El jefe del Departamento Nacional de Planeación cerró el 2024 con el anuncio de que el Gobierno se preparaba para presentar, en este 2025, una nueva reforma tributaria.
No se sabe qué tan seria es esta noticia. Se desconoce si el presidente Petro es de igual parecer. Pero tratándose de un alto funcionario del equipo económico, lo menos que hay que hacer es tomar con atención el anuncio. Que no lo hizo en copretérito, sino en declinación de futuro con todas las letras (no dijo “presentaríamos”, sino “presentaremos” una reforma tributaria para que los ricos paguen más, agregó).
Seis comentarios merecen este anuncio del jefe de Planeación Nacional:
- Como de costumbre en este Gobierno, nada está preparado y mucho menos redactado de lo que sería el contenido de dicha reforma. De algo tan serio y trascendental como es una reforma fiscal, lo menos que se espera es que ya debieran existir borradores y discusiones cuidadosas a nivel técnico. Nada de eso existe. La regla de conducta del gobierno Petro continúa: improvisación total.
- Para que una reforma tributaria tenga una mínima posibilidad de ser aprobada en 2025 –año en que se inician además los preparativos electorales en Colombia–, se requiere un acuerdo político que no existe a la fecha. El Gobierno no tiene mayorías –en realidad, nunca las ha tenido– para imponer sus puntos de vista en el Congreso. Si no se construye ese acuerdo, una nueva reforma tributaria seguiría la misma suerte que corrió la fallida reforma presentada en 2024. No porque los parlamentarios sean unos felones, como dijo Petro, sino porque simplemente el Gobierno no cuenta con mayorías para imponer a la brava sus iniciativas de reforma. Y mucho menos sobre algo tan trascendental como una tributaria.
- Hay un aspecto técnico que a menudo pasa inadvertido, pero que es importante. Las modificaciones a los impuestos de periodo como es el de la renta no pueden aplicarse sino al año siguiente en que son aprobadas, es decir, en este caso, en 2026, cuando ya será muy tarde para recaudar los fondos que se necesitan para sacar al país del embrollo fiscal monumental en que se encuentra.
- Así las cosas, el anuncio de una nueva reforma tributaria en 2025 resulta simplemente un disparate. Y la solución de los graves problemas fiscales por los que atraviesa el país, más que por los improvisados anuncios de nuevos impuestos, deben pasar por el arco de la austeridad, de la buena planeación y del orden fiscal, condiciones que tanto han faltado durante este Gobierno.
- El Gobierno en coro, empezando por el presidente de la República, ha resuelto señalar a la negativa congresional del proyecto de reforma anterior (la que buscaba nuevas rentas por 12 billones de pesos) como la causante de los dolores de cabeza fiscales y de caja que sufre el país. Acusación infundada. Los más serios centros de investigación académica coinciden en que el faltante para 2025 no es de 12 billones de pesos sino de 54 billones. Así lo afirma, por ejemplo, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF). De manera que si aun hipotéticamente se hubiera aprobado la fallida reforma tributaria, el desfinanciamiento de este año seguiría siendo enorme.
- La viceministra técnica del Ministerio de Hacienda y el director del presupuesto nacional han publicado un interesante documento que deja sin piso la repetida acusación gubernamental de que la causante de todos los males hacendísticos que sufre el país fue la caída de la reforma tributaria. Según estos autorizados autores, ubicados en el corazón del equipo económico del Gobierno, la causa de los problemas radica en inflexibilidades que denota la arquitectura de la regla fiscal, y ante todo, en la rigidez institucional para recortar el gasto público, pues el 88 por ciento del mismo es intangible por Constitución y ley. Es decir, no puede recortarse por decisión gubernamental. Según los autores que hemos citado, la clave va a estar en una buena ley de competencias que debe acompañar la entrada en vigor del acto legislativo que recientemente se aprobó para incrementar al 39,5 por ciento de los ingresos corrientes de la Nación las transferencias a los gobiernos regionales.
Hay que ponerse, pues, manos a la obra para lo que es probablemente el punto central de la agenda económica del año que se inicia: la ley de competencias del sistema general de participaciones. En vez de pensar ahora en nuevas y descabelladas reformas tributarias.
