
Al presidente Gustavo Petro le gustan las propuestas grandilocuentes. En casi todos sus discursos propone grandes transformaciones ecológicas, sociales y de infraestructura que, de realizarse en cuatro años, convertirían a Colombia, “el país de la belleza”, en una suerte de paraíso nunca visto en la tierra. A veces son solo frases “poéticas” que adornan sus discursos internacionales, como “expandir el virus de la vida por las estrellas del universo”, otras son simples salidas efectistas que generan entusiasmos momentáneos, como el proyecto que “arranca en el puerto de Buenaventura, en el Pacífico, y a través de un tren elevado, moderno y eléctrico, vincula Buenaventura con los puertos del Caribe”, y hay también algunas que no solo sí se pueden cumplir en cuatro años, sino que son consecuentes con las ideas que Petro dice defender.
El 11 de agosto de 2022, días después de su posesión presidencial, el presidente Petro habló de ampliar la legalización del cannabis. Dijo: "Hablemos: ¿qué pasa si se legaliza el cannabis en Colombia sin licencias? Como sembrar maíz, como sembrar papa". Lo acompañaban en el escenario algunos alcaldes del Litoral Pacífico -donde hay amplias zonas en las que cultivan marihuana- que por supuesto aplaudieron la sensatez de la propuesta. No sería la última vez que el presidente hablaría de este asunto, que en Colombia ya tiene una regulación desde 2016 cuando se legalizó el cannabis medicinal. En aquel momento, varias compañías locales y extranjeras recibieron licencias para producir y exportar cannabis y algunos optimistas creyeron que el país tenía una oportunidad maravillosa para aprovechar un mercado aún inexplorado.
Ocho años después, aquella ley que fue novedosa (solo cuatro países tenían una regulación para cannabis medicinal, ya hay casi 50 que la tienen) ahora es obsoleta. No solo eso, de las miles de empresas que se crearon en aquel momento, solo quedan unas pocas que han logrado sobrevivir a la inmovilidad estatal. De tres mil licencias para cultivar cannabis psicoactivo, cannabis no psicoactivo y para fabricar derivados, apenas hay diez que están exportando. Muchos de ellos, después de la victoria del presidente Petro, pensaron que el futuro era prometedor. Lo que ha ocurrido, sin embargo, es lo contrario.
Julián Wilches, cofundador y director de asuntos regulatorios de Clever Leaves, y quien también fue director de Política contra las Drogas del Ministerio de Justicia, le dijo a esta columna “el gobierno anterior, el de Duque, dio pasos en la dirección correcta. El gobierno actual no ha dado un solo paso para aliviar el dolor de los pacientes en Colombia”. El gobierno de derechas, conservador y fiel seguidor de la fracasada doctrina de la guerra contra las drogas, permitió la exportación de flor de cannabis. Mientras, el del Petro progresista y profeta del fracaso de la prohibición, no ha movido una sola hoja.
Wilches explica que la ley de 2016 tenía un objetivo primordial: garantizar el acceso de los pacientes colombianos a los beneficios medicinales del cannabis. Esto no pasó. “Lo cierto es que el acceso es muy limitado, y por eso casi todo se exporta, principalmente a Brasil, Israel y Australia”. Este es el problema fundamental, y era lo que el presidente Petro y su gobierno debían atender. Expliquemos. En casi todos los países del mundo se le puede dispensar el cannabis medicinal al paciente sin necesidad de un registro sanitario. Es decir, explica Wilches, “se reconoce que tiene usos médicos, pero no es un medicamento, hay otros países donde sí se requiere un registro, pero sin estudios clínicos de soporte, como por ejemplo Brasil”. Acá, en cambio, sí se requiere el registro sanitario, y eso complica toda la ecuación porque requeriría gastarse miles de millones de pesos en estudios clínicos que ningún otro país del mundo exige. Así, en Colombia, es casi imposible que a un paciente con un trastorno de sueño o con algún tipo de epilepsia, le receten cannabis.
Para hacer realidad las palabras del presidente Petro el 11 de agosto de 2022, el gobierno debería hacer dos cosas que no ha hecho, por falta de voluntad política y de orden: que se permita prescribir la flor seca, que ya se prescribe en casi todos los países del mundo, y que se permita el registro de productos bajo una categoría que no implique hacer estudios clínicos, especialmente para algunas patologías que involucran el sistema nervioso central. Nada de esto, que los productores de cannabis en Colombia siguen esperando mientras agonizan, requiere pasar por el Congreso. Lo único que el gobierno tiene que hacer, a través de la Dirección de Medicamentos del Ministerio de Salud, es publicar un decreto corrigiendo estos fallos.
No hay excusas, ni golpes blandos que valgan.
