Antes de que el presidente Gustavo Petro siga tensionando la relación con Estados Unidos al establecer que no recibirá ningún inmigrante esposado y por tanto está dispuesto a financiar una operación insostenible de enviar cruceros y aviones para recoger los inmigrantes ilegales, debería tomar medidas para lo que es un problema local.
La migración ilegal en Colombia ha alcanzado niveles alarmantes, convirtiendo al país en un territorio de tránsito y, en algunos casos, de destino. Informes recientes de la Fiscalía General de la Nación revelan la magnitud del problema, así como la participación de redes criminales que se lucran con la desesperación de miles de personas que buscan mejores oportunidades. Sin embargo, el manejo gubernamental ha sido errático, incapaz de responder con medidas efectivas y coordinadas.
Uno de los documentos clave en esta investigación es el informe OT 6568 N° 9-525468, que recoge datos sobre más de 300 noticias criminales desde 2020. Este informe destaca que Colombia es un corredor migratorio donde operan diversas organizaciones delictivas, facilitando el paso de ciudadanos de Haití, Nepal, India, China, Bangladés, Yemen, Iraq, Paquistán, Somalia, Nigeria, Ghana, Camerún, Cuba y República Dominicana. Estados fallidos y fallando.
Según las pesquisas, se han podido identificar 149 investigaciones activas sobre redes de tráfico de migrantes, con 128 casos en los que se evidencia control territorial por parte de estas organizaciones criminales que responden, en algunos casos, a intereses terroristas. Inhumano.
El método de investigación empleado incluyó el cruce de bases de datos y la recolección de evidencia a partir de registros oficiales, identificando rutas de tránsito críticas, como las que cruzan por Nariño, Cauca, Valle del Cauca, Risaralda, Caldas, Antioquia y Chocó. Apenas dos de las tres cordilleras que atraviesan a Colombia.
De esta manera se han identificado rutas específicas como la que parte desde Ipiales, en el departamento de Nariño, atraviesa Cali y Medellín, hasta Necoclí, donde los migrantes son transportados en lanchas a Capurganá y de ahí al vecino país de Panamá. Otra ruta relevante se inicia en Cúcuta y sigue hasta Bucaramanga y Bogotá, antes de dirigirse a Nariño para cruzar nuevamente a Ecuador. Como decía mi abuelita, barco parado no gana flete. Menos lancha ilegal.
En la investigación se expone la participación de empresas de transporte y hospedaje que facilitan las rutas de migración ilegal. Se señala que muchas de estas compañías, bajo la apariencia de legalidad, ofrecen ‘paquetes de viaje’ a los migrantes que incluyen transporte, hospedaje y documentación fraudulenta.
Entre las mencionadas se encuentran firmas como Transportes Martobon SAS, cuyos buses han sido inmovilizados por transportar migrantes sin documentación adecuada, y agencias de viaje como Viatena y Diamond Tours SAS, que han sido señaladas por facilitar la compra de tiquetes y la gestión de documentación falsa.
Evidentemente, en este triángulo de ilegalidad por parte de estas redes criminales no pueden faltar los documentos oficiales. Así se han identificado casos en los que migrantes reciben cédulas colombianas reales, expedidas con datos ficticios o alteraciones en registros civiles, para obtener documentos que les permitan moverse con mayor facilidad.
También se han encontrado redes que ofrecen pasaportes de terceros países a migrantes para eludir controles migratorios en Estados Unidos y Europa. En muchos casos, notarios y funcionarios corruptos facilitan estos trámites, permitiendo que las redes de tráfico de migrantes operen con impunidad y sofisticación.
Pero esta no es la única información que tiene la Fiscalía sobre esta problemática inhumana que el Gobierno ignora. El formato de extinción de dominio 202200073 presenta pruebas contundentes sobre la existencia de la organización criminal ‘Andariegos’, que opera en Medellín y Turbo, y que facilita la movilización de migrantes mediante transportes ilegales y falsificación de documentos.
Ahí la investigación identificó una estructura de 14 personas involucradas, junto con activos clave como el Hotel Luxton y varios vehículos utilizados para el traslado de migrantes ilegales. La Fiscalía logró establecer que esta organización usaba canales de envío de dinero para recibir pagos por sus servicios, muchas veces disfrazados como remesas familiares, lo que dificultaba su detección por parte de las autoridades.
El informe también revela que, desde el año 2021, se han identificado casos de migrantes fallecidos o desaparecidos en el proceso de tránsito por Colombia. Se documentó un caso en el Golfo de Urabá, donde un naufragio resultó en la muerte de varias personas, entre ellas una niña de seis años. De esa manera, se estima que al menos cuatro migrantes de cada diez que se someten a estas rutas pueden tener riesgos de muerte, puesto que los testimonios recolectados por las autoridades indican que los traficantes de personas exponen a sus víctimas a condiciones peligrosas sin ninguna garantía de seguridad. Viajes sin retorno.
Finalmente, según el informe, esas agencias ilegales en Colombia cobran sumas exorbitantes por lo que denominan “asesoría migratoria”, con promesas falsas de conseguir visas o estatus legal en otros países, dejando a los migrantes endeudados y vulnerables.
La falta de una respuesta eficaz por parte del Gobierno agrava la crisis. A pesar de la evidencia recolectada, las medidas adoptadas han sido insuficientes, y el problema sigue creciendo. Pero esto no es agenda del presidente Petro, ya que no le da pantalla internacional. Por eso vamos a ese conflicto.
El enfrentamiento de Estados Unidos con Colombia mostró cómo será la política exterior del presidente Donald Trump: sin reuniones en la sala de crisis, ni informes de políticas públicas, ni llamadas discretas para ‘desescalar’ una disputa con un aliado. Solo amenazas y contraamenazas. Pero también muestra lo que ha sido el manejo del presidente Petro de estas crisis internacionales que, sin reuniones en la sala de crisis, ni informes de políticas públicas, llamadas discretas para ‘desescalar’, termina como la Chimoltrufia, que, como dice una cosa, dice la otra. Gustavo del Ocho y su mediocre vecindad.
El manejo de Petro de este tema ha sido errático. Como dijo el ministro de Relaciones Exteriores de Napoleón Bonaparte, Charles Maurice de Talleyrand: fue peor que un crimen: fue una equivocación. En especial, porque su reclamo a la inhumana política de deportación del gobierno de Trump es legítimo, pero ha sido un fracaso porque no resuelve la situación de la gente que están deportando, sino que la está agravando. Fuera de eso, desconoce convenios vigentes sobre esos temas que existen entre ambos países antes de Trump y que existirán después de Trump y Petro.
Pero en especial demuestra que el conflicto por las deportaciones revela que el presidente de Estados Unidos subordina la relación con América Latina a sus prioridades locales, y evidencia que el presidente Petro ignora sus prioridades locales, por ir a cazar peleas en el exterior. Por eso es mejor atender las necesidades internas del tema de migración.
La provocación con la administración de Trump demuestra la debilidad de la diplomacia colombiana en la defensa de sus ciudadanos deportados, mientras que, en el ámbito interno, evidencia la falta de acción concreta que sigue dejando a miles de migrantes a merced de estas redes criminales.
Este fenómeno no es nuevo, precede la inacción de Petro y la salvajada de Trump y existirá después de ellos, lastimosamente. Esto porque su aumento exponencial en los últimos años pone en evidencia el fracaso de las políticas gubernamentales en materia de seguridad y derechos humanos.
Es evidente la necesidad de reforzar la cooperación con autoridades de otros países para desmantelar estas redes criminales. Fortalecer la investigación en torno a las supuestas agencias de viajes, empresas de transporte y estructuras criminales que facilitan la migración ilegal, mejorar los mecanismos de control en las fronteras y establecer protocolos de protección para los migrantes en tránsito. De lo contrario, Colombia seguirá siendo un territorio de paso para una crisis humanitaria y diplomática que está aquí para quedarse.
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