Yohir Akerman
4 Junio 2023

Yohir Akerman

Un Claroscuro

Entre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsAppEntre aquí para recibir nuestras últimas noticias en su WhatsApp

Una intensa negociación de votos está ocurriendo tras bambalinas en la junta directiva de la Cámara de Comercio de Bogotá. Todo para lograr el cometido del gobierno nacional de devolver un favorcito y poner a José Ovidio Claros Polanco, un polémico y sombrío jurista, como presidente de la organización. 

Es también una rara situación en la que el gobierno del presidente Gustavo Petro y la administración de la alcaldesa Claudia López están remando para el mismo lado, cada uno con motivaciones e intereses distintitos, pero los dos con el mismo objetivo de poner al cuestionado abogado como cabeza de la institución que hasta hace poco manejaba Nicolás Uribe. 

El lobby que están haciendo los enviados, funcionarios y representantes de las dos administraciones con los que toman la decisión, ha sido tenebroso. Y, seguramente, lograrán su cometido ya que, como dice el refrán, el que persevera, alcanza, y más en la repartición de burocracia. Pero expliquemos un poco el contexto para que entiendan el entramado.

El pasado 15 de mayo, la junta de la Cámara de Comercio de Bogotá negó la postulación de Claros como presidente ejecutivo de esa asociación, que reúne a los empresarios y comerciantes de la capital colombiana. Su nombre había sido puesto en consideración bajo solicitud del presidente Gustavo Petro, pero se necesitaba que 8 de los 12 integrantes de esa plenaria avalaran su nombramiento. El gobierno controla cuatro de esas sillas. 

Sin embargo, el candidato del gobierno solo consiguió siete apoyos, insuficientes para ponerlo en el cargo, ante las negativas que recibió la cuestionada ficha de Petro de Alejandro Mejía, Enrique Vargas Lleras, Guillermo Botero, Mario Alberto Niño y Jaime Alberto Cabal.

Fuentes cercanas a esa junta le dijeron a esta columna que la jugada del presidente Petro con Claros, busca entregar mermelada al partido Alianza Verde, con el fin de pasar más fácilmente las reformas que vienen en camino. La mermelada, aunque se vista de verde seda, empalagosa se queda. 

Todo porque Claros es esposo de la representante del Partido Alianza Verde, Olga Lucía Velásquez Nieto, fórmula de Angélica Lozano al Congreso, esposa de la alcaldesa Claudia López. 

Aquí se pone buena la cosa. 

Velásquez ha sido una política cuestionada por ser la consentida de polémicos gobiernos en Bogotá, como el del exalcalde convicto y fallecido Samuel Moreno Rojas. Recordemos que Moreno obtuvo tres merecidas condenas por irregularidades y corrupción en el marco del carrusel de la contratación. 

Como lo he dicho anteriormente en esta columna, Velásquez fue, nada más ni nada menos, la persona que se desempeñó como secretaria de Gobierno en la alcaldía de Moreno y, aunque nunca ha sido condenada por ninguno de estos hechos, su participación y manejo en un cargo tan importante en esa alcaldía la ponen en un lugar muy incómodo de una administración que dejó terribles consecuencias para la ciudad. Todo queda bien Claros. 

Tres años más tarde del horrible escándalo en Bogotá, Velásquez cayó parada como representante a la Cámara, arropada por los colores rojos del liberalismo. Y sin sonrojarse.

Para sus rivales, esta mujer heredó todo el fortín político de la casa Moreno Rojas e incluso su oscuro músculo financiero. Puede que eso no sea cierto, pero paradójicamente Velásquez Nieto era una completa desconocida en la capital de Colombia y, sin embargo, obtuvo más de 23.000 votos, que la encumbraron en el primer puesto de los candidatos rojos y de facto una curul en el Congreso de la República. Funcionó el trapo Rojas. 

Posteriormente, en 2018, Velásquez montó alianza para esas elecciones con Katherin Silva, hija del polémico Venus Albeiro Silva, quien estuvo en la mira de las autoridades por la contratación que una fundación bajo su poder tuvo con el distrito desde el año 2007, año en que fue electo Samuel Moreno y en el que Venus ejercía como representante.

Aunque Velásquez se ha encargado de repetir que ella no fue cuota de Samuel Moreno y alejarse de todos estos hechos y escándalos, estos y otros elementos la contradicen. En mayo de 2019, la entonces ministra del Interior, Alicia Arango, reveló que Samuel Moreno le había mandado la hoja de vida de Olga Lucía Velásquez para ser superintendente de Vigilancia del gobierno de Iván Duque. Quedó con ansia de Vigilancia porque el nombramiento nunca se dio. 

Pero los escándalos de Velásquez no son únicamente por interpuesta persona. En agosto de 2020, la Corte Suprema de Justicia abrió indagación preliminar contra Velásquez y el senador Antonio Sanguino, ambos relacionados en un escándalo de contratación dentro de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.

Velásquez fue vinculada en dicha indagación tras las declaraciones del condenado exrector de la Universidad, Wilman Muñoz, ante la Procuraduría, en las que dijo que ella le entregó más de 40 hojas de vida de personas que tenían que ser contratadas por su exigencia. 

Muñoz también aseguró que la exrepresentante había intervenido ante el Ministerio de Educación para su reelección en el cargo. El famoso intercambio de “yo hago que te reelijan y tú me contratas a estos 40 carguitos”. Velásquez y sus 40 recomendaditos.

Después de todo esto, fue la senadora Angélica Lozano la promotora de su llegada al Congreso y ahora una de las interesadas en poner a Ovidio Claros, la pareja de Velásquez, en las riendas de la Cámara de Comercio de Bogotá. Y eso que Lozano fue, junto a su pareja la actual alcaldesa, la promotora de la consulta popular anticorrupción de 2018, por la que votamos casi 12 millones de incautos. Por eso vamos a Claros.  

Es un abogado bogotano que se ha sabido mover entre la política y la justicia. Es de tendencia liberal, pero también militó en Cambio Radical. Como su esposa, de todo un poquito y un verdadero camaleón. Que como dice el proverbio chino, y aplica muy bien para este gobierno, todo cambia menos el cambio, que también cambia.

Claros es un polémico excontralor de Bogotá y exmagistrado del Consejo Superior de la Judicatura. En ese cargo fue cuestionado por escándalos como el llamado carrusel de pensiones en la Judicatura y varias tutelas de ese alto tribunal, que tuvieron que ser rectificadas por la Corte Constitucional.

Fue elegido magistrado de la Judicatura, a pesar de que tenía una millonaria demanda contra el Estado por la pérdida de su curul en la Cámara de Representantes en 2004, por decisión del Consejo de Estado, y que recuperó luego en 2006, a un mes de terminar ese período.

Pero lo mejor de todo es que desde la presidencia del Consejo Superior de la Judicatura, fue Claros quien protegió al entonces destituido alcalde Gustavo Petro con una astuta leguleyada. Vamos a eso. 

El 4 de marzo de 2014, el Consejo Superior de la Judicatura tenía listo el fallo para rechazar las 326 tutelas de protección a favor del entonces destituido alcalde Gustavo Petro. Con esos recursos se pretendía revocar la decisión de diciembre de 2013 del procurador general Alejandro Ordóñez de destituir al alcalde e inhabilitarlo para ejercer cargos públicos por 15 años.

Sin embargo, justo cuando cuatro magistrados llegaron a la decisión mayoritaria, que negaba la 'tutelatón' promovida por los seguidores del alcalde, aparecieron dos solicitudes escritas a favor Petro, que congelaron el veredicto en el último minuto. Una sorpresiva solicitud que exigía en ese momento que se presentaran nuevas pruebas en la valoración de los amparos, así como una consideración profunda de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

Los magistrados Julia Emma Garzón, Pedro Sanabria, Wilson Ruiz y Angelino Lizcano habían votado en favor de la ponencia. El magistrado Néstor Iván Osuna votó en contra. Quedaban por definirse los votos de Claros y de María Mercedes López.

En ese momento se oyó la decisión, desinteresada, del magistrado Ovidio Claros de suspender el fallo hasta que se estudiaran las solicitudes de Petro. 

Aunque se trataba de un trámite usual, en este caso había acuerdo para proceder a la votación, que de hecho ya estaba definida, puesto que la Sala tiene siete miembros, con lo cual cuatro hacen la mayoría. El efecto de esa maniobra fue dejar en suspenso la votación, y comprar tiempo a la defensa del entonces alcalde destituido. 

Menos de un mes después, en abril de ese año, Petro logró regresar a su cargo en la alcaldía gracias a una decisión del Tribunal Superior de Bogotá, que determinó que las medidas cautelares que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos había dictado a su favor, argumentando la necesidad de proteger sus derechos políticos, eran de obligatorio cumplimiento.

Ahora con la perspectiva que ofrece el tiempo y la distancia podemos ver que la bocanada de aire que le entregó el entonces magistrado Claros al destituido Petro con esa vieja decisión, simboliza perfectamente el famoso, “tú me protegiste como magistrado por eso yo te nombro como presidente de la Cámara”. Una situación de Petro y Claros con muchos oscuros. Un Claroscuro. 

@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com 

Conozca más de Cambio aquíConozca más de Cambio aquí

Más Columnas