Un millón de pesos a que al alcalde ‘ad hoc’, Jaime Berdugo, no lo sacan

— “Ayúdenme, ayúdenme... mis hijos, ¡ay, Dios mío!” —

El video es angustiante. En él se ve a un hombre de unos 30 años llegando desesperado a un sitio en donde solo hay escombros. Viste una camiseta azul: es un padre de familia que deambula de un lado para otro mientras grita los nombres de sus pequeños. Instantes después, se escucha a una persona relatar lo que está pasando: “Se cayó un edificio en Campo Alegre, de los que estaban desocupados. Parece que hay niños allá dentro, hay personas allí en esa torre. Hombre, bendito sea el Señor”.

El video de 56 segundos fue grabado instantes después de que se desplomara una de las torres del conjunto Privilegios, en el barrio Campo Alegre de Barranquilla. Los hechos ocurrieron el pasado 28 de noviembre. Ese día, una torre del conjunto colapsó, dejando como saldo la muerte de Nelly Insignares, una mujer de 63 años, y cuatro niños heridos. El edificio, ubicado en la calle 89 con carrera 41, fue evacuado en 2010 debido a fallas estructurales; sin embargo, en el momento de la emergencia, algunas familias continuaban allí, algunas de ellas ocupando la edificación de manera informal. Sobre la estructura existía una orden de demolición que nunca fue ejecutada.

El conjunto, que constaba de seis torres de cinco pisos, fue construido por la sociedad Proyectos Barranquilla Ltda. y fue entregado a sus propietarios en el año 2000.

Otras constructoras, como Alejandro Char & Cía., también desarrollaron proyectos en la misma zona a pesar de que en 1997 Ingeominas alertó sobre la inestabilidad del terreno.
Según reveló La Silla Vacía, desde el año 2010 la Alcaldía de Barranquilla ha desembolsado cerca de 20.000 millones de pesos en subsidios de arriendo, con el fin de proteger a unas 400 familias que habitaban viviendas declaradas en riesgo de colapso. A ese esfuerzo económico se suman otros 35.000 millones de pesos invertidos en obras de estabilización del terreno, necesarias para evitar que las lluvias intensas provoquen nuevos deslizamientos y comprometan la integridad estructural de otras edificaciones en el sector.

Alejandro Char, alcalde de Barranquilla, se declaró impedido para intervenir en las decisiones relacionadas con los conjuntos residenciales de Campo Alegre. La situación configura un evidente conflicto de interés. Por esta razón, y tras aceptar el impedimento, el Ministerio del Interior, en cabeza de Armando Benedetti, designó al viceministro Jaime Berdugo como alcalde ad hoc, con el fin de que asumiera todas las decisiones administrativas relacionadas con Campo Alegre.

Jaime Berdugo es abogado, con especialización en gerencia social y maestría en derecho constitucional, pero más allá de su formación académica está profundamente vinculado al entramado político del Atlántico. Algunos lo comparan con Roy Barreras, señalando su habilidad para moverse con soltura entre corrientes políticas diversas y acomodarse, con destreza, bajo sombrillas ideológicas disímiles.

Entre 2006 y 2010, Berdugo fue asesor del entonces senador Armando Benedetti y entre 2012 y 2014 fue secretario privado del gobernador liberal José Antonio Segebre. Entre 2016 y 2018, fue director del Área Metropolitana de Barranquilla durante el primer mandato de Alejandro Char. Y antes de su llegada al Ministerio fue gerente general de la Unión Temporal Energiza, que cuenta entre sus socios a una empresa vinculada a Euclides Torres.

En 2017, el empresario barranquillero Luis Enrique Guzmán Chams denunció públicamente una serie de hechos que, según él, evidenciaban una red de corrupción en torno a la construcción del Megatanque 7 de Abril, una millonaria obra hídrica contratada por el Distrito de Barranquilla. Guzmán aseguró haber sido testigo del pago de coimas para favorecer a ciertos contratistas y presentó una denuncia penal en la que incluyó a reconocidos políticos y exfuncionarios de la ciudad, entre ellos Jaime Berdugo Pérez. Según su relato, este grupo habría utilizado su poder político y administrativo para intimidarlo, hostigarlo e intentar forzarlo a desistir de las acciones legales mediante amenazas, seguimientos y presiones extralegales.

“Él era el director del Área Metropolitana de Barranquilla en ese entonces. Todo dependía de él, él era el ordenador del gasto y básicamente la ejecución del megatanque dependía de Jaime Berdugo. Bueno, yo decido contar la verdad ante la Fiscalía y dentro de toda esa verdad está la exigencia económica que él me hacía, que era del 3 por ciento de cada acta, y recuerdo que me cobró el 5 por ciento del adicional”, le dijo Guzmán Chams a Caracol Radio.

Aunque la llegada de Berdugo al Ministerio se le atribuye al incombustible Benedetti, hay otras teorías al respecto. En Barranquilla hay quienes creen que dentro de los interesados en su nombramiento estaría el diputado Camilo Torres Villalba, sobrino de Euclides Torres, financiador, según la Fiscalía, de la campaña Petro.

Berdugo parece no tener muchos atributos que lo hagan ver imparcial en este caso, en el que están involucrados los intereses de su otrora jefe, Alejandro Char.

A quienes les gusta la plata sin mucho esfuerzo ya deben estar pregonando sus apuestas:
“Un millón de pesos a que Berdugo no lo sacan”.

La versión del viceministro

Consultado sobre los temas abordados en esta columna, el viceministro del Interior y actual alcalde ad hoc para el caso Campo Alegre, Jaime Berdugo, respondió por escrito a tres preguntas clave sobre su rol, los señalamientos en su contra y su imparcialidad frente a los intereses en juego.

Las dos primeras son: ¿Considera que su cercanía con el exalcalde Alejandro Char representa un posible conflicto de interés en este proceso? ¿Qué garantías puede ofrecer de que sus decisiones serán completamente imparciales?

“No hay conflicto de interés. Contrario a lo que se expresa en la pregunta, el alcalde ad hoc no ‘decide’, sino que se limita a conocer de las actuaciones y a cumplir las órdenes que resulten en el marco de cuatro acciones constitucionales relativas al caso Campo Alegre: dos acciones de grupo, una acción popular y una acción de tutela.

Si bien estas acciones vinculan a diez empresas constructoras, la competencia del alcalde ad hoc frente a eventuales fallos judiciales se circunscribe únicamente a una de ellas: ACH y Cía. Ltda.

Las decisiones judiciales deben acatarse, y en ese sentido, su cumplimiento —en lo que me corresponda como alcalde ad hoc— se hará con la transparencia y la prontitud que estas determinen”.

En una denuncia penal actualmente en manos de la Fiscalía Especializada de Bogotá, el empresario barranquillero Luis Enrique Guzmán Chams lo señala como uno de los implicados en un presunto caso de corrupción relacionado con el Megatanque 7 de Abril. ¿Qué respuesta tiene frente a esas acusaciones? ¿Ha sido usted llamado a declarar?

“Esos infundados señalamientos del señor Guzmán Chams han sido desvirtuados ante distintos entes de control, y confío en que, de igual forma, lo sean ante la Fiscalía General de la Nación”.

¿Cómo responde a quienes consideran que su designación como alcalde ad hoc no contribuye a recuperar la confianza de las víctimas del caso Campo Alegre, debido a sus vínculos políticos previos?

“Reitero que la función de alcalde ad hoc se limita a cumplir las órdenes que se deriven de las cuatro acciones constitucionales en curso, lo cual se hará con prontitud y pleno apego a la Constitución y la ley.”