Ayer, la ministra de las Culturas, las Artes y los Saberes, Yannai Kadamani, y su equipo legislativo, radicaron ante la Cámara de Representantes el proyecto de reforma a la Ley 397 o Ley General de Cultura, expedida en 1997. Esta ley, que por demás creó el Ministerio de Cultura en la administración de Ernesto Samper Pizano, había sido materia de discusión en varios de los comités programáticos que se hicieron para la campaña de Gustavo Petro a la Presidencia de la República, desde 2021.
Fueron decenas de reuniones concertadas por quienes habían hecho parte de la administración de la Bogotá Humana, y cientos y miles de gestores culturales que se organizaron en comités y asambleas para proponer armonizar una serie de aspectos que se habían quedado desuetos y anacrónicos para los tiempos que corren. Se preveía que, de triunfar el proyecto progresista, era necesario el reconocimiento de la interculturalidad colombiana de una manera más profunda y plausible, y no meramente decorativa, superficial o patrimonializable, según aquella idea de lo cultural que instauró el neoliberalismo desde los años ochenta, mediante la cual se crearon supuestas industrias del entretenimiento como un correlato de lo cultural, mientras que la visión antropológica se soslayaba con la idea de considerar que lo ancestral, los saberes, las artesanías, las lenguas y los imaginarios, entre otros, pertenecían al pasado; a un tiempo que ya había terminado y que correspondía clausurar encerrándolo en museos o volviéndolo una curiosidad para incautos.
Ese proceso inicial de reformulación de lo cultural quedó consignado en el Plan Quindenial de Cultura 2024-2038, que aprovechó las reuniones realizadas durante el pasado gobierno con casi 100.000 gestores culturales del país, para ponerlo a tono con el programa de Gobierno del Cambio. Dicho plan, que se puede consultar en el sitio web del Ministerio, además se abrió por primera vez a ser consultado y transformado por las ,diversas comunidades del país mediante consultas previas que se están surtiendo este año. Además de este plan, el segundo cambio estructural, que ocurre en este momento, es la organización y el robustecimiento del Ministerio, que había quedado en la inopia en el Gobierno de Iván Duque, cuando se hicieron verdaderos descalabros en su estructura organizacional. Para ello se realizaron estudios de cargos, con el fin de poder entregar, al finalizar este Gobierno, un ministerio que pueda responder, en cantidad y en calidad, a los desafíos tanto del plan como de la reforma que comenzará a cursar en el Congreso a partir de hoy. Con este estudio, este año se crearon casi 400 cargos de planta y para el próximo se planea un número similar, fortaleciendo así la estructura de entidades adscritas a esta cartera.
La tercera pata de este cambio propuesto, que dejará un destino mucho más claro y cierto para la administración del presupuesto y las políticas de las culturas, las artes y los saberes del país es, precisamente, esta reforma que se asumió desde la primera administración de Patricia Ariza, y en las sucesivas hasta hoy, con determinación y gran profesionalismo por parte de todas las direcciones, los dos viceministerios y los equipos administrativos y jurídicos, los cuales se reunieron, una vez más, con representantes de varios gremios de gestores, artesanos, sabedores y artistas para conciliar una reforma que será definitiva para un país que, como Colombia, es una verdadera potencia biocultural.
El proyecto no supone una derogación ni una sustitución de lo conseguido desde hace 28 años cuando se creó el ministerio, ni de las diversas leyes que siguen vigentes. Ninguna regulación o incentivo se verá afectado y, al contrario, se buscará fortalecer los instrumentos y las regulaciones existentes y el reequilibrio de los sectores en cuanto a estímulos y regulaciones para, por ejemplo, hacer extensivo a los demás sectores artísticos el beneficio de incentivos a la inversión en el cine.
Se trata de una reforma que tiene en cuenta el sistema financiero de todos los sectores y, por ello, se buscará activar el Fondo Cuenta de Cultura (Ley 2070 de 2020). También se tratan aspectos como facilitar procesos administrativos de las actuales leyes, como la Ley del Libro (98 de 1993); la Ley de Bibliotecas Públicas (1379 de 2010); la Ley del Cine (814 de 2003); la Ley de Filmación en Colombia (1556 de 2012); la Ley de Patrimonio Cultural (1185 de 2008); la Ley de Patrimonio Cultural Sumergido (1675 de 2013); la Ley de Espectáculos Públicos (1493 de 2011) y la Ley de Archivos (594 de 2000).
A pesar del empeño que han puesto los sectores más reaccionarios y conservadores de cierta hegemonía cultural del país, que insisten en absurdos como que la cultura no tiene ideología, y en difundir la idea de que este Gobierno y sus administraciones culturales hablan mucho y ejecutan poco, esta reforma, el plan y el fortalecimiento del propio Ministerio demuestran que el progresismo se tomó en serio la tarea de entender su momento para crear cambios estructurales y no seguir contribuyendo a la idea de que administrar es solo hacer eventos de propaganda o patrimonializar para que después todo quede en el olvido, o producir cifras ficticias como la manipulación que se hizo de la encuesta de lectura en 2017.
El reconocimiento de cultores, sabedores y gestores de las artes, las artesanías y los oficios creativos es un pilar del desarrollo cultural nacional, como dice la reforma, y reconoce a quienes han sido excluidos como actores de segunda categoría. Así mismo, se fortalecen condiciones para las artes, y se disminuyen cargas fiscales y de trámites de la Ley de Espectáculos Públicos, que pretenderá estimular la construcción, la adecuación, el mejoramiento y la dotación de la infraestructura en artes escénicas, mediante una contribución parafiscal. Otro tanto ocurrirá con las bibliotecas públicas, el sector editorial y los museos, que tendrán un lugar determinante para la construcción de una verdadera red nacional.
En cuanto al patrimonio se permitirá otorgar estímulos incluso a bienes no declarados formalmente como Bienes de Interés Cultural (BIC); se buscará la integración obligatoria de los Planes Especiales de Manejo (PEMP), arqueológicos y de salvaguardia en los planes de desarrollo territorial; habrá nuevos mecanismos de protección precautoria por hasta doce meses para bienes en riesgo; y se instalará un nuevo enfoque de interdependencia material, inmaterial y natural del patrimonio, para con ello tener una mayor flexibilidad y herramientas preventivas para proteger el patrimonio cultural y un enfoque integral y territorializado del patrimonio.
En cuanto a los estímulos, uno de los grandes debates que el país cultural tendrá que seguir dando, se extenderá el beneficio del 165 por ciento de deducción sobre la base gravable de renta para todos los campos; se fortalecerán las medidas para el fomento de la infraestructura cultural; habrá restricciones a la destinación de estímulos a productos de la inteligencia artificial; se fomentará el turismo cultural, y la posibilidad de que las entidades territoriales establezcan contribuciones especiales y temporales al sector hotelero que se beneficia con fiestas populares; se incluirá a las economías populares en la Cuenta Satélite de Cultura del Dane; se ampliarán las exenciones arancelarias para el intercambio cultural; habrá medidas de fortalecimiento de las bibliotecas públicas, como el registro nacional de bibliotecarios, siendo este requisito para ser vinculados; se crearán estímulos a los diferentes agentes del ecosistema del libro, como las librerías; se buscará fortalecer la formación artística y cultural; se dictarán normas de incentivo para las economías populares y las industrias creativas y culturales; habrá un aumento del incentivo para la inversión en patrimonio cultural y una mayor facilidad en contratación.
Una sociedad que siga mirando con arrogancia a sus culturas y saberes seguirá ciega creyendo que solos los saberes científicos, creados como verdades inalterables y arrogantes, tienen la clave para este momento de policrisis mundial. Ojalá no olviden esos físicos del apocalipsis que mientras llaman brujería y demagogia a los saberes y a las palabras, siguen contribuyendo al desmadre de un mundo que, ante “el descuido y el desprecio de las artes y las humanidades generan un peligro para nuestra calidad de vida y para la salud de nuestras democracias”, como escribe Martha Nussbaum.
