El próximo mes se van a cumplir 23 años de dolor de uno de los episodios más atroces de la historia reciente colombiana: la Masacre de El Salado. Con ella se cumplen los mismos años de impunidad desde ese momento en el que no cesó la horrible noche y durante 6 días, 450 paramilitares apoyados por helicópteros, dieron muerte a 60 personas en estado de total indefensión.
Tras la masacre se produjo el éxodo de toda la población, convirtiendo a esa zona perteneciente a la región de Montes de María, en un pueblo que hoy sigue teniendo alma fantasmal.
Hay que recordar que, en diciembre del año 1999, los pobladores departían en sus fiestas navideñas, cuando de repente desde una aeronave arrojaron una serie de panfletos que alertaban a sus pobladores para que “aprovecharan la época”, pues pronto no podrían.
La zozobra se apoderó del lugar hasta que, en febrero del año 2000, paramilitares y miembros de la fuerza pública, bajo el mando de los comandantes Jorge 40 y Salvatore Mancuso, realizaron una barrida por todas las vías que daban hacia El Salado, para liberarse de la sospecha de presencia guerrillera en la zona. Ese día, en El Salado, la sal se corrompió.
Automóvil o transporte público que pasaba por las vías de salida del corregimiento, era detenido para realizar pesquisas y determinar si alguno de sus ocupantes era guerrillero o parecía guerrillero. Durante esa travesía rumbo a la cabecera del corregimiento, más de 15 personas fueron asesinadas instantáneamente con puñales y armas de fuego. La plaza del pueblo se empezó a llenar de muertos, por lo que todos los habitantes del lugar huyeron hacia regiones cercanas, en medio del terror y el inminente desplazamiento.
En todos estos años de dolorosos recuerdos y en los que las víctimas de esta masacre han repetido varias veces que les quitaron todo, ahora es claro que perdieron hasta el miedo. Por eso están levantado sus voces para reclamar que sean reparados por la justicia colombiana y, más importante aún, que las autoridades actúen en contra del ganadero paramilitar Álvaro Botero Maya, uno de los principales determinadores de esa masacre y que aún se mantiene en libertad.
Así como se oye.
La versión de que Botero Maya fue crucial para la determinación de estos crímenes no es solo de las víctimas. También lo muestran las pruebas, que además han sido corroboradas en declaraciones ante Justicia y Paz. En el postulado del 20 de noviembre de 2014 de la Sala de Justicia y Paz, el excomandante paramilitar Salvatore Mancuso señaló a Botero Maya como uno de los principales responsables de la masacre de El Salado.
Por si eso fuera poco, la Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento -Codhes, la Universidad Tecnológica de Bolívar, la Fundación Cultura Democrática -Fucude, y la Corporación Opción Legal, han escrito en los textos que analizan la más sangrienta escalada de eventos de violencia masiva ocurridos entre 1999 y 2001 en los Montes de María, el papel determinante de Botero Maya.
Por eso vamos atrás. El 11 de marzo de 1996, el gobierno le autorizó a Álvaro Botero Maya, miembro de una familia con haciendas en la región, recibir armas de dotación militar bajo la creación de la convivir Esperanza Futura, de Magangué, Bolívar. Esta organización fue el semillero del paramilitarismo en los departamentos de Sucre y Bolívar. Así de claro y así de sencillo.
Esperanza Futura la creó en sociedad con el señor Héctor Julio Alfonso Pastrana, el marido de, nada más ni nada menos, Enilce López, empresaria del chance, conocida como la Gata, quienes también tenían grandes intereses comerciales en la región. A las víctimas de El Salado, sin embargo, no les dieron chance alguno.
Desde antes de la creación de esta convivir, ya había denuncias de la población civil de abusos y amenazas por partes de hombres fuertemente armados con fusiles AK-47 que trabajaban para los Botero Maya y que estaban interesados de quedarse con sus tierras. Era una estrategia para arropar de legalidad a los grupos paramilitares, que fue orquestada y coordinada como un negocio para apropiarse de grandes extensiones de tierras en sitios privilegiados. Desde mucho antes y en forma premeditada, ya habían salado por completo a El Salado.
Como explicó el portal Verdad Abierta, no se puede contar el origen del paramilitarismo en los Montes de María sin tener en cuenta, que desde los años ochenta, llegaron a la región a comprar grandes fincas varios personajes con fortunas misteriosas. La mayoría vinculados al narcotráfico o con negocios asociados a este, que llegaban con hombres armados, pues estaban acostumbrados a lidiar con un negocio que se regulaba y se sigue regulando a punta de bala. Así se hicieron los Botero Maya en la región.
Y, ¡oh sorpresa!, llegaron para mandar. Gonzalo Botero Maya, el hermano de este paramilitar, fue alcalde del municipio de Magangué, en dos oportunidades. La primera entre 1990 y 1991 y la segunda entre 2001 y 2003.
Este político fue secuestrado por la guerrilla de las Farc cuando se desempeñaba como mandatario municipal en 1991 y por su rescate exigieron 4 millones de dólares. Botero recordó ante la JEP que luego de que su familia realizó el pago para que lo liberaran, los criminales de las Farc continuaron la persecución en su contra y acabaron con la vida de algunas de las personas que trabajaban en sus predios.
Esa horrible tragedia fue la razón y justificación para que su hermano creara, cinco años después, la convivir Esperanza Futura en Magangué. Pero como todo en esta historia de guerra y violencia, la contraparte terminó volviéndose igual o peor que sus contrincantes y la organización manejada por los Botero Maya y la familia de la Gata, fue una de las estructuras paramilitares más salvajes y despiadadas.
El doctor Gonzalo Botero Maya también fue representante a la Cámara y vicegobernador de Bolívar, precisamente en la época en que su hermano era el jefe paramilitar del departamento de Bolívar, donde en sus fincas permanecían las bandas criminales que durante décadas asesinaron y despojaron a cientos de familias. Como quien dice de El Salado a Salsipuedes.
Una tragedia familiar que termina en que uno de los tenedores actuales de grandes extensiones de tierra en los Montes de María es, ¡de nuevo finjamos sorpresa!, Daniel Arango Botero, sobrino de Álvaro Botero Maya. Lo mismo pasa con otros terratenientes de la zona que son familiares cercanos, o exempleados y personas que presuntamente podrían estar haciendo testaferrato para este exparamilitar.
Por eso las víctimas de la masacre de El Salado no pueden entender cómo, con tantas pruebas en su contra, aún no ha sido capturado y judicializado Álvaro Botero Maya, o expropiadas varias de sus haciendas y grandes extensiones de tierra en la zona que logró gracias a la violencia, para que reparen a las víctimas de su accionar criminal en Bolívar y Sucre.
Aunque el misterioso paramilitar tiene varias investigaciones y casos penales abiertos en su contra, causa curiosidad que ha logrado evadir la justicia y solo ha sido acusado, en 2009 únicamente por uno. La Fiscalía Sexta de Santa Marta lo llevó ante un juez por los delitos de fabricación, tráfico de armas, municiones de uso restringido y de uso privativo de las Fuerzas Armadas. Justicia halagüeña y salerosa.
Pese a que ese delito según los marcos penales tiene cárcel de 11 a 15 años, y se duplica cuando el autor pertenece o ha hecho parte de un grupo de delincuencia organizada, como es el caso de Álvaro Botero Maya, este suertudo criminal, que no parece un paramilitar salado, fue condenado a tan solo tres añitos y un mes de detención domiciliaria, y por eso nadie sabe dónde está.
Mientras tanto las víctimas siguen siendo víctimas. Sus lágrimas derramadas durante 23 años, saladas como el mar en Morrosquillo, algo tendrán también de sagradas. Y la región continúa con los mismos problemas que llevaron a su conflictiva historia. Una estratégica y hermosa zona mal repartida, en donde la tierra está en manos de unas pocas familias que despojaron a centenares de legítimos propietarios campesinos. Con una institucionalidad zalamera, cooptada y débil incluso para ponerle orden a la titulación legítima que hoy, después de despojos sucesivos, sigue siendo un acertijo.
Y todo esto mezclado por la violencia proveniente del narcotráfico, que sigue operando en el golfo de Morrosquillo, con una clase política corrupta que privilegia a sus asalariados compinches y aliados electorales. Es hora de que se haga justicia con las víctimas de El Salado y los Montes de María. Entonces, como escribió José Martí, el dolor será por fin, la sal de la gloria.
@yohirakerman; akermancolumnista@gmail.com
