La elección del nuevo magistrado de la Corte Constitucional fue una absoluta vergüenza. Todo el papelón empezó con la aparición de 103 votos en el Senado, cuando solo había 102 senadores presentes. Es decir, un “honorable” senador depositó un voto de más. El resultado: un empate de 50 votos para Claudia Dangond y 50 votos para Miguel Efraín Polo. En vez de verificar el asunto, para que el país pueda saber quién fue el senador corrupto que votó doble, y repetir la votación, las directivas del Senado decidieron aplazar el tema por un día, con todas las implicaciones en la legitimidad del proceso que eso tiene. Muchos ahora están acusando a alguien cercano al gobierno de haber entorpecido el proceso, pues al día siguiente las cosas cambiaron, ya que Miguel Polo fue elegido con 57 votos frente a 47 que obtuvo la profesora Dangond. No les falta razón, pues algo tiene que haber pasado; posiblemente algo les tuvieron que haber ofrecido, para que 3 senadores cambiaran de opinión en tan poco tiempo. Todo huele bastante raro.
Todo este bochornoso episodio se habría podido evitar con una simple cosa: que los votos de los senadores no sean secretos. No se entiende por qué, en lugar de ser una elección pública y transparente, no se sabe quién votó por quién. Si los senadores nos están representado, parte de la forma de exigirles, y de que estos rindan cuentas, es teniendo conocimiento de sus votos y decisiones. Solo conociendo lo que hacen, es que podemos castigarlos si no estamos de acuerdo o volver a votar por ellos si nos parece que lo están haciendo bien. Sin embargo, a hoy es difícil saber quién fue el senador que hizo trampa, e imposible conocer quiénes cambiaron de parecer y por quién voto cada uno de los miembros de la cámara alta del Congreso.
Todas estas irregularidades van a dar pie a distintas demandas que afectan la legitimidad del nuevo miembro de la Corte, y eventualmente de esta, que ha sido y sigue siendo la institución que ha frenado los abusos de poder y hacer que la democracia en Colombia, aunque imperfecta, siga existiendo. Y también les da argumentos a quienes se oponían a la elección de Polo, por considerarlo cercano al gobierno, para cuestionar su imparcialidad.
Ahora bien, aunque el proceso de elección en el Senado fue absolutamente reprochable, acusar al nuevo magistrado de ser una ficha del gobierno e insinuar que tuvo que ver en las irregularidades cometidas es ir demasiado lejos. No se puede negar que en efecto el gobierno apoyó a Polo, ya que lo prefería sobre los otros ternados. Pero eso no lo hace ser un magistrado de bolsillo. Primero, porque Polo ha trabajado con personas pertenecientes a varios sectores políticos. De hecho, fue parte de la unidad de trabajo legislativo de Vargas Lleras y de Rodrigo Lara. Además, fue magistrado auxiliar de un magistrado conservador, como lo fue Luis Guillermo Guerrero; de un magistrado de centro, que fue Alejandro Linares; y finalmente de Vladimir Fernández, que sí es cercano a Petro pues salió de la Casa de Nariño a la Corte. El hecho de que haya trabajado menos de un año con Fernández, que probablemente decidió seguir con él en el despacho por considerarlo como un profesional competente, no lo hace ser cercano al gobierno. Es bastante recurrente que los magistrados nuevos decidan continuar con los auxiliares que ya están en la Corte, pues la conocen y tienen la experiencia necesaria. Rodearse de estos, y no cambiarlos de un totazo, parece ser una buena estrategia para tener un buen y exitoso aterrizaje en esta corporación.
Por otro lado, decir que se “entregó la estabilidad de la Corte” y que ahora es del bolsillo del presidente es más que delirante. Petro solo ha ternado a uno de los nueve magistrados: Fernández. Y en lo que queda de su mandato salen 3 más: José Fernando Reyes, Diana Fajardo y Cristina Pardo. De esos, el presidente solo puede ternar al remplazo de Cristina Pardo, que fue ternada en su momento por Santos. A los otros dos los terna la Corte Suprema, en donde difícilmente podrá Petro influir en la persona que quede en la terna. Y así lo haga, puede que logre que quede el que más le guste, pero no que sea alguien cercano. Por tanto, aun asumiendo que Polo es un títere del gobierno, cosa que no creo, el presidente quedaría con máximo 3 magistrados cercanos al final de su mandato: Fernández, el remplazo de Pardo y Polo. Igualmente, varios de los magistrados cercanos a distintos gobiernos han mostrado que pueden ser independientes e imparciales, desde el momento en que se posesionan, respecto del presidente que los ternó y apoyó.
Así, la Corte está lejos de perder su independencia y de que se altere el equilibrio de poderes. No por esto debemos descuidar los procesos de elección de los magistrados que quedan. El fraude del Senado no se puede repetir, la votación debe ser pública y es importante que se nombren personas idóneas e independientes, y que tengan la altura para desempeñar un cargo tan importante para la estabilidad de nuestro Estado social de derecho. Sobre todo, es fundamental hacer un control fuerte en la próxima terna que presente el presidente, para no dejar que nos metan un gol como el de la cabeza de la Superintendencia de Industria y Comercio.
