En Colombia existe una Contraloría General de la República, pero en realidad estamos pagando a tres contralores. Tres por uno, como en promoción. O se puede mirar de otra manera, los colombianos estamos pagando tres contralores, pero en el cargo solo figura uno. Y peor aún, en el órgano encargado del control fiscal del Estado que tiene la misión de procurar el buen uso de los recursos y bienes públicos, no existe un buen contralor, porque de lo contrario esto no podría estar ocurriendo.
Me explico.
El abogado palmireño Carlos Hernán Rodríguez Becerra, quien dirige la entidad desde agosto del 2022, tienen contratados como asesores de la Contraloría al excontralor Edgardo Maya Villazón y a su predecesora, la doctora Sandra Morelli Rico. A cada uno de ellos con acuerdos que superan los 130 millones de pesos para que estos sigan trabajando dentro de la entidad de la que supuestamente se fueron hace años. Así como se oye.
Vamos por partes, y hagámoslo en orden cronológico, de adelante para atrás. Entonces empecemos por Maya Villazón. Aunque este abogado vallenato salió de la dirección de la Contraloría hace más de cinco años, la realidad es que nunca se ha ido.
En la administración anterior de Felipe Córdoba tuvo al menos dos contratos con los que se ganó más de 292 millones de pesos. Y el más reciente contrato de Maya Villazón, en la actual administración de Carlos Hernán Rodríguez, es por poco más de 160 millones de pesos, o 161.840.000 pesos para ser exactos, a ser ejecutado en ocho meses. Es decir, la bicoca de 20 millones de pesos al mes que parece ser la tarifa establecida para este tipo de corbatas.
Según documentos obtenidos por el equipo investigativo de esta columna, el primer acuerdo firmado de Maya con la Contraloría fue el contrato 120-2021 por 149.781.334 pesos con el objeto de dar asesoría jurídica externa especializada “en temas de derecho administrativo, constitucional y electoral que requiera el despacho del Contralor General de la República o diferentes dependencias que este designe”. Bastante interesante el contratico.
Como también lo fue el acuerdo 122-2021 por 142.200.000 pesos con el objeto de prestación de servicios profesionales “como abogado para apoyo jurídico especializado al despacho del Contralor General de la República y a la unidad de investigaciones especiales contra la corrupción, para asesorar en los casos y temas misionales de la entidad, que tengan relación con el derecho administrativo y/o derecho constitucional, con énfasis en contratación estatal y régimen fiscal”. Lo único que faltó en el objeto de ese acuerdo era lo de vigilar contratos como este. O como diría ese gran filósofo latinoamericano, Cantinflas, ahí está el detalle.
Pues el más reciente, en marzo de este año con el actual contralor, no se queda atrás. El contrato que en este momento está ejecutándose hasta diciembre de 2023, tiene como objeto, y lo copio literal: “Asescrar y Brindar apoyo al Contralor General en temas concernientes al SGR (Sistema General de Regalias), asi como en la vigilancia fiscal integral a los proyectos financiados con recursos del sistema general de regalias, bajo esquemas de colaboracion armonica entre los entes de control y entidades de orden nacional territorial”.
Nótese que el acuerdo no debería incluir únicamente despilfarros como el propio contrato, sino también una asesoría en redacción y ortografía, con énfasis en el manejo de las mayúsculas y apropiado uso de las tildes. Pero no demos ideas, ya que van y nos meten otro contratico inocuo por 20 millones más al mes.
Lo más sorprendente es que la gerente de talento humano de la entidad, para aprobar los requisitos legales de este contrato, tuvo que emitir una certificación de inexistencia o insuficiencia de personal para justificar la contratación directa. En su carta al secretario privado de la Contraloría, Juan Camilo Zuluaga, establece que “de acuerdo a lo expuesto, se certifica que en la entidad no existe personal suficiente con el perfil requerido”. ¿Y entonces cuál es el papel y el perfil del real contralor Carlos Hernán Rodríguez?
No es claro.
Por eso vamos al caso de la doctora Morelli que es aún más complejo. El 10 de octubre del año pasado, la Contraloría General de la República contrató nuevamente a la excontralora Sandra Morelli, pero esta vez para apoyar al vicecontralor Carlos Mario Zuluaga en los procesos de reorganización administrativa y “en la estrategia y articulación del plan nacional de estudios sectoriales”.
Es decir, mientras el doctor Maya es asesor directo del contralor general, la doctora Morelli es asesora directa del vicecontralor general. Y todo el análisis de los documentos y evidencias obtenidos por esta columna hacen parecer, desatinadamente, como si a la doctora Morelli le estuvieran devolviendo un favorcito.
Esta es la historia de Morelli y Zuluaga, que es una crónica de un chanchullo anunciado. Cuando Sandra Morelli fue contralora general, entre agosto de 2010 y agosto de 2014, Carlos Mario Zuluaga deambuló por tres importantes puestos de esa entidad en los que estuvo muy poco tiempo, todo en una carrera contrarreloj para subir su asignación salarial mensual.
El 26 de diciembre de 2011, Zuluaga fue nombrado como encargado de la Dirección de Estudios Sectoriales, sector Minas y Energía, con una asignación básica mensual de 7.770.227 pesos, más la prima técnica.
Dos meses después, en febrero de 2012, Zuluaga fue trasladado con el mismo cargo directivo que traía, director de estudios sectoriales, pero ahora a la Contraloría Delegada de Medio Ambiente. Sin embargo, su renuncia al cargo en la Contraloría de Minas y Energía llegó tres meses después, el 10 de mayo de 2012.
Al siguiente día de su carta, el 11 de mayo, le fue aceptada su renuncia y ese mismo día fue nombrado por la entonces contralora Morelli, ya no como director de estudios sectoriales, sino en un cargo más alto, siendo contralor delegado, esta vez en la Contraloría para la Participación Ciudadana.
Así, en cinco meses, de diciembre de 2011 a mayo de 2012, Zuluaga pasó por tres puestos distintos y su sueldo que arrancó en 14 salarios mínimos básicos, subió a 24 salarios mínimos del año 2012, incluida la prima técnica. En plata blanca pasó de ganarse un sueldo de siete millones de pesos a uno de 13.688.069 pesos, distribuidos en 9.125.379 pesos de salario básico, más una prima técnica de 4.562.690 pesos. Nada mal.
Pero no todo lo regalado es eterno. En agosto de 2014 debió pasar la renuncia porque terminaba el periodo de la doctora Morelli y llegaba el poderoso abogado vallenato Edgardo Maya Villazón. En la carta de renuncia y agradecimiento, Zuluaga se despidió con una nota de su puño y letra en pluma de tinta azul diciéndole: “jefe querida”.
Pero ahora el querido jefe es al revés. Ocho años después, Carlos Mario Zuluaga se convirtió en vicecontralor general y desde que ingresó en septiembre de 2022 le ha dado dos contratos a la doctora Morelli. El más reciente tiene como objeto “prestar apoyo al vicecontralor” por el valor de 133 millones de pesos en siete meses. Es decir, una puerta rotatoria en la que la tarifa de siempre son los casi 20 milloncitos de pesos al mes.
Me explico. El año pasado, cuando se posesionó Zuluaga en septiembre de 2022, le dio el primer contrato a Morelli por 47 millones de pesos para ejecutarlo en dos meses y medio. Es decir, dos meses de 19 millones cada uno, octubre y noviembre, y una muelita de 9 millones para los 15 días de diciembre cuando terminó el contrato. Apenas para navidad.
El más reciente es el contrato CGR-056-2023 para “prestar apoyo al despacho del vicecontralor en el fortalecimiento de la vigilancia y control fiscal con enfoque en el análisis de las políticas públicas” por 133 millones de pesos en mensualidades vencidas de 19 millones de pesos con vencimiento el 31 de agosto de este año. La verdad es que todos estos contratos sí demuestran la necesidad de mejores políticas públicas de vigilancia y control fiscal, pero no por los mismos que están generando el despilfarro.
Fuera de esto, la doctora Morelli también tiene actualmente un contrato con la Superintendencia Nacional de Salud por seis meses, por 150 millones de pesos, según ella misma lo manifestó en la justificación de su experiencia laboral. El objeto es “la prestación de servicios profesionales especializados en materia jurídica”. Supersaludable.
No se puede olvidar que Morelli tiene activa una investigación en la Corte Suprema de Justicia por presuntas irregularidades en el contrato de arrendamiento que firmó por 2.600 millones de pesos para la nueva sede de la Contraloría y que, según la Fiscalía, ocasionó un detrimento patrimonial superior a los 12.292 millones de pesos. En la página de la rama judicial también aparece una demanda de la misma Contraloría contra Morelli, que está pendiente de fallo.
Así que, aunque el contralor Rodríguez es el titular de la entidad que tiene como slogan “defender juntos los recursos públicos, ¡Tiene Sentido!”, esta situación con los doctores Maya y Morelli ni defiende los recursos públicos ni tampoco sentido tiene, pero sí muy juntos los deja, actuando como asesores o contralores en la sombra. Cada uno de ellos con contratos por 20 millones de pesos al mes para seguir dentro de la entidad de la que hace años se fueron.
Un escándalo que se cuenta solito puesto que, como contralor general de la república, Carlos Hernán Rodríguez debería vigilar el uso de los bienes públicos, con el objeto de hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Pero en esto parece que está derrochando los bienes públicos con contratos para sus antecesores, sin hacer efectiva su responsabilidad patrimonial. Una promoción especial en la que pagamos tres contralores, pero figura uno, un paga tres y lleva uno, o, peor aún, pagamos tres contralores y no tenemos ninguno.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
