La Contraloría General de la República está usando convenios interadministrativos para ejecutar multimillonarios contratos a dedo y sin licitación. Esto por medio de entidades educativas públicas, mismas que subcontratan con una empresa privada que está entregando reportes y resultados escritos elaborados por medio de herramientas de inteligencia artificial. Así como se oye.
Esta es la historia y para contarla empecemos por la teoría para después pasar a la práctica. Una práctica oscura. En teoría, los contratos interadministrativos son aquellos que se celebran entre entidades públicas con el fin de cumplir sus funciones misionales, y los cuales representan una vía eficiente para la ejecución de recursos.
En la práctica, estos acuerdos se han convertido en una herramienta perfecta para disfrazar la contratación directa, evadir licitaciones públicas y canalizar recursos hacia intereses privados. Convenios interadmilucrativos se podría decir.
Este es el caso que nos presenta la conocida relación entre la Contraloría, la Universidad Nacional de Colombia, y la joven empresa privada Rotorr – Motor de Innovación. Caso que ahora también incluye a la Universidad de Antioquia. Vamos por partes.
La misión de la Contraloría General de la República, o CGR, es la fiscalización rigurosa y la eficiencia en el manejo de los recursos públicos. Esa es la promesa. No obstante, se han venido celebrando, en la misma entidad, millonarios convenios interadministrativos que, lejos de mejorar los procesos, han abierto las puertas a prácticas que dejan, por decir lo menos, profundos interrogantes.
Uno de los ejemplos más evidentes es una serie de convenios firmados entre la CGR y la Universidad Nacional de Colombia, en la que la entidad educativa no ejecutó directamente los trabajos pactados, sino que subcontrató a una empresa creada recientemente con la venia de antiguos directivos de la Universidad Nacional.
Para entender esto hay que ir más atrás. La Universidad Nacional de Colombia ha sido el foco de controversia significativa debido a la creación de empresas durante la administración de la exrectora Dolly Montoya.
Desde el año 2006, se establecieron 18 corporaciones vinculadas a la Universidad con el objetivo de tercerizar la contratación de la institución. Estas entidades, que manejan recursos públicos, han operado despertando preocupaciones en la comunidad académica. La más destacada recientemente es Rotorr - Motor de Innovación, fundada en marzo de 2023.
Esta situación hizo que la nueva rectoría le pusiera la lupa al tema y al respecto existe un informe preliminar en el que se identificaron seis reformas a los estatutos de Rotorr en los últimos meses. El actual rector de la Universidad Nacional, el señor Leopoldo Múnera, dejó claro que existen preocupaciones sobre la falta de control de la rectoría alrededor de esta y otra decena de corporaciones similares.
En especial porque la tercerización ha sido una estrategia utilizada para gestionar contratos dentro de la Universidad, pero muchos argumentan que esto ha llevado a una distorsión en el manejo de los recursos públicos, en donde la falta de transparencia en estos procesos ha alimentado la desconfianza en la gestión administrativa de la Universidad.
Pero eso enfoquémonos en Rotorr por un momento. Esta empresa tiene autonomía administrativa y financiera y se creó con un capital de 1.000 millones de pesos que salieron de la entidad educativa, la cual aportó 700 millones de pesos directamente, y del Fondo de Empleados Docentes de la Universidad Nacional, Fodun, salieron los otros 300 millones.
Según registros de la Cámara de Comercio de Bogotá, Rotorr se creó a través de un documento suscrito por la rectoría, la vicerrectoría de Investigación y el Fodun, y surgió como una entidad supuestamente destinada a fomentar la ciencia y la tecnología. Ahora bien, rápidamente se ha transformado en un vehículo para absorber los recursos provenientes de contratos públicos haciendo diferentes cosas, incluidos la organización de eventos para entidades.
Sigamos. En su primer año de operaciones, Rotorr logró asegurar contratos por un valor de 170.000 millones de pesos aproximadamente. Para poner tan solo un ejemplo, podemos mirar que esta compañía firmó convenios valorados en 90.000 millones de pesos con la Facultad de Minas de la Universidad Nacional sede Medellín, sin especificar el propósito de dichos acuerdos. Una mina de oro sería.
Otros casos incluyen el revelado por el diario El Tiempo, cuando Rotorr firmó el 12 de abril de 2024 un muy conveniente convenio interadministrativo, valga la redundancia, con la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscales del Ministerio de Hacienda por la bicoca de 25.200 millones de pesos. Este contrato fue entregado a dedo y lo mejor es que se comprometieron además vigencias futuras por 13.000 millones de pesos.
Así, una revisión en las plataformas Secop I y II, demuestra que, entre los múltiples acuerdos firmados por esta compañía, existen más de 15 que tienen que ver con temas de implantación de gobierno de datos, mejoras de gestión documental, nuevos modelos de evaluación estudiantil y soluciones de conectividad y seguridad informática. Interesante. Pero hay uno que llama la atención y es el que se firmó con la Defensoría del Pueblo por valor de 11.000 millones de pesos y en el que Rottor se convirtió en el operador de logística de eventos de esa entidad.
El objeto del contrato, firmado el 23 de febrero de 2024 y que irá hasta el 31 de diciembre de este año, textualmente señala que Rotorr tendrá a su cargo ser el operador logístico para llevar a cabo la organización y realización de los distintos eventos y actividades que deba desarrollar la Defensoría del Pueblo en el marco de las acciones encaminadas a cumplir con el plan estratégico institucional 2021-2024”. Super multidinámicos.
Todos esos contratos han suscitado cuestionamientos sobre la transparencia y la responsabilidad en el manejo de los multimillonarios recursos asignados. Por eso vamos al caso de la Contraloría que es por donde empezamos, ya que en este, el papel de Rotorr es una perfecta ilustración de cómo el sistema puede ser manipulado para generar beneficios privados bajo el amparo de la contratación pública. Me explico.
Como dijimos anteriormente, Rotorr fue constituida en marzo de 2023. Pues el 27 de junio de ese mismo año, en el marco del contrato interadministrativo No. 373 de 2023 derivado del convenio interadministrativo marco No. 370 de 2023, suscrito entre Contraloría y la Universidad Nacional de Colombia, se firmó una serie de acuerdos entre esas partes por 70.000 millones de pesos. La misma cifra que se perdió en el escándalo de Centros Poblados, para que tengamos una dimensión.
Posteriormente, el 12 de diciembre de 2023, la Universidad Nacional de Colombia y la empresa Rotorr – Motor de Innovación, suscribieron el convenio interadministrativo especial de cooperación de ciencia, tecnología e innovación, por medio de un contrato de fiducia mercantil elaborado por Fiduagraria. Tengo claro que se está poniendo técnico y aburridor el tema, pero les aseguro que también escandaloso, entonces no quiten el dedo del renglón.
Esa fiducia, se hizo para el contrato entre la Universidad Nacional de Colombia y la empresa Rotorr, que tiene como objeto “ejercer la gerencia integral, por su cuenta y riesgo, realizando la gestión técnica, administrativa, financiera, jurídica, y social para la ejecución del Contrato Interadministrativo Derivado No. CGR-1550-2023 suscrito entre la Contraloría General de la República y la Universidad Nacional de Colombia”. Como diría mi profesor de derecho penal: motor, pero de concusión.
De esta manera, 70.000 milloncitos de la platica de los colombianos pasaron de la Contraloría a la Universidad Nacional, gracias a un convenio interadministrativo entre dos entidades públicas, y de ahí a una empresa privada recién creada llamada Rotorr por medio de un contrato de fiducia.
Por eso miremos quién está detrás de esa empresa. Uno de los actores importantes es el presidente de Rotorr, Jaime Alonso Restrepo Carmona, misma persona que fue asesor de la Contraloría, y responsable de formular los proyectos de inversión financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Pero ese tema para otra columna. Por ahora sigamos en esta, ya que producto de esa misma consultoría con el señor Restrepo Carmona la Contraloría contrató con la Universidad Nacional. Qué tan conveniente. (Ver Anexo 5)
Y pese a prometer lo opuesto, para la ejecución de estos contratos, Rotorr contrató personal recién graduado sin mucha experiencia y no expertos que, según fuentes al interior de la misma Contraloría, se refleja en la calidad de los productos entregados por la compañía.
Aunque los reportes suministrados no son públicos, las mismas fuentes de la entidad han establecido que esos informes resultantes son meras formalidades, muchas veces copiados de internet. Incluso, y acá se pone bueno, se ha podido determinar que algunos de estos documentos fueron elaborados por herramientas de inteligencia artificial, por consiguiente, no tienen ningún valor para las instituciones públicas que los pagaron y la Contraloría los tiene archivados sin ninguna utilidad. Evidentemente la entidad dice lo contrario.
Y cuando todo este escándalo desatado en torno a Rotorr se conoció, la solución de la Contraloría fue sencilla: trasladar el problema. En la actualidad la Universidad de Antioquia se convirtió en el nuevo socio de la Contraloría, gracias al contrato interadministrativo No 407 de 2024 valorado en más de 54.000 millones de pesos, el cual tiene un objeto contractual muy similar que el acuerdo con la Universidad Nacional y, mejor aún, los productos son casi iguales.
Esto se puede explicar con otra similitud más importante, y es que, según las mismas fuentes, el modus operandi se mantuvo, ya que son los miembros de Rotorr los que van a las reuniones a discutir los detalles de ese contrato. Como decía mi abuelita, es como el esposo que llega a la casa y se encuentra a su mujer con otro en el sofá. Y en vez de enfrentar a su esposa, procede a vender el sofá.
Lo que más preocupa de este esquema es la falta de control real sobre los recursos públicos, ya que, bajo la figura de los convenios interadministrativos, se eluden los procesos de licitación y se canalizan fondos hacia entidades privadas sin la supervisión adecuada. Con esto se entrega dinero, mucho dinero, a corporaciones que, a pesar de estar vinculadas formalmente a universidades públicas, operan con la misma opacidad que cualquier empresa privada.
La pregunta es cómo la Contraloría permitió que esta figura de contratación, concebida originalmente para agilizar procesos entre entidades públicas, sea utilizada para beneficiar a particulares. La respuesta está contenida en la pregunta. Y aunque normal y misionalmente este es un tema que debería inspeccionar la Contraloría, elemental mi querido Watson, es una investigación que nunca va a pasar ya que ellos mismos están en la cama con Rotorr.
No olvidemos que un rotor es la parte giratoria de una máquina o de una turbina. De pronto la extra R en Rotorr es de Rapidito, por aquello de girar con mucha velocidad los recursos de los colombianos a los bolsillos de los privados. Todo con la paciente mirada y complicidad de la Contraloría y las universidades públicas. Jaque mate a las alma mater.
@yohirakerman; [email protected]
