El Gobierno prometió presentar en seis semanas una hoja de ruta para reactivar la economía. Casi tres meses después, el país sigue esperando resultados mientras proponen medidas que perjudican a los pequeños empresarios.
Han pasado 13 semanas, más del doble del plazo prometido, desde que el gobierno de Gustavo Petro, en el “Gran Foro de la Reactivación Económica” celebrado en Manizales el 9 de agosto, prometió que en seis semanas presentaría una hoja de ruta para la reactivación económica del país. Durante este último mes, he consultado a dirigentes gremiales y a personas cercanas al Gobierno, quienes me confiesan, en tono de frustración, que no tienen idea de qué ocurrió con esta propuesta. Sin embargo, el titular optimista y contundente que tuvo despliegue en los medios de comunicación “En seis semanas estará la hoja de ruta para la reactivación económica del Gobierno” cumplió su propósito de generar grandes expectativas en los medios y la opinión pública.
Como en otras ocasiones, el Gobierno mostró una intención loable y obtuvo un despliegue mediático. Sin embargo, los resultados siguen sin conocerse. Este patrón se repite: anuncios amplios y rimbombantes que no se materializan en políticas claras ni en acciones concretas que impulsen de verdad la economía. Y lo más preocupante es la incoherencia entre las palabras y los hechos, especialmente en temas que impactan directamente la economía nacional.
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“Han pasado 13 semanas, más del doble del plazo prometido, para presentar el plan de reactivación, y el país sigue esperando resultados concretos”.
Un ejemplo de esta contradicción es la presentación al Congreso de la nueva ley de financiamiento que, en lugar de facilitar el desarrollo de pequeños negocios, propone eliminar el Régimen Simple de Tributación, una herramienta que ha sido fundamental para los pequeños empresarios y profesionales independientes. Este régimen permite hoy simplificar más de 30 declaraciones de impuestos en una sola. Un gran alivio en la carga administrativa para pequeños empresarios, que genera además un impacto positivo en la formalización del empleo y en la dinamización de la economía. La eliminación de este régimen no solo carece de sustento, sino que contradice la narrativa gubernamental de apoyo a los pequeños negocios y a la formalización.
La esperanza es que los ponentes del proyecto de ley se opongan a esta propuesta puntual. Lamentablemente, el Gobierno no parece dispuesto a reconocer su error en público, ni ha buscado enmendar su propuesta solicitando que se mantenga el régimen simple de tributación que favorece a los pequeños empresarios en el país.
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“La eliminación del Régimen Simple de Tributación contradice la narrativa gubernamental de apoyo a los pequeños negocios".
En cuanto a la hoja de ruta para la reactivación económica, lo más cercano a este anuncio surgió el 9 de septiembre pasado, cuando el Gobierno dio a conocer un acuerdo con la industria nacional del acero. Según una nota publicada en el periódico oficial de la Presidencia de la República, VIDA, el presidente y su gabinete se comprometieron a apoyar al sector siderúrgico como parte de la reactivación, destacando la posibilidad de desarrollar una industria de acero verde en Colombia, que no solo beneficiaría al país, sino que estaría en línea con la transición energética global. Sin embargo, este anuncio, aunque positivo para la industria del acero, no parece serlo para el sector vivienda. Los críticos de la medida sostienen que la iniciativa del Gobierno encarecerá sustancialmente los precios de la construcción.
La propuesta del Gobierno ya se concretó mediante un decreto, expedido el pasado 18 de octubre, que impone un arancel de 30 puntos porcentuales adicionales al 5 por ciento ya existente a varios productos de acero importados. Sin embargo, lo cierto es que este apoyo a un sector específico está lejos de ser la hoja de ruta estructural y multisectorial que se había prometido en agosto.
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"Este es un Gobierno que se caracteriza por sus iniciativas, pero no por sus acabativas".
Otra iniciativa relacionada con la reactivación ha sido el ‘Pacto por el Crédito’, entre Asobancaria y el Gobierno que permitirá un incremento en los desembolsos destinados a sectores estratégicos en un 28 %, con un total de 55 billones de pesos por parte de la banca colombiana durante el próximo año y medio. Este acuerdo busca facilitar el financiamiento en los sectores vivienda, infraestructura, agricultura, manufactura, transición energética y turismo, y ha sido valorado positivamente por los empresarios.
A pesar de estos dos avances —el acuerdo con la industria del acero y el Pacto por el Crédito— y sin demeritar la importancia de este último, la tan anunciada hoja de ruta para la reactivación sigue sin aparecer de forma integral y multisectorial. Seguimos sin ver un plan concreto que abarque de manera coordinada los sectores clave de la economía nacional.
Como bien dice un amigo, este es un gobierno que se caracteriza por sus iniciativas, pero no por sus acabativas: proyectos de gran despliegue, con mensajes alentadores, pero sin los resultados tangibles que el país necesita.
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