Una revisión a las cuentas de campaña del alcalde de Soacha, Víctor Julián Sánchez Acosta, mejor conocido como Perico, arroja reportes que parecen diseñados para inflar los ingresos declarados y con eso presuntamente obtener reposiciones indebidas de los gastos. El funcionario, que se hizo viral en las redes por prohibir el perico en el municipio como primera medida de su gobierno, también debería volverse popular por los problemas que vamos a denunciar en la contabilidad de su operación y las irregularidades que tuvo en la posesión de su cargo. Esta es la historia.
Sánchez Acosta es un amigote y ficha del gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey Ángel, lo cual le ha ayudado en su carrera, en sus nombramientos y recientemente para ser elegido presidente de la Federación Colombiana de Municipios en marzo de 2024. A pesar de eso, su Alcaldía no ha estado libre de escándalos, como las irregularidades en la gestión del alumbrado público de Soacha.
Mastiquemos eso. La alcaldía contrató al Fondo de Desarrollo de Proyectos de Cundinamarca, empresa adscrita a la Gobernación del departamento, por la bicoca de 2.398.000.000 de pesos para gerenciar, mantener y restablecer el sistema de iluminación. Adicionalmente la contratación incluía una cuota de gerencia de 130.800.000 pesos, un gasto que el municipio podría haber ahorrado si ellos mismos hubiesen gestionado el proceso.
Por el contrario, derrocharon el presupuesto y aunque el contrato inicialmente era de tres meses, se extendió hasta mediados de agosto de 2024 costándole mucho más de lo presupuestado a los soachunos. Como dijo Quevedo en su libro El Buscón: “Periquito el de los palotes; si no tienes cuartos, pues dame doblones”. Y se los dieron.
Regresemos. El señor Perico fue diputado de la Asamblea de Cundinamarca para el periodo 2020-2023 y, posteriormente, elegido alcalde del municipio de Soacha para el periodo 2024-2027. Acá viene la pepa: el alcalde nunca dejó de ser diputado ya que, sin haber renunciado previamente a su cargo, tomó posesión el 31 de diciembre de 2023 en su nuevo puesto. El que es Perico, donde quiera es verde, dice el dicho.
Aunque este hecho fue denunciado en un proceso ordinario de pérdida de investidura ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y la Sala Plena de esta entidad falló a favor del alcalde estableciendo que no había documento que probara una violación al régimen de incompatibilidades, vale la pena revisar el caso.
La parte accionante sostuvo en ese proceso que Julián Perico incurrió en incompatibilidad al no renunciar al cargo de diputado antes de aceptar su designación como alcalde. Según los hechos, el 9 de noviembre de 2023, Sánchez Acosta recibió la credencial como alcalde de Soacha en un acto protocolario y público, aceptó el cargo de manera verbal y firmó el registro interno de aceptación de este. A pesar de esto, continuó ejerciendo funciones como diputado, incluyendo el uso de recursos públicos como su camioneta oficial y su equipo de apoyo, hasta el 31 de diciembre de 2023. Viviendo a sus Sánchez y a toda Acosta.
Los demandantes consideraron que esta conducta vulneró el principio constitucional de igualdad y las disposiciones legales sobre incompatibilidades, pues realizó campaña y aceptó el cargo de alcalde formalmente sin cumplir con el requisito de renuncia a su cargo previo, elemento ordenado por la ley.
En su defensa, Sánchez Acosta argumentó que las pretensiones de la demanda carecían de viabilidad jurídica, ya que se basaban en interpretaciones personales y no en el marco normativo vigente. Según él, la aceptación de la credencial no constituía la posesión ni el ejercicio del cargo, ya que estos actos son formalidades distintas.
El caso planteó un conflicto hermenéutico sobre el alcance de las normas de incompatibilidades y la definición exacta de “aceptar” un cargo. La Constitución y la Ley 2200 de 2022 establecen que la aceptación de un cargo público debe realizarse en condiciones que no vulneren el régimen de incompatibilidades, sin embargo, la jurisprudencia ha diferenciado entre la aceptación formal, su posesión y el ejercicio de funciones, considerando estos actos como independientes entre sí.
Por estos argumentos, el 19 de febrero de 2024, el Tribunal falló a favor del señor Perico, pero el análisis de un documento, obtenido en exclusiva por esta columna, genera elementos adicionales sobre la presunta irregularidad. Pongámonos la corbata muisca leguleya.
El documento es el acta de posesión número 006 de 2023, expedido por la Notaría Segunda del Círculo de Soacha, Cundinamarca, el 31 de diciembre de 2023. Lo firman el alcalde de Soacha, Sánchez Acosta, como alcalde, la señora Andrea Milena Sanabria Rodríguez, notaria primera encargada de Soacha que actuó como testigo, y el señor Ricardo Correa Cubillos, notario segundo que certificó y tomó juramento y firma de la posesión.
El documento prueba que ese día, el último del año 2023, el señor Perico sí tomó posesión de su cargo que iniciaba el 1 de enero de 2024, y empezó a ejercer funciones, mientras seguía en ejercicio de sus responsabilidades como diputado en la Asamblea de Cundinamarca, compromisos que terminaban al final de la hora laboral de ese día. Es decir, hizo el acto y el documento unas horas antes de lo que debió haberlo hecho.
Como dice el chiste:
- ¡Feliz día mundial de la ansiedad!
- Es mañana…
De pronto por eso dicen que el apresuramiento y la aceleración son unos de los efectos estimulantes del perico.
Pero no nos quedemos ahí. Vamos más atrás. A unas donaciones que nunca fueron, puesto que, si la posesión irregular fue un problema, la financiación de su campaña representa un escándalo mayor.
Según una denuncia presentada ante el Consejo Nacional Electoral, CNE, la campaña de Perico reportó una donación en especie. Hasta ahí todo bien. Sin embargo, las pruebas demuestran que esta dudosa donación no es más que un montaje diseñado para justificar recursos que nunca entraron.
Entre los documentos clave se encuentra el Comprobante de Ingreso No. 12, registrado como una donación en especie de un particular, por la suma de 27.918.090 de pesos. Según este registro, la donante fue la señora Karol Yurani Moreno Castro. Sin embargo, existen inconsistencias en el acta de donación firmada entre el gerente de campaña y la supuesta donante. En lugar de reflejar el monto de 27.918.090 de pesos, el documento reporta una suma de 133.652.220 de pesos, sin que existan soportes contables ni evidencia que respalde esta cifra. Grave.
Fuera de eso, de los 105 recibos de pago anexados para justificar esta donación, únicamente uno corresponde directamente a la señora Karol Yurani Moreno Castro, por un monto de 20.000 pesitos, fechado el 25 de agosto de 2023 y relacionado como “compras de papelería”. Empapelada en la que se van a meter con esta diferencia de 20.000 pesos a 27 millones y después 133. Una matemática muy generosa.
Los restantes recibos incluyen pagos realizados por otras personas, como un señor llamado Pablo Cajamarca Martínez a una lechonería por más de 700.000 pesos y el mismo candidato, Perico por tortas de queso por 2.600.000 pesos. Pero paremos en el señor Cajamarca un segundito.
Abro paréntesis. Gracias a la resolución 00672 del 21 de febrero de 2021, sabemos que el señor Pablo César Cajamarca Martínez, fue nombrado gerente del despacho del secretario de la Secretaría de Educación. Una corbata de la anterior Gobernación de Cundinamarca, manejada por Nicolás García Bustos. Y otro de los amigotes y aliados políticos del actual gobernador Jorge Emilio Rey y del señor Perico. Es decir, no era donante sino trabajador de la campaña. Rey de basto con presupuesto vasto. Cierro el paréntesis.
Y volvamos al dato más importante. La supuesta donante Karol Yurani Moreno Castro figuraba también como contratista de la campaña de Perico, lo que introduce una grave contradicción. Según los documentos disponibles en los archivos del CNE, Moreno Castro recibió pagos por servicios administrativos a través del Comprobante de Egreso No. 26, bajo el rubro de “gastos de administración”, por un valor de 2.000.000 pesos. Es decir, las inconsistencias van más allá de los soportes y como dicen por ahí, un Excel aguanta todo, incluido cambiar a una contratista de 2 millones y pasarla a una donante de 130.
Estos pagos, respaldados por cuentas de cobro y consignaciones a su nombre, demuestran que la señora no actuó como donante en especie, sino como una contratista remunerada por la campaña. Este hallazgo, desmonta completamente la narrativa de la donación y pone en evidencia un posible fraude diseñado para inflar los ingresos declarados y obtener reposiciones indebidas de gastos. Como dice el refrán mexicano, mico, perico y chile poblano, no lo cojas con la mano.
En términos más amplios, el informe de ingresos y gastos de la campaña de Perico exhibe un patrón de irregularidades profundas. Fuera de lo denunciado, se presentaron 47 facturas que no cumplen con los requisitos mínimos legales, como la inclusión de un NIT o el nombre del proveedor. En muchos casos, los soportes consisten en cotizaciones que no tienen validez contable o en recibos que se repiten entre diferentes ingresos registrados llenados a lápiz con la letra similar. Pericontabilidad electoral.
Estos elementos muestran que las irregularidades detectadas no son incidentales, sino que parecen parte de un esfuerzo deliberado por disfrazar los aportes de la campaña como donaciones ficticias a nombre de terceros y gastos que nunca existieron. Lo que podría configurar un presunto intento de engañar a las autoridades electorales.
De esta manera, al presentar información presuntamente falsa, el gerente de campaña, el contador y el propio candidato violaron presuntamente la normativa electoral, y buscaron obtener un beneficio indebido en la reposición de gastos por votos obtenidos. Con Perico, las platicas multiplico.
Lo más preocupante es el impacto que estas irregularidades tienen en el funcionamiento de Soacha, donde sus administradores necesitan entender que el poder no es un premio, una caja menor, una posibilidad de hacerse ricos, sino una responsabilidad. De lo contrario, nos quedamos con el perico, pero sin su jaula.
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