No hay duda de que Juan Fernando Cristo es una de las pocas personas que pueden hacer el milagro de organizar un diálogo que conduzca improbablemente a un acuerdo nacional. Pero no le va a quedar muy fácil hacerlo porque parte de una situación en la que una mayoría de los colombianos no está de acuerdo en cambiar la constitución y el presidente los culpa de ser “enemigos del pueblo”.
Si por acuerdo nacional se entiende que es un convenio o un entendimiento entre el Gobierno y una mayoría de los colombianos, se debe abrir una amplia discusión de las reformas que las partes consideran necesarias. Ya hay claridad de que no hay acuerdo sobre la reforma a la salud que ha tratado de imponer a la fuerza el Gobierno ni sobre la reforma laboral que ya presentó a consideración del congreso. Tampoco se conocen las otras iniciativas que se van a presentar y a discutir supuestamente. La insistencia del Gobierno en que las reformas que formen parte del acuerdo sean exactamente las que el Gobierno propone ha sido el obstáculo para que se aprueben; y si el ingreso de Cristo al Gobierno no es para introducir alguna flexibilidad y no para “aceitar” el paso de esas reformas por el Congreso sin modificaciones o discusión, hay que advertir que el presidente todavía no ha cambiado su libreto.
Si no cree que él y Cristo deben estar alineados, se va a perder la buena acogida que el nombramiento ha tenido y la ilusión que ha tratado de inducir el nuevo ministro de que en estos dos años que quedan se depongan los odios y se intente definir un futuro compartido. Probablemente vamos a seguir en las mismas; pero si hay diálogo es posible llegar a acuerdos, por lo menos parciales, si el presidente modera su agresividad.
Por ejemplo, la reforma de salud podría avanzar si se acuerda reconstruir un sistema que se ha conseguido inhabilitar, rescatando los aspectos que funcionaban antes de la intervención del actual Gobierno, principiando por conservar la información y el conocimiento del problema que poseen las EPS y las IPS, y corregir la baja cobertura e inoperatividad del sistema en el sector rural y en barrios marginales. El problema financiero que es el que se tendría que resolver en primer lugar, se ha agravado y sigue sin solución. Casualmente, The Economist del 6 de julio de este año se maravilla de que en Tailandia, un país de 72 millones de habitantes con el mismo ingreso por habitante que Colombia, la salud pública tiene una cobertura de 99,5 por ciento, prácticamente toda la población, y es financiado por impuestos (Why is Thai health care so Good?). El gobierno Tai se ha asegurado de que la red de hospitales garantiza la atención universal y que la oferta de médicos y el personal de salud respondan a las necesidades. Las IPS reciben un ingreso fijo por capitación de las personas a su cargo. Vale la pena enterarnos, conocer y quizás traer expertos que nos ayuden a diseñar algo que aquí funcione bien.
Otro problema es el de la reforma laboral. Tal como fue presentada aumenta el costo laboral para el sector formal de la economía, lo que posiblemente cause aumento del desempleo y de la informalidad, ocasionando una agudización de la desigualdad por mayores brechas entre el sector formal y la economía informal.
Esto nos lleva al punto de la baja productividad y la lentitud con la que crece nuestra economía, que no figuran en la lista de las cosas que preocupan al Gobierno, pero que debería ser prioritario porque si se quieren reducir la pobreza y la desigualdad, es necesario acelerar el crecimiento económico y asegurar que sea incluyente como lo haría un gobierno de izquierdas.
Mientras Cristo demuestra que no se ha equivocado y que no va a ser flor de un día en la administración Petro, podemos suspender nuestro escepticismo y contribuir al hipotético diálogo, si es necesario con monólogos.
