Tarimas bajo sospecha: la licitación para logística que prende alarmas en Santander

El pasado 6 de junio, la Gobernación de Santander adjudicó un contrato por más de seis mil quinientos millones de pesos para la prestación de servicios de logística en eventos realizados por dicha entidad.

El contrato fue adjudicado a través de una licitación que ese mismo día prendió las alarmas. A través de su cuenta en X, el periodista Jorge Caicedo publicó: “Tremendo bochinche el que se está armando en Palacio Amarillo por cuenta del contrato de logística para los eventos de la @GobdeSantander.

Dos funcionarios amenazan con renunciar por presión y el operador lleva 5 meses prestando servicios de manera informal (Hechos cumplidos)”.
 

Las suspicacias alrededor de dicha adjudicación trascendieron el ámbito de las redes y llegaron a lo penal.

Javier Mayorga, abogado de la Unión Temporal Logística Santander 2025, que resultó descalificada en el proceso de selección, interpuso una denuncia en contra de Sandra Camargo, representante legal del consorcio ganador, y funcionarios de la Gobernación de Santander, entre ellos, la secretaria administrativa y los miembros del Comité Evaluador.
Los delitos, que tendrá la justicia que determinar si fueron cometidos, no son pocos ni pequeños: falsedad documental, fraude procesal, interés indebido en la celebración de contratos, celebración de contrato sin el lleno de requisitos legales y peculado por apropiación.

Según la denuncia, la empresa CDJ BTL S.A.S., que integra el consorcio ganador, habría estado montando tarimas, pantallas y escenarios para eventos oficiales desde marzo pasado sin que exista contrato registrado en SECOP II. Fotografías de esos actos, aportadas al expediente, mostrarían al hijo de la representante legal de CDJ manejando la logística en nombre de la Gobernación. Los denunciantes sostienen que la administración departamental pretende legalizar a posteriori lo ya ejecutado “premiando” a un contratista que trabajó en la sombra. 

Sería lo que en la contratación se conoce como 'hechos cumplidos', una situación en la que un un proveedor presta el servicio o ejecuta la obra antes de que exista un contrato válido o antes de que se perfeccione y registre presupuestalmente, maniobra que viola los principios de planeación y legalidad.

La licitación exigía que cada proponente demostrara capacidad técnica —es decir, experiencia comprobable para montar y operar la logística de eventos públicos—mediante la hoja de vida y las certificaciones de sus profesionales clave. Según la denuncia, el consorcio se apoyó en José Luis Medina Rincón como uno de esos especialistas: le adjudicó cinco años continuos de trabajo en CDJ BTL y con ello sumó los puntos necesarios en la evaluación técnica. Sin embargo, al verificar los registros de pagos de seguridad social del ADRES, a Medina Rincón solo le aparecen aportes esporádicos y fragmentados ―apenas algunos meses entre 2022 y 2024, con largos vacíos sin cotización―, muy lejos de los cinco años continuos que certificó el consorcio.

En contraste, un documento presentado durante el proceso por el consorció que perdió la licitación fue calificado como dudoso por el comité evaluador. Esa presunta duda le restó puntaje y lo sacó de la licitación. Sin embargo, ese escrito, un manifiesto de importación, fue certificado cómo auténtico por la DIAN.

Sí la justicia confirma la veracidad de estos señalamientos quedará en evidencia que en Santander primero se monta la tárima y luego viene el libreto.