En Colombia, la corrupción usualmente tiene gustillo a licor fino. En este caso, sabe a una botella de Johnnie Walker Blue Label King George V, valorada en casi cuatro millones de pesos. El whisky no se lo tomó cualquiera: presuntamente lo recibió José Alexis Mahecha Acosta, hoy subdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia (Dapre), cuando era secretario de Tránsito en Ibagué como parte de un esquema de dádivas descrito en una denuncia de posible corrupción.
Esta es la historia. Y si no está muy temprano cuando estén digiriéndola, queridos lectores, sírvanse algo fuerte, que lo van a necesitar. Según la acusación que reposa en la Contraloría Municipal de Ibagué, Mahecha habría recibido ese costoso regalo como favorecimiento de una ampliación de un contrato de 2017, cuyo objeto era “la prestación de servicios de una plataforma tecnológica para apoyar y complementar la gestión y operación de la Secretaría de Tránsito, Transporte y Movilidad de la ciudad de Ibagué, incluyendo soporte y mantenimiento de la misma”.
La adición era por más de 564 millones de pesos al acuerdo 1843 de 2017, que originalmente superaba los 1.244 millones de pesos. El problema no son los montos, ni lo inusual y estrambótico de la dádiva, no. Lo complicado es que, supuestamente, ni ese contrato ni su ampliación debieron existir. Una historia de esas que es presunto soborno chiquito, pero presunto soborno bonito.
La Contraloría identificó irregularidades desde el inicio de la plataforma llamada Moviliza. Según la revisión y los hallazgos administrativos, no hay evidencia de estudios serios de mercado, ni de cotizaciones válidas, ni de justificación clara sobre la conveniencia de un acuerdo de la plataforma tecnológica para la Secretaría de Tránsito. Todo esto cuando el alcalde era el señor Guillermo Alfonso Jaramillo, hoy nuestro flamante ministro de Salud.
Así, a la licitación se la acusa de haber sido una simulación. Un proceso hecho a medida del contratista. Y ese ganador tenía nombre propio: un consorcio formado por las compañías Inversión Comercial y Servicios SAS y Servicios Tecnológicos Integrales de Colombia SAS, ambos manejados por la misma persona, la señora Flor Arelis Fandiño Velasco. Una empresaria que, según la denuncia, no solo tenía muy buen gusto en whisky, sino que también repartía lindos bonos, ayudaba en remodelaciones y sobornos disfrazados de 'asesorías'. Presuntamente.
Y decimos esto ya que, en diciembre de 2018, justo cuando se firmó la adición, aparentemente se repartieron otros regalitos: esta vez dos botellas Buchanan’s de 18 años para los funcionarios encargados de tecnología de la Secretaría, responsables de la operación, y quienes reportaban información clave sobre las auditorías y las alertas técnicas. Doña Flor y sus dos torcidos.
La Contraloría también documentó, en una decisión del 11 de noviembre de 2020, que el contrato se celebró sin autorización para comprometer vigencias futuras, incumpliendo la ley e ignorando principios básicos de planeación y responsabilidad fiscal. El documento dice: “A pesar de estar enunciada y nombrada en el estudio previo y la minuta contractual, no se evidencia la respectiva autorización para comprometer vigencias futuras, debido a que el negocio jurídico inicia en 2017 y la ejecución de su objeto abarca hasta 2018. [...] Por lo anterior, se observa un presunto incumplimiento del artículo 14 del capítulo II del Decreto 111 de enero 15 de 1996, igualmente como lo estipula el artículo 1, inciso 2 del decreto 1957 de 2007: ‘Cuando se pacte la recepción de bienes y servicios de vigencias siguientes a la celebración del compromiso se debe contar con la autorización de vigencias futuras’.” No pasó.
Pero lo más grave es que el contrato nunca cumplió su objeto. Presuntamente. La plataforma fallaba con frecuencia, y su funcionalidad era cuestionada por los mismos miembros de la administración distrital. Sin embargo, con ayuda de algunos empleados técnicos del RUNT y reuniones sabatinas con mucho licor en el Sky Rooftop del centro comercial Acqua, según el señalamiento, se orquestaban montajes para pasar las auditorías. Habrá francachela y habrá comilona, pero de la plataforma, ni la más mínima señal de acción o mejora.
Según los documentos en poder de la Contraloría, en esas reuniones estaba la supervisora del contrato, quien era otra pieza clave del entramado. Esos agentes también habrían recibido, presuntamente, bonos y regalos. Y fueron quienes facilitaron el Otro Sí que extendió el acuerdo por 364 millones adicionales hasta el final de 2019. Por eso, el expediente fue trasladado, con todo y sus botellas, a la Fiscalía General de la Nación, el 17 de noviembre de 2020, para que se investigaran los hechos conforme a sus competencias.
La denuncia sostiene que, al ver venir el cambio de administración, los contratistas organizaron reuniones políticas para asegurarse de que el acuerdo siguiera vigente. Y se logró. En 2020, con una nueva administración, se dice que el consorcio desconectó la plataforma varias veces como medida de presión, esto con el objeto de quedarse con la siguiente licitación. Detalles que enamoran.
El informe técnico concluyó que el valor pagado por la plataforma fue superior al valor de mercado y que el proceso de contratación estuvo lleno de vacíos. De nuevo, todo esto ocurrido inicialmente durante la gestión de Mahecha Acosta como secretario de Tránsito, y la administración del alcalde Jaramillo. Los mismos que hoy, gracias a seguir siendo cercanos y equipo, despachan desde la Presidencia de la República como director administrativo y financiero del Dapre y el otro en el Ministerio de Salud. Dame uno doble en las rocas, por favor.
Pero el whisky en este caso es apenas la cereza del pastel. Ya que el nombre de Mahecha no solo aparece en contratos cuestionables en Ibagué. También figura en informes de inteligencia del desaparecido y oscuro DAS cuando fue su director seccional en Santander, Quindío y Valle del Cauca, entre 2004 y 2009.
Así lo reveló la periodista Claudia Julieta Duque en dos reportajes publicados en El Espectador, que merecen ser citados con rigor y respeto. Según su investigación, Mahecha firmó reportes de inteligencia contra organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y periodistas como Hollman Morris, que hoy también hace parte del gobierno. Dios los hace y el gobierno del cambio los cobija, aunque vengan con prontuario bajo la camisa. Amén.
Uno de esos casos fue el montaje judicial contra la Asociación Campesina del Valle del Río Cimitarra, en el que, basados en testimonios falsos y reportes manipulados, 18 líderes fueron perseguidos, encarcelados o forzados al exilio, en un proceso que posteriormente fue desmontado por falsedad de testimonios e irregularidades en los informes de inteligencia. Todos con la rúbrica de Mahecha.
El escándalo del DAS incluyó interceptaciones ilegales, seguimientos y persecución sistemática. Aunque Mahecha fue absuelto en dos instancias, el caso aún está bajo revisión en la Corte Suprema. Las víctimas, mientras tanto, siguen esperando un traguito, así sea corto, de justicia.
En su defensa, Mahecha presentó declaraciones extrajuicio firmadas en una notaría de Ibagué por el propio Morris y el presidente Gustavo Petro. Aunque la investigación de la periodista Duque intentó conseguir copia de tales documentos, no fue posible pues el juzgado asegura que fueron suscritos en la Notaría 38 de Ibagué, ciudad en la que solo existen ocho. Ahora sí, sírvanme uno triple y sin hielo.
No para ahí. El mismo personaje que hoy firma desde el Dapre, también fue protagonista de un escándalo en 2006, cuando el diario Vanguardia Liberal publicó en primera página que sus directivos estaban siendo seguidos e interceptados por el departamento de inteligencia. ¿Y quién dirigía la seccional del DAS en Santander en ese momento? Exacto: José Alexis Mahecha. El caso fue archivado, claro, como tantos otros. Pero en los discos duros de la antigua y desmontada agencia, esos que pocos revisan, quedaron las huellas de la persecución.
Como si fuera poco, su nombre también aparece mencionado en expedientes judiciales relacionados con uno de los más temidos paramilitares del Magdalena Medio, el señor Arnubio Triana Mahecha, alias Botalón. Con dos Mahechas, la trampa hecha.
Según informes de inteligencia y declaraciones recogidas por la Fiscalía, Botalón habría entregado cerca de 1.100 millones de pesos a funcionarios públicos para garantizar protección a rutas del narcotráfico. ¿Y quién aparece mencionado en esa ecuación? Otra vez Mahecha. Él, por supuesto, lo niega: dice que no conoce a Botalón, que jamás ha tenido vínculo alguno con él y que ni siquiera sabía quién era. Curioso, porque en el expediente también figura el entonces gobernador de Santander, Hugo Aguilar, hoy condenado por parapolítica. Páseme lo que queda de la botella.
Porque para explicar que alguien con este historial ocupe hoy un cargo en el gobierno del cambio, no hay trago fuerte que valga. ¿En qué momento se normalizó premiar al victimario mientras las víctimas siguen mendigando justicia? Otra promesa rota del Pacto Histórico que a nadie en Palacio parece importarle. Ni siquiera al señor Mahecha Acosta, que al cierre de esta columna se negó a responder las preguntas sobre todos estos temas. Seguro por andar tomándose un buen traguito en el descanso de Semana Santa.
Pero bueno, ya sabemos cómo funciona esto: el silencio se sirve en las rocas, las respuestas se diluyen en agua, ojalá bendita, y el pasado, si es incómodo, se declara festivo. En especial porque este no es solo un caso de procesos amañados, ni de una botella de alcohol costosa. Es el reflejo de una cultura política donde el cinismo se institucionaliza, y los escándalos se archivan junto con las pruebas. Es un trago amargo, pero es necesario tomárselo hasta la última gota para contar la historia completa. Porque, mientras José Alexis Mahecha continúa ascendiendo en el gobierno, los contratos sospechosos, los seguimientos ilegales y las dádivas con etiqueta escocesa siguen demostrando que en este gobierno nada cambió. Solo cambiaron las corbatas, subió el precio del whisky y se rompió la copa, la del presupuesto, claro.
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