Por cuenta del protocolo, el pasado 20 de julio el país tuvo ante sus ojos, en vivo y en directo, una cruda imagen. Muy ilustrativa de la realidad política colombiana: el presidente Gustavo Petro, en la sede del Congreso, sentado en medio de los salientes presidentes del Senado, Iván Name (del partido Alianza Verde), y de la Cámara, Andrés Calle (del Partido Liberal).
Tres políticos en cargos de liderazgo, de distinto espectro ideológico, pero los tres en el ojo del huracán por cuenta del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), entidad de la que, según los testimonios entregados hasta ahora a la justicia, se sacó el dinero para pagarles a varios congresistas sus votos favorables a proyectos presentados por el Gobierno en la pasada legislatura. El mismo Petro hizo énfasis ese día en que la corrupción no tiene ideología.
Algunos medios de comunicación hicieron notar la ironía de esa imagen durante la instalación del nuevo período del Congreso y, por supuesto, fue noticia que el Primer Mandatario comenzara su intervención de más de una hora pidiendo perdón por lo ocurrido en la UNGRD cuando estaba en la dirección de esa entidad Olmedo López, un viejo amigo y aliado político suyo.
Pero más allá del desprestigio que ha significado ese hecho para el primer gobierno de izquierda que ha tenido Colombia, justamente porque prometió el fin del histórico saqueo a los recursos públicos, lo que esa imagen del 20 de julio nos puso de nuevo en evidencia es el nivel de cinismo que han alcanzado algunos políticos.
Y peor aún, la normalización que ha hecho la clase política en su conjunto del sistema transaccional –ilegal o ilegítimo, dependiendo del caso-- que aceita las operaciones de esa maquinaria llamada sector público y que por lo regular involucra votos, cargos y contratos.
Los congresistas Iván Name y Andrés Calle eran protagonistas de esa foto, porque, a pesar de haber sido los primeros mencionados ante la Fiscalía por la mano derecha de Olmedo López en la UNGRD y exsubdirector de esa entidad, Sneyder Pinilla, como receptores de varios miles de millones de pesos a cambio de votar proyectos del Gobierno, no tuvieron el decoro de apartarse de las presidencias del Senado y de la Cámara mientras transcurrían las investigaciones.
Según la versión del exsubdirector de la UNGRD, él le entregó 3.000 millones de pesos a Name en octubre del 2023, y a Calle, 1.000 millones de pesos.
Si bien esa información, como otras entregadas por los anteriores director y exsubdirector de la UNGRD a la justicia están apenas en la etapa de investigación, se trata de acusaciones muy graves formuladas por personas involucradas directamente en esa trama de corrupción.
Lo mínimo que debieron hacer Name y Calle fue renunciar a las presidencias en el Congreso. En cambio, como si nada estuviera pasando, durante los cinco meses que siguieron al destape del escándalo -en febrero pasado- se mantuvieron presidiendo las sesiones en el Senado y la Cámara. Ni ellos dieron un paso al costado ni sus compañeros congresistas se los exigieron mientras avanzaban las indagaciones.
Pero si Name y Calle, a lado y lado del presidente Petro el pasado 20 de julio componían una imagen patética, no menos patéticos y cínicos se vieron ese día algunos congresistas.
Varios de ellos, de la oposición al Gobierno e independientes, han pedido, con toda razón, la renuncia del ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, quien según las versiones de Olmedo López ante la justicia, le ordenó a él firmar tres contratos por 92.000 millones de para atender calamidades ficticias en tres municipios de Córdoba (Cotorra), Arauca (Saravena) y Bolívar (Carmen de Bolívar).
Pero a esos mismos congresistas de la oposición o independientes no los vimos en su momento pidiendo con igual firmeza las renuncias de Name y Calle a las presidencias del Congreso.
Tampoco los vimos pidiendo cuentas a otros siete compañeros del Congreso mencionados por los exdirectivos de la UNGRD como parte del entramado de corrupción. Seis de ellos como supuestos beneficiarios de los contratos por 92.000 millones de pesos. Dos del Partido Conservador: Wadith Manzur (de Córdoba) y Liliana Bitar (de Córdoba); dos del Partido Liberal: Juan Pablo Gallo (de Risaralda) y Julián Peinado (de Antioquia); uno de Alianza Verde, Juan Diego Muñoz (del Meta, que dejó la curul por razones distintas al escándalo), y la representante por Arauca de la Circunscripción Transitoria Especial de Paz, Karen Manrique. Un senador más de Córdoba, del Partido de la U, Julio Elías Chagui, ha sido salpicado en las declaraciones ante la justicia.
Esa es la solidaridad de cuerpo que suele invocarse en las corporaciones de elección popular, como lo comprobé durante mi período como concejala de Bogotá, lo cual traiciona a los ciudadanos que les dieron su voto y se termina convirtiendo en algo muy parecido a la complicidad.
Hacerse pasito entre ellos es lo que se impone, como parte de este perverso sistema transaccional que regula gran parte de las relaciones de los poderes público en Colombia.
Está en manos de la justicia comprobar o desechar las graves acusaciones contra el ministro Bonilla, nueve congresistas mencionados hasta ahora y otros altos funcionarios del Gobierno, pero resulta ofensivo para el país que los actores involucrados en el escándalo sigan actuando como si nada de esto estuviera pasado. Y como si los discursos que algunos de ellos siguen haciendo en la tribuna democrática por excelencia, el Congreso, tuvieran alguna legitimidad.
¿No se dan cuenta de lo que hacen, o son grandes cínicos a los que, de alguna manera, con nuestra indiferencia, estamos encubriendo?
