Muchos colombianos escuchamos por primera vez el nombre de la empresa Supergiros en medio de la turbulenta contienda electoral. Esta empresa dedicada a los servicios de transferencias de pagos en Colombia se ha convertido en la consentida del gobierno de Gustavo Petro, más específicamente de su actual departamento de prosperidad social, DPS. Lo anterior puede ser bastante reprochable si recordamos uno de los audios filtrados dentro de los famosos y muy cuestionados “petrovideos”, publicados por la revista Semana, en los que se escucha al presidente del Senado Roy Barreras afirmar que:
“La gente de Supergiros, que ya ayudó en la primera vuelta, quiere explicarle con la junta directiva cómo ellos pueden avanzar hacia un sistema cooperativo financiero. Le oyeron a Petro el tema de cómo acabar con el monopolio del sistema financiero (SIC). Esto va de la mano de un aporte, pueden ser 500 millones de pesos”.
Y como nada es fortuito, y el tiempo lo suele demostrar, Cielo Rusinque, actual directora del DPS ––entidad encargada de la dispersión de las transferencias–– anunció al iniciar su mandato que el programa Ingreso Solidario creado por el gobierno de Iván Duque en el marco de la pandemia, que transfería 420.000 pesos por beneficiario en ciclos bimensuales, sería reemplazado por el programa Hambre Cero. Lo cierto es que aún no se conoce cómo ni cuándo se comenzará a implementar formalmente el nuevo programa. Lo que sí sabemos es que en diciembre se anunció el giro de un bono extraordinario de 500.000 pesos a 324.000 familias nuevas que no estaban incluidas en el programa de Ingreso Solidario.
Lo anterior es una buena noticia, asumiendo que la focalización se haya realizado adecuadamente. El problema es que para entregar estas transferencias se escogió básicamente a dedo a las empresas Supergiros y Su Red. Según anunció Rusinque, los 324.000 nuevos beneficiarios deberían reclamar sus giros por estos operadores, apartándose del esquema original de Ingreso Solidario que dividía a los beneficiarios entre personas bancarizadas, a quienes su transferencia les llegaba directamente a sus cuentas, y no bancarizadas, quienes debían reclamar su transferencia por medios virtuales o físicamente. Los costos por transacción para un beneficiario bancarizado son de 1.000 pesos, mientras los costos para entregar una transferencia en puntos físicos de Supergiros y Su Red a personas no bancarizadas le cuestan al Estado 2.900 pesos. Lo que ha llevado a que estos operadores aumenten exponencialmente sus ganancias por el aumento en los servicios financieros que prestaron durante el último ciclo.
Este es un negocio multimillonario que puede dejar alrededor de 15.000 millones de pesos al año a cada operador, un aproximado de 2.500 millones de pesos por cada dos ciclos de dispersión.
La adición presupuestal que se estimó en 3.630 millones,1.100 millones más que lo pagado en los anteriores ciclos, y que se dio mediante un otrosí al contrato con Supergiros, que además prorrogó hasta junio de este año, se justificó en la necesidad de mantener abiertos los canales de cobro para aquellas personas que no reclamaran el pago del último ciclo a su cargo, así como en la adición de recursos y nuevos beneficiarios.
Para funcionarios que han trabajado en el DPS, la contratación de Su Red y Supergiros es un retroceso en el programa, pues se renuncia a la posibilidad de bancarización, lo cual es sumamente importante en la lucha contra la pobreza. Sin una cuenta bancaria, una persona en situación de pobreza no puede aspirar a créditos para vivienda, educación, emprendimientos, entre otros.
Aunque Supergiros desmintió las declaraciones del senador Barreras y negó ser aportante a la campaña de Gustavo Petro, resulta muy sospechoso que esta empresa se haya beneficiado tan rápidamente en este último giro extraordinario, justo cuando la entidad es manejada por Rusinque, una de las aliadas de Roy. Hay que recordar que la actual directora del DPS apoyó a Barreras en la consulta interna del Pacto Histórico.
Pese a que aún no es claro cómo serán los programas de transferencias condicionadas en el gobierno del presidente Petro, sí parece evidente que se seguirán beneficiando a empresas que no ofrecen valores agregados en sus servicios financieros para los menos favorecidos del país y tienen menor cobertura que los bancos, cosa que será fácil de justificar ante el discurso del Pacto Histórico de acabar con el supuesto “monopolio financiero”. Y aunque el debate sobre las inmensas utilidades de los bancos y las limitaciones que tienen hoy muchísimos colombianos para acceder al sistema financiero hay que darlo, la solución no puede ser renunciar a la bancarización para imponer un anacrónico, anárquico y más costoso sistema de giros.
Más vale que el DPS anuncie pronto cómo y cuándo comenzará el remplazo de Ingreso Solidario. También sería conveniente que nos aclaren a muchos si es cierto que entre los planes del gobierno está remplazar todas las transferencias monetarias que se hacen a través de los bancos para entregárselas a Supergiros. Mientras tanto, la demora en la implementación de un programa de transferencias a los más pobres podría estar aumentando considerablemente la pobreza. Y esto está pasando en el gobierno que dice representar a los pobres.
