Helena Urán Bidegain
30 Enero 2023

Helena Urán Bidegain

Una vergüenza más para Colombia y un triunfo para la justicia

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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó, el día de ayer, que el Estado colombiano es responsable directo de los hechos atroces cometidos contra integrantes de la Unión Patriótica (UP).

Entre los años 1984 y 2006, miles de militantes de ese partido político, y sus familias, fueron víctimas de persecución, por parte de agentes del Estado; fueron ejecutados, desparecidos, sometidos a enjuiciamientos penales infundados, a atentados y amenazas, etcétera, en medio del silencio de gran parte de la sociedad.

Según la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) hablamos de 8.300 víctimas, de ellas 5.733 asesinadas o desaparecidas. Resulta incomprensible y aterrador que un exterminio de estas dimensiones no nos haya sacudido como país.  Es tan escandaloso que en el período transcurrido entre enero y septiembre de 1996 se produjo, cada dos días, el asesinato de un miembro de la Unión Patriótica en zonas donde habían logrado el mayor respaldo electoral. La persecución se dirigió especialmente a aquellos que habían sido elegidos para desempeñar cargos públicos y de esta manera ir debilitando su fuerza política. 

Es una vergüenza que como sociedad lleguemos a estos extremos de violencia, intolerancia e indiferencia. Esto es responsabilidad de todos y es un nuevo llamado para que la justicia del país actúe de una vez por todas, pues es allí donde los perpetradores encuentran, ya sea límites, o bien, las vías abiertas para seguir generando terror. 

Sea este el momento para dejar en claro que han sido las corrientes de derecha y extrema derecha las que, de manera brutal y cruel, han impuesto estas formas de vivir en el país. Es importante que seamos conscientes de ello, que entendamos que esas maneras de tramitar nuestras diferencias nos han llevado a la degradación y nos han quitado la dignidad como nación.

Ese mismo espíritu injusto y cruel es la matriz que explica cómo es que hechos tan perturbadores como los del genocidio de la UP, y varios más, nunca lleven a un duelo nacional para la reflexión y el rechazo; y también, que nunca se hayan expuesto abiertamente y de manera voluntaria las responsabilidades del Estado que ha tolerado estos actos criminales.

Es esta misma línea de políticas de gobiernos anteriores que han llevado a que Colombia sea conocida internacionalmente por ser un país en el que los ciudadanos sufren continuamente la violación de sus derechos humanos. Un día, el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica (Celag) presentaba al país en sus estadísticas como aquel en el que más número de muertos hubo durante las marchas sociales en América Latina; y al día siguiente, es decir ayer, la noticia de que el país fue condenado por la CIDH.  Esta no puede ser nuestra normalidad.

Todos aquellos que se oponen a los esfuerzos de paz y modernización de la democracia ¿no tienen suficiente para darse cuenta de que no podemos volver a esas políticas que han deshumanizado el país y de que es el momento de comprometernos con la construcción de una sociedad más tolerante y democrática?

Es hora de que la sociedad, en su conjunto, asuma su responsabilidad y el Estado actúe para que nadie más tenga que ir ante una Corte en la que Colombia sea señalada internacionalmente de lo que todos aquí conocemos, pero, inmaduros política y socialmente, nos hemos resistido a aceptar y cambiar. 

Las muertes y el dolor causado a los militantes de la Unión Patriótica tendrían que dolernos a todos, independientemente de si creemos o no en sus postulados; este genocidio es escandaloso y es hora de cambiar el país.

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