En los relatos sobre hombres lobo siempre hay un héroe que carga un revólver con una bala de plata. A último momento, cuando la dama en desgracia está a punto de ser devorada, un disparo certero acaba con la bestia maligna. Una solución sencilla, directa y eficaz. Ojalá todas las amenazas monstruosas que rondan al país, se pudiesen remediar así. Pero desafortunadamente eso solo pasa en las películas. El Gobierno le está apostando a una “bala de plata” para extirpar las organizaciones criminales.
Aunque Petro el político exponía con vehemencia “la necesidad de cambiar la actual política antinarcóticos que se construye sobre fumigación; interdicción y extradición” y reiteraba que la “fumigación aérea, interdicción aérea o marítima y extradición parecen fracasar.” Hoy Petro presidente ha cambiado radicalmente de opinión, por lo menos en un aspecto fundamental: la conveniencia de la interdicción. El actual Gobierno ha convertido esa herramienta en prácticamente el único componente realmente activo de la lucha contra las drogas. En enero del presente año, el presidente anunció al país que por ahí iba la cosa: “Por eso cambié la política antidrogas. No es fumigando y matando campesinos; es con la captura a los empresarios del narcotráfico y con una eficaz interdicción”, como se resuelve el problema.
Si se toma la actividad en Twitter como indicador de las prioridades del presidente, efectivamente se observa que los logros de la interdicción aérea, marítima y policial son motivo de frecuente celebración por parte del jefe del Estado. Una revisión de su cuenta arroja por lo menos treinta mensajes elogiando la interdicción, resaltando las toneladas capturadas, felicitando por operaciones y congratulándose del impacto de la retención y destrucción de drogas.
Cabe preguntarse por qué esa ferviente conversión del señor presidente a la religión de la interdicción cuando durante toda su vida política se mostró escéptico de esa herramienta. Hay varias razones que explican esa decisión. El presidente está en un dilema grande porque tiene que mostrar resultados contra el crimen organizado y simultáneamente no contradecir su compromiso de tolerancia a los cultivos ilícitos en manos de campesinos. Exaltando la estrategia de la interdicción, Petro pretende cambiar la métrica sobre la cual se mide la efectividad de la lucha contra las drogas. Hasta ahora la métrica había sido el área cultivada, con el nuevo enfoque es la cocaína incautada.
La interdicción por definición es una acción indirecta sobre las organizaciones criminales. Se trata de asfixiarlas mediante el entorpecimiento de los suministros básicos de procesamiento de la droga y, quizás mucho más importante, reducir los ingresos financieros con la captura y destrucción del producto terminado. Ya en el pasado se demostró que ese enfoque es limitado e insuficiente. No hay forma de que en una geografía como la colombiana se logren niveles de incautación de drogas que amenacen realmente la existencia y viabilidad financiera de las organizaciones criminales.
El registro que hace el presidente en Twitter arroja 76,35 toneladas de cocaína incautadas, que significan aproximadamente 347,5 kilos día, aunque imaginamos que no todas las operaciones pueden ser reveladas por esa vía. Las Fuerzas Militares anunciaron el día de ayer que en 2023 se han incautado 166 toneladas. El señor presidente divulgó recientemente que la interdicción hasta abril había logrado un promedio de 1.6 toneladas/día.
De allí se puede estimar que este año -si se mantiene ese promedio señalado por el presidente Petro- se incautarían 584 toneladas. Con una producción que llegará este año a un mínimo de 1.500 toneladas de cocaína procesada (pudiendo subir hasta 3.000 toneladas) es evidente que la estrategia de interdicción no puede generar por si sola un impacto particularmente devastador sobre las organizaciones criminales. Para darle perspectiva a esta conclusión vale la pena tener en cuenta que el International Narcotics Control Strategy Report del Departamento de Estado, emitido en marzo de 2023, señala que desde 2018 hasta hoy los esfuerzos bilaterales de interdicción conocidos como “Campaña Orión”, permitieron la incautación de 716 toneladas métricas de cocaína. Esto es en cinco años.
Adicionalmente, y este es un aspecto crucial, las organizaciones criminales tienen una capacidad instalada que utilizan de manera eficiente para crear una canasta de ingresos ilegales diferentes al tráfico de drogas. Están metidos en minería ilegal, en tráfico de personas, en extorsión, en contrabando, en lavado de dinero y en un sinfín de actividades ilícitas. Con razón la “Política de Seguridad, Defensa y Convivencia Ciudadana”, recientemente expedida por el Ministerio de Defensa, define a estas organizaciones como “multicrimen”. De allí que no es de esperarse que las organizaciones criminales se vean mortalmente afectadas por la interdicción de una fracción de sus ingresos.
De otra parte, la interdicción es funcional a la política de paz total. En un contexto de ceses al fuego dispersos que no impactan realmente a las economías ilícitas, la interdicción es el único camino posible para tratar de hacerles mella a dichas estructuras. Además, el Gobierno ha optado por tratar de someter a la justicia a las organizaciones criminales y no enfrentarlas directamente. La interdicción es siempre buena justificación para mostrar que algo se está haciendo para reducir su poder.
La interdicción es una bala de plata. En el mundo real de las organizaciones criminales, que están desangrando al país, la interdicción no pasa de ser una palmadita en la mano. Las cifras de incautación de drogas podrán servir para sacar pecho con los gringos y con los incautos, pero están lejos de demostrar un verdadero avance en la lucha contra el crimen organizado. En eso seguimos en cero.
Twitter: @gabrielsilvaluj
