Parte de la razón por la cual Trump ganó las elecciones, fue por la incapacidad del Partido Demócrata de escuchar y atender los reclamos de sus bases. Esto debería ser un campanazo para el centro político colombiano. Tenemos que escuchar las preocupaciones de los electores si no queremos vernos asfixiados por extremos en 2026.
Una de esas preocupaciones es la seguridad. Como argumenté en una columna pasada, la seguridad es uno de los temas que más preocupa a los colombianos. La derecha ya ha empezado a capitalizar esta frustración, mientras que en el centro seguimos sin ver propuestas claras al respecto. Quiero, entonces, esbozar una: en el país necesitamos más detectives y menos policías. La frase es provocadora y si se quiere exagerada, pero el punto que quiero hacer es que tener miles de policías en las calles no va solucionar el tema de la seguridad. Lo que tenemos que hacer es aumentar la inteligencia investigativa para empezar a disuadir el crimen.
Quienes estudian el crimen organizado coinciden en que la certeza del castigo disuade más que las largas penas de prisión o miles de policías en las calles. En términos simples, lo que realmente disuade es saber que me van a atrapar y sancionar. Tener muchos policías y penas elevadas sirve de poco si no se desarticulan las bandas. Tampoco sirve capturar al ladrón de a pie o al vendedor de droga de la esquina; no son la columna vertebral del grupo y son fácilmente remplazados cuando se les envía a la prisión. Por tanto, una política de seguridad de centro debería enfocarse en desarticular grupos, y esto requiere inteligencia investigativa.
Sin embargo, pareciera que en Colombia tenemos poca. En 2022, el 85% de las capturas fueron en flagrancia, y solo el 15% correspondieron a órdenes de captura. La flagrancia, en términos simples, significa atrapar al criminal en el acto, lo cual generalmente no requiere de una investigación profunda. Estudios señalan que la alta incidencia de detenciones en flagrancia refleja la falta de capacidad del sistema para realizar investigaciones que permitan desarticular estructuras criminales. En últimas, las altas tasas de flagrancia reflejan una fuerza pública reactiva y no proactiva que es poco eficaz para disuadir el crimen organizado.
La falta de capacidad investigativa se debe, entre otros factores a la falta de recopilación y análisis de datos. Expertos anotan que este es el talón de Aquiles de la investigación criminal en Latinoamérica. Sin estadísticas, las autoridades no pueden rastrear redes criminales, establecer patrones de delitos y estructurar sus estrategias investigativas. Obtener los datos es difícil, entre otras razones, porque la información está dispersa en distintas entidades que no se comunican entre sí.
Por ello, creo que la creación de una entidad y funcionarios especializados en crimen organizado, al igual que mesas ejecutivas de trabajo sobre la materia, sería útil. Una entidad dedicada exclusivamente al crimen organizado (similar a la Dirección Nacional Antimafia y Antiterrorismo (DNAA) italiana, que ha sido fundamental en la lucha contra la mafia de ese país) podría mejorar la coordinación entre entidades y asegurar un flujo de información continuo y preciso. Aunque en Colombia existen algunas entidades especializadas, como el delegado de crimen organizado de la Fiscalía, sus funciones carecen de un rol de coordinación interinstitucional.
En cuanto a las mesas ejecutivas de trabajo, propongo adaptar estas iniciativas, que en Perú han servido para impulsar la productividad en sectores estratégicos. Aunque en Perú estas mesas abordan temas distintos al crimen organizado, han sido eficaces en coordinar entidades y crear políticas. Las mesas ejecutivas reúnen a actores públicos y privados para diagnosticar problemas y proponer soluciones, que luego se revisan y ajustan según sus resultados, fomentando la colaboración y el intercambio de información para generar políticas eficaces.
Algo similar podría hacerse con el crimen organizado en Colombia. Se podrían establecer mesas ejecutivas, presididas por la entidad central que propuse anteriormente, con la participación de distintos actores claves (jueces especializados en crimen organizado, abogados penalistas, defensores públicos, policías, entidades financieras, etc). Los participantes compartirían información, diagnosticarían problemas y propondrían soluciones.
Estas se revisarían y ajustarían posteriormente, permitiendo experimentar y ajustar las políticas a los cambios del crimen organizado. Mesas ejecutivas concebidas de esta manera permitirían solucionar problemas de coordinación e información entre entidades. Además, les otorgaría una flexibilidad importante en la creación de políticas públicas, que es especialmente importante en situaciones de incertidumbre, como en el combate al crimen organizado, y en las que este va evolucionando.
Un punto final: es importante aclarar que tanto la entidad central dedicada a investigar y contrarrestar el crimen organizado, al igual que las mesas ejecutivas de trabajo, deben hacerse respetando los principios de igualdad procesal y adversarial del proceso penal. No creo que estos principios sean excluyentes con lo que propongo y no deberían obstaculizarse la una a la otra.
Soy consciente de que estas son ideas muy generales y que falta aterrizarlas al contexto colombiano. Pero creo que es importante empezar a plantearlas, dada la relevancia de la seguridad para los colombianos, para evitar que en 2026 al centro nos pase lo mismo que a los demócratas con Trump, pues como dice el dicho: soldado advertido no muere en guerra.
