Para el gobierno de Gustavo Petro, el único requisito para ocupar un cargo importante en la protección y el desarrollo del campo colombiano es no cumplir con los requisitos necesarios. Eso parece después del nombramiento de la gerente del Instituto Colombiano Agropecuario, ICA, Paula Andrea Cepeda, que se suma al escándalo de la designación, a las malas, de la Agencia de Desarrollo Rural, ya que ninguno de los dos funcionarios tiene la experiencia práctica para esos cargos.
Esta es la historia. El ICA es la piedra angular en la sanidad agropecuaria de Colombia que busca garantizar la prevención y control de plagas y enfermedades en la producción del país. Es una entidad que pasa imperceptible cuando no hay crisis, pero cuando las hay, es de las más relevantes, por la cantidad de efectos perversos que puede tener su mal funcionamiento técnico.
La salida de Juan Fernando Roa como director de esa institución, anunciada en agosto pasado por la ministra de Agricultura, Martha Carvajalino, generó preocupación por dos razones. La primera, porque en el cargo de gerente general encargada quedó la señora Cepeda, que no tiene el ancho de banda para esto. Se preguntarán por qué.
Aunque Cepeda es una ingeniera industrial de la Universidad Tecnológica de Colombia, especialista en gestión de proyectos de la UNAD y especialista en economía para ingenieros de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito, la verdad es que llegó al ICA gracias a la mano burocrática del gobernador de Boyacá, Carlos Amaya. Así como se oye estimado lector, y no me abra los ojos que no le voy a echar gotas.
Cepeda ocupaba el cargo de subgerente administrativa y financiera del ICA hasta agosto, y ahora maneja toda la institución en papel de encargada, pero el gobierno la quiere volver la permanente en el cargo de gerente general. Cepeda se queda.
La segunda razón por la que esto genera preocupación es porque, aunque esta entidad ha sufrido históricamente de presupuestos limitados, no se le ha reducido en los recientes recortes, lo cual le da mucha capacidad para seguir nombrando corbatas a los patronos de Boyacá. Recuerden estimados lectores que el poder de controlar una entidad de gobierno nacional consiste en controlar su presupuesto, nómina y capacidad de contratación. Y a buen amigo, buen abrigo. O buena ruana.
Así, en términos presupuestales, según el decreto 2295 del 29 de diciembre, el ICA recibió una asignación significativa para 2024, con más de 533.991 millones de pesos, distribuidos entre 231.627 millones para funcionamiento y 302.364 millones para inversión. El poder es para poder, como decía mi abuelita.
Dentro de los proyectos de inversión, se destacan 112.854 millones destinados a la protección animal, el mismo monto para la protección vegetal y 76.655 millones para el fortalecimiento de la capacidad de gestión del ICA. Es decir, mucha capacidad para contratar y, en especial, para mecatear la platica en cositas.
Por eso vamos al tema técnico, porque el diablo está en los tecnicismos de estas denuncias. Aunque la señora Paula Andrea Cepeda cuenta con un perfil académico amplio como dijimos anteriormente, su experiencia laboral, según registros oficiales, no cumple con los requisitos mínimos exigidos para el cargo de gerente general del ICA.
El manual de funciones establece que este puesto requiere siete años de experiencia profesional directamente relacionada con las funciones del cargo o, nueve años de experiencia profesional equivalente. Adicionalmente, se exige experiencia previa en la dirección o gerencia de entidades, preferiblemente con énfasis en el sector agropecuario.
Un análisis detallado de la hoja de vida de Cepeda, publicada el 3 de diciembre de 2024 en el portal de aspirantes de la Presidencia de la República, revela inconsistencias graves frente a los requisitos. Primero porque no cumple con los siete años de experiencia profesional relacionada ni con los nueve años de experiencia equivalente. Más preocupante aún, la experiencia laboral presentada carece de relación directa con las funciones agropecuarias, que son el núcleo del ICA. Pero el que no arriesga un huevo, no tiene un pollo, y el gobierno se arriesgó a romper el huevo.
Según los registros de SECOP 1, en 2017 y 2018 Cepeda desempeñó funciones de apoyo administrativo en la Gobernación de Boyacá bajo los contratos CD-GB-0100-2017 y CD-GB-0210-2018. Estos roles no eran directivos ni tenían relación con el sector agropecuario. Entre 2020 y 2022, ocupó cargos políticos y administrativos como secretaria de despacho en la Alcaldía de Paipa, asesora programática del Partido Alianza Verde y gerente de campaña al Senado. Su hoja de vida se podría titular: una constante corbata de Amaya.
Y ninguno de estos roles está relacionado con las funciones agropecuarias ni puede considerarse experiencia directiva. En 2022, asumió el cargo de gerente general en el Instituto de Fomento y Desarrollo de Boyacá, pero solo por ocho meses, un periodo insuficiente para acumular la experiencia mínima requerida.
Finalmente, en 2023 fue nombrada subgerente administrativa y financiera en el ICA, como ya dijimos, cargo que tampoco le otorga los meses necesarios ni la experiencia relacionada con la sanidad agropecuaria. En total, Cepeda no suma más de 35 meses en roles directivos, lejos de los 84 meses mínimos exigidos por la ley. Como diría mi profesor de penal, el mejor maestro, el tiempo; la mejor ciencia, la experiencia.
Pero si hay algo que este gobierno ha demostrado, es que cuando se trata de la norma o de la importancia de la experiencia, eso no parece tan importante, ya que tienen conocimiento de que su candidata no cumple con los requisitos.
Esta columna obtuvo copia de una denuncia presentada ante las autoridades que solicita una investigación exhaustiva para determinar cómo se permitió la designación de Cepeda como gerente general encargada del ICA, pese a su evidente incumplimiento de las exigencias del cargo. Les cuento el milagro, pero no el santo, queridos lectores.
Entre las irregularidades destacadas, se señala que los contratos y roles presentados en su hoja de vida fueron manipulados para aparentar el supuesto cumplimiento. Sin embargo, como ya dijimos, la revisión detallada de los objetos de los contratos y las funciones ejercidas demuestran que estas no guardan relación con las funciones del ICA. Como reza el dicho valenciano: mayo hortelano, mucha paja y poco grano.
Y una cosa es clara, la falta de experiencia y competencias específicas en la dirección de esa entidad puede tener consecuencias muy graves. Por varias razones, pero vamos con dos. Primera, porque con un presupuesto de más de 533.991 millones de pesos, la ausencia de un liderazgo técnico y estratégico podría resultar en un uso inadecuado de los recursos destinados a la protección agropecuaria.
Y dos. Con anuncios como el del pasado 2 de diciembre en donde se conoció que, en el municipio de Acandí, en el Chocó, se detectó un brote de influenza aviar altamente patógena en aves que se destinan para el consumo, denominada A(H5), la cosa se pone grave, urgente y preocupante.
Aunque existe un plan de contingencia para la atención de influenza aviar y se conformó un equipo de atención integrado por epidemiólogos, médicos veterinarios y técnicos pecuarios que se ha concentrado en la zona para iniciar las acciones de control y erradicación de la situación sanitaria detectada, el gran riesgo es la propagación de la enfermedad a otras zonas del país. Y el manejo de estas situaciones es técnico, no burocrático. El cura en su sermón diría: Dios amaba a los pájaros e inventó los árboles. Y el político en campaña diría que también amaba los pájaros, pero para desplumarlos en gobierno.
Ahora bien, Acandí, ubicado en el extremo norte de Chocó, no cuenta con conexión terrestre con el resto del país y su producción avícola está conformada exclusivamente por predios de traspatio, es decir, que las aves se crían en espacios únicos y sus productos se destinan para el autoconsumo en la zona. Esperemos que una golondrina clandestina no nos haga un verano malsano.
Lo preocupante es que los virus gripales de tipo A y B son los de mayor propagación. Los de tipo A afectan a personas y a animales y desde hace varios años son una prioridad para la Organización Mundial de la Salud ya que es suficiente recordar al H1N1, que era propio de los porcinos y que en 2009 se pasó a los humanos, propagándose alrededor del mundo y ahora es una gripe regular.
Por eso terminemos por donde empezamos. Y es estableciendo que el problema con entidades como el ICA es que es como el de los porteros de fútbol. Se les celebra de manera fugaz los goles que tapan, pero se les critica de manera profunda cuando los dejan entrar. Por eso, el requisito para tapar los goles es que sea un arquero que tenga las condiciones físicas, técnicas y emocionales para que sepa reaccionar de manera contundente en los momentos más cruciales.
De lo contrario es poner a tapar los penaltis para la clasificación del mundial a alguien que nunca ha usado los guantes, pero se le para en la cancha solo por ser cuota de un amigo del director técnico, en este caso del gobernador de Boyacá, el señor Carlos Amaya. Los goles podrían entrar solos. Y las consecuencias las podríamos ver y, más preocupante aún, sufrir, sentir y padecer.
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