Se nota el desespero del Gobierno con la situación fiscal que cada día que pasa se sale más y más de control. Se le ve muy preocupado –sobre todo el ministro de hacienda–, pero no hacen mayor cosa para tranquilizar las aguas.
Lo que viene sucediendo con los anuncios de la reforma tributaria es patético y aleccionador. Primero dijo el ministro que no había ambiente político para una nueva reforma tributaria en 2025. Inmediatamente, Petro lo contradijo anunciando que sí la habría, a lo que debió plegarse el ministro Guevara en una primera instancia. Pero esta semana, ante la evidencia de que no hay ni tiempo ni votos para impulsarla, volvió a la realidad. Y reconoció que en 2025 era muy improbable que hubiera una nueva reforma tributaria. Se conforma con los 3 billones de pesos de los tributos que se recaudarán para la conmoción interior del Catatumbo.
Pero claro: tantas vueltas y revueltas en materia tributaria, tantas idas y venidas, son pésimos mensajes para una comunidad internacional cada vez más incrédula en la seriedad y en la sostenibilidad de la política fiscal. No en vano, la agencia Fitch Ratings colocó nuevos signos de escepticismo a la política económica de Colombia esta semana.
Veamos un momento las grandes cifras. Según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF), se necesitan cerca de 49 billones de pesos de 2025 para siquiera acercarse al cumplimiento de la regla fiscal. Además, según el análisis de este prestigioso comité, el cumplimiento de la regla en 2024 fue apenas cosa de maquillaje, pues se contabilizó como “hecho de una sola vez”, algo que no lo era, a saber, la caída estrepitosa que traen los recaudos de impuestos.
O sea, es casi ineludible que la regla fiscal se incumplirá este año. ¿De dónde van a salir 49 billones de nuevas rentas si hasta la ya incierta posibilidad de una nueva reforma tributaria se ha descartado con realismo por parte del ministro de Hacienda?
¿Cuáles serán las consecuencias para el país con este incumplimiento en un momento en el que ya Colombia paga las más altas primas de riesgo de la región por su endeudamiento? Este factor ha sido destacado por Fitch en la baja calificación que nos asignó esta semana.
Y, mientras tanto, siguen acumulándose montañas de deudas que el Gobierno no honra. No le paga a las universidades, al Icetex, a los contratistas de obras públicas, a las empresas eléctricas que transfieren subsidios a los estratos 1,2 y 3. Tampoco paga a quienes les congelaron los peajes, ni a la salud. En fin, la lista es interminable. Ya esta semana, un juez decretó el embargo preventivo por deudas impagadas a las empresas encargadas de transferir los subsidios eléctricos. Mal preámbulo de lo que puede venir en adelante.
Y el horizonte no es tampoco alentador. Según un estudio divulgado por la Andi, el costo de la reforma de la salud –que entra a discusión en el Senado– es de 141 billones de pesos para un horizonte de 10 años. Costos altísimos tienen también la moribunda reforma laboral, la educativa y la pensional. Pero el Gobierno se niega obstinadamente a presentar el aval de los costos oficiales y la certificación de la sostenibilidad de estas reformas. Como lo exige la ley.
Todas estas reformas sin aval del Ministerio de Hacienda que el Gobierno está empeñado en sacar con fórceps y mermelada nacen con el pecado original de no haber puesto sobre la mesa de los legisladores una información fidedigna sobre sus costos, como es obligación legal hacerlo. Después, si las reformas se caen por carencia de estos avales, que no se sorprenda nadie si la Corte las encuentra inexequibles al momento de revisarlas.
Muchas vueltas y revueltas en anuncios fiscales. Pero muy pocos correctivos y el tiempo corren entre tanto. El Gobierno, además de hablar, se ha limitado a decretar –tanto el año pasado como dice que lo va a hacer en este– “aplazamientos” en los programas de gastos. Pero no “recortes”.
Ante una situación fiscal tan deteriorada como la que estamos viviendo, los aplazamientos no bastan: tiene que efectuar recortes presupuestales efectivos.
De lo contrario –si el Gobierno no lo hace o no se atreve a hacerlo– será el mercado el que a la postre se encargará de hacerlo con consecuencias mucho más dolorosas para la ciudadanía.
