar porque existía un viejo pleito por la incorporación de tres valiosos lotes a la masa de bienes de la liquidación. Dichos lotes tienen un área de 6 hectáreas y están ubicados en la Autopista Norte en Bogotá, a tan solo 850 metros del Centro Comercial Santa Fe.

La controversia con estos lotes surgió por una compraventa que no se llevó a cabo. Dos particulares, Luis Eduardo Gutiérrez Robayo y Juan Carlos Valencia, suscribieron una promesa de compraventa con los propietarios del inmueble, Colbank S.A. e Inverlopez Ltda. En virtud de la promesa de realización del negocio, los compradores pagaron a los propietarios del inmueble 23.000 millones de pesos. Cuando vino la intervención de DMG se supo que Robayo y Valencia habían pagado dicha suma con recursos de la captadora. Por ese motivo el negocio no se llevó a cabo y la propiedad de dichos lotes nunca estuvo a nombre de DMG o alguno de sus testaferros.

Colbank e Inverlopez se declararon víctimas de Robayo y Valencia. A pesar de que dicho inmueble nunca perteneció a la masa de bienes de DMG, la liquidadora del proceso, amparándose en una orden de extinción de dominio a favor de un particular, hecho inédito en sí, logró que la Superintendencia de Notariado y Registro inscribiera unas anotaciones de embargo y secuestro de los lotes.

Dichas anotaciones fueron echadas para atrás por la propia Supernotariado, al encontrar que no habían sido ordenadas por un juez. Por estos hechos hay investigaciones abiertas en la Fiscalía, en las que la señora Perry ha sido denunciada.
Un reciente fallo judicial, conocido por esta columna, evidencia cómo una vez más una autoridad determina que dichos predios no son, ni han sido de DMG. De tal manera que la promesa de reparar a las víctimas con dichos inmuebles no ha sido más que pajaritos en el aire.

El pasado 5 de julio, el juez sexto penal del Circuito Especializado de Bogotá resolvió un incidente de reparación interpuesto por 503 afectados por DMG. El incidente buscaba que Joanne Ivette León, exesposa de David Murcia, fuera conminada a reparar a dichas víctimas y que DMG en liquidación y Colbank, dueña de los lotes, fueran declarados terceros civilmente responsables. El juez ordenó desvincular a Colbank del incidente de reparación, entre otras cosas, porque la sociedad jamás hizo negocios con la señora León y porque la escritura pública de compraventa de dichos lotes jamás fue materializada.

Pero hay más, en 2013 funcionarios del IDU le pagaron a la liquidadora de DMG, y no a sus propietarios, 529 millones de pesos producto de la expropiación de una franja de dichos lotes. Sobre estos terrenos se edificó un puente peatonal del sistema TransMilenio. Es decir, el bien público está construido sobre un predio expropiado ilegalmente. Si el propietario quisiera cerrar el paso, podría hacerlo. Por estos hechos, Carlos López, representante legal de Colbank, interpuso una denuncia en contra de la señora Perry por presuntamente haber incurrido en una serie de delitos, entre ellos fraude procesal, falsedad ideológica en documento público y peculado por apropiación.

Roberto Charris, apoderado de Colbank, le dijo a esta columna que dicha sociedad había ofrecido el reembolso a DMG en liquidación de los 23.000 millones de pesos producto de la promesa de compraventa de los lotes, pero que la liquidadora se había negado a recibir dicha suma. El interés siempre ha parecido ser  la posesión de los valiosos predios.

Otro abogado, Santiago Morales, quien es apoderado de David Murcia y de las víctimas de la liquidación de DMG, interpuso una demanda de reparación directa la cual ya fue admitida por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca. En la demanda se tasan daños por 115.000 millones de pesos derivados de los gastos que la liquidación de DMG ha incurrido en el pago de vigilancia de unos lotes que no son de su propiedad, de no aceptar la devolución de los 23.000 millones de pesos propuesta por Colbank, y el respectivo lucro cesante. En este proceso, los magistrados del Tribunal aceptaron el llamamiento en garantía a María Mercedes Perry, solicitud que fue asentida por un abogado de la Superintendencia de Sociedades y respaldada recientemente por la Agencia de Defensa Jurídica del Estado.

Morales es el mismo abogado que interpuso las denuncias por un posible cartel de liquidadores en la Supersociedades. Le dijo a Daniel Coronell que ha sufrido amenazas y, aunque se solicitó su protección a la UNP, la entidad no ha sido diligente. Consultado por esta columna, se mostró optimista de que el gobierno Petro se desprenda de lo que históricamente se ha hecho en la Supersociedades.

Lo que a todas luces se pone en evidencia es que no quedan muchos argumentos para que una liquidación que ha durado 15 años siga su curso.